“La caza en España, y muy particularmente en Andalucía, constituye una práctica ancestral, de impulsos atávicos de comunión con la naturaleza, que actualmente está regulada por multitud de normas legales y administrativas que definen el espacio cinegético, los periodos hábiles, las especies cazables, los requisitos de sus practicantes, el control de las armas y de los animales auxiliares, además de las medidas conservacionistas y los principios éticos inherentes a la práctica cinegética responsable y sostenible”.
Son algunos de los argumentos de Vox para sustentar la singular iniciativa registrada hoy en el Parlamento de Andalucía: una proposición no de ley (PNL) para que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar “los trámites necesarios para declarar todas la modalidades de caza mayor y menor practicadas en Andalucía como Bien de Interés Cultural y a proceder a su inscripción como tal en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía”.
La iniciativa parlamentaria se presenta como una “defensa ante los ataques que está sufriendo la caza”, por lo que “desde la administración andaluza debemos reconocerla formalmente como actividad recreativa de amplia base social, con funciones asociativas, patrimoniales, ecológicas, culturales y de sostenibilidad del medio rural”.
Entre esos ataques, Vox cita que recientemente “el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España ha emitido una propuesta de capturas cero para la Tórtola Europea esta temporada, que se reflejará en la Orden de Vedas de Andalucía 2021/22 cuya publicación es inminente”. Esta decisión supone, según Vox, “que la tórtola no podrá cazarse esta temporada pese a que no existe documentación oficial y concluyente que justifique una moratoria o cupo cero de capturas. De hecho, en Portugal sí podrá cazarse; lo que demuestra que se trata de una decisión puramente ideológica de un Ministerio plegado a los dictados ecologistas”.
También argumenta Vox que “desde el Comité NADEG de la Comisión Europea, se ha iniciado el proceso para intentar prohibir la caza de la perdiz roja y otras especies cinegéticas que han sido incluidas dentro del listado de aves que se encuentran en un estado amenazado. En este listado, se incluyen especies como la perdiz roja, el avefría, el ánade rabudo, el porrón europeo y el porrón moñudo, y se pretende limitar o prohibir su caza como única solución para mejorar su estado de conservación, sin tener en cuenta otras medidas para mejorar su hábitat, y a pesar de que precisamente esa pérdida de hábitat es la principal causa de regresión de estas especies”.
Considera la ultraderecha española que “esta deriva prohibicionista que están tomando las administraciones española y europea se debe a la creciente influencia, especialmente en el mundo urbano, de las posiciones ecologistas y animalistas que estigmatizan la caza a partir de tópicos y estereotipos que amplifican sus expresiones más negativas, obviando intencionalmente la referencia a sus dimensiones demográficas, socioeconómicas, ecológicas y culturales”.
En este sentido denuncia que “la sublimación de la naturaleza mediante la quimera de la auto-regulación de sus ciclos ecológicos y la equiparación de los derechos de los animales sintientes a los de la especie humana son dos ideas-fuerza que se incorporan a los relatos de los colectivos anti-caza y que se aceptan acríticamente por sectores sociales que, en su mayor parte, desconocen la problemática del mundo rural y lo infravaloran como lo tradicional o lo arcaico, en una perspectiva perdedora respecto a la modernidad y la civilidad de los espacios urbanos”.
La formación ultra recuerda que la caza genera en España un beneficio de 6.475 millones de euros con un retorno fiscal de 614 millones y que en Andalucía hay más de 256.000 cazadores con licencia que generan unos 45.000 empleos. Además, los cotos y espacios naturales dedicados a la actividad cinegética en nuestra región superan los 7.500.
También recuerda el partido que “más allá del impacto económico, que también contribuye al arraigo poblacional en zonas rurales amenazadas por la despoblación, la gestión cinegética supone un control de la sobrepoblación de las especies y de las enfermedades que las afecta así como el cuidado, la gestión y el mantenimiento del medio natural”.
