El PSOE de Andalucía ha registrado una proposición de ley en el Parlamento de Andalucía para "blindar" las ratios escolares en las escuelas públicas andaluzas, proteger la figura del alumnado con necesidades educativas especiales, la contratación de 13.000 docentes más para el curso 2029-2030, blindar la educación pública en el ámbito rural en Andalucía y la simplificación administrativa para el profesorado.
Varias decenas de madres y padres, así como representates sindicales y asociaciones educativas, como UGT, CCOO, Ustea, CSIF, ANPE, Asadian, Asadipre o AAEECO han acompañado a la portavoz parlamentaria, María Márquez, en la presentación de esta ley, lo que ha provocado que el Partido Socialista de Andalucía haya tenido que realizar la habitual rueda de prensa fuera de la sala de prensa y trasladarse a las puertas de la Cámara andaluza.
El propósito de la norma es modificar la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía para establecer cinco líneas estratégicas y que "refuerce los compromisos de Andalucía con una educación inclusiva, equitativa y de calidad". Ahora, tendrá que pasar por el trámite parlamentario para su entrada en vigor. Ante ello, Márquez ha advertido a Moreno Bonilla que cuenta con el respaldo ciudadano y del sector educativo en esta proposición de ley y, de votar en contra, "el que se está equivocando es él".
Según el Observatorio de la Educación de Andalucía, en 2024 la ratio media por aula en Primaria era de 20,2 alumnos y en Secundaria de 26,4, situándose por encima de la media del resto de comunidades.
La primera medida que establece la modificación de Ley que ha registrado Márquez es la de blindar la ratio y reducirla hasta un máximo establecido de 18 alumnos por aula en Infantil, 23 alumnos por aula en Secundaria y 27 alumnos por aula en Bachillerato. Además, en la ley se establece que en las aulas en las que se escolarice alumnado con necesidades especiales (ACNEE), la ratio máxima será de 15 alumnos/as, garantizando la consejería competente los recursos personales y materiales necesarios para asegurar la atención inclusiva.
Además, la ley también recoge la 'hoja de ruta' para implementar estas medidas en la escuela pública andaluza, que deben empezar progresivamente en el curso 2026-2027 hasta que en el curso citado previamente, el 2029-2030 estén totalmente establecidas. Márquez ha asegurado que ante la bajada de la natalidad la "solución no está en eliminar 2.700 aulas sino en bajar la ratio y garantizar la calidad de la educación en nuestras aulas".
Educación inclusiva
La portavoz parlamentaria socialista ha hecho especial hincapié en el 'cuidado' que esta ley tendrá con los niños y niñas con necesidades educativas especiales en Andalucía y con los trabajadores que les atienden. "Nosotros no queremos a niños metidos en aulas aislados, encapsulados, al margen de la dinámica de los colegios. Queremos aulas inclusivas y queremos que por ley se blinden los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras que trabajan con niños con necesidades educativas especiales".
En este sentido, la proposición de ley se establece la ratio máxima de unidades específicas de educación especial, tanto en centros ordinarios como específicos, donde el número por aula será: en aulas de discapacidad intelectual un máximo de 5, discapacidad visual 5, discapacidad motora 5, trastorno del espectro del autismo (TEA) 3, trastornos graves de conducta o salud mental 3, discapacidad múltiple 4, unidades mixtas 5 y programas de transición a la vida adulta y laboral 5.
Asimismo, reclaman la presencia de un pedagogo terapéutico y de adición y lenguaje por cada 12 alumnos con NEAE, la reducción de la ratio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales a un profesional por cada 8 alumnos, la asignación de un profesional técnico de integración social (PTIS) por cada aula específica con una ratio máxima de 2 alumnos y la incorporación de un orientador escolar por cada 250 alumnos/as. Más personal complementario que deberá dotar la consejería como enfermería, fisioterapeuta o educador social.
"Por la defensa de los derechos de los docentes que tienen que cuidar y enseñar a nuestros niños, por el derecho de esos niños y de esas familias, especialmente esas madres y esos padres que llevan y que pelean tanto por los derechos de sus hijos y, por supuesto, también por el resto de niños y de niñas, para que accedan a una educación pública en igualdad, de calidad e inclusiva", ha remarcado la portavoz.
Educación en el ámbito rural, FP y simplificación administrativa
"Nuestra tierra es una tierra llena de pueblos, llena de vida y no tiene ningún sentido que se cierren aulas en las zonas rurales. Nosotros queremos que por ley se blinde el derecho a la educación pública en las zonas rurales", ha espetado Márquez.
Así, el PSOE-A quiere blindar en la ley las aulas de titularidad pública en las zonas rurales, "evitando, en todo caso, el cierre de unidades que pueda afectar al equilibrio territorial, a la cohesión social y a la igualdad en el acceso a la educación", dispone el texto de la norma.
En cuanto a la Formación Profesional, en Andalucía ha experimentado un crecimiento exponencial de más del 70% en Grado Medio y más del 300% en Grado Superior en los últimos años, según desprende la ley socialista, sin que ello se haya traducido en una "oferta suficiente de plazas públicas ni en la reducción de ratios, lo que provoca la desigualdad de accesos y empuja a miles de familias hacia la oferta privada".
Ante esto, la proposición de ley del PSOE-A: blinda la ratio en los centros públicos a 20 alumnos por grupo; en ciclos de carácter sanitario, industrial, tecnológico o de alta carga práctica, la ratio se reducirá a 15 alumnos/as; y la consejería tendrá que "garantizar" la creación de plazas públicas suficientes en sectores estratégicos de la economía andaluza, evitando la dependencia de la oferta privada.
Y, por último, Márquez también ha prometido que una de las "principales quejas" del cuerpo docentes es el tiempo que pasan ocupándose de trámites administrativos, "más tiempo encerrados en los despachos haciendo papeles que en las aulas enseñando a los niños y niñas". En ese sentido, la proposición de ley garantiza la aprobación en un plazo de seis meses una vez entre en vigor esta ley, un Plan Andaluz de Simplificación Adminsitrativa en Educación, con el objetivo de "reducir la carga burocrática del profesorado y liberar tiempo para la preparación de clases, tutoría, coordinación e innovación pedagógica".
