El hecho de la juez del caso lo haya mandado a prisión parece indicar que las pruebas de corrupción que pesan sobre el ya exvicepresidente de la Diputación de Almería, gobernada por el PP, deben de ser bastante convincentes.  

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el exvicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Almería Óscar Liria tras su presunta implicación en el caso que investiga la supuesta adquisición irregular mascarillas y otro material sanitario frente a la covid-19 mediante un contrato de más de dos millones de euros, informa Europa Press.

Tras habérselo reclamado toda la oposición, el presidente de la corporación provincial, Aurealiano García, explicó ayer que tomaba la "difícil decisión" por "responsabilidad, transparencia y en defensa de la institución pública que vela por los intereses de los 103 municipios". Su deseo es que, "cuanto antes, se esclarezca todo lo relacionado con esta investigación y que Óscar Liria pueda centrarse en su defensa mientras dure este procedimiento". 

Esta operación, bautizada como Lúa, se inició a principios del 2020 siguiendo los pasos de un empresario residente en Barcelona beneficiario de las adjudicaciones investigadas entre las que se encuentran el contrato de suministro de material sanitario en plena crisis del covid-19 por parte de la Diputación de Almería, cuya adjudicación "habría pagado comisiones a un cargo público", según desveló la Guardia Civil.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la magistrada mantiene abierto el procedimiento delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, contra la administración pública, lo que ha dado lugar a 13 detenidos desde el pasado martes a los que se ha tomado declaración entre este jueves y la madrugada del viernes.

Además, en el marco de la operación 'Lúa' desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han practicado entradas y registros, los últimos de ellos en Valencia, aunque también en otras provincias como Barcelona, Gerona, Murcia y Palma de Mallorca. En el caso de Almería, la actuación policial se practicó en la vivienda del diputado provincial y en dependencias de la Diputación.

Junto con Liria, otros dos de los detenidos han ingresado también en prisión por orden de la juez, si bien fue para los únicos que la Fiscalía solicitó prisión. Los otros diez detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias quincenales en el juzgado.

En la mañana de este mismo viernes la Diputación ha convocado un pleno extraordinario y urgente para dar cuenta del requerimiento del juzgado, su cumplimiento y la reestructuración que el presidente ha llevado a cabo de su equipo de gobierno.

Un año y medio de investigación

Según un comunicado de la Guardia Civil, la investigación se inició a principios del año 2020, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal afincada en Cataluña y dedicada al tráfico de drogas, "a la cual está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas".

La Guardia Civil subrayó que se trata de la "primera vez que se detecta un caso de adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo del covid-19". Fuentes de la investigación apuntan que el contrato tiene un valor aproximado de dos millones de euros.

La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Cuenta también con el apoyo de EUROPOL para llevar a cabo una veintena de registros domiciliarios y de sedes sociales, así como diferentes requerimientos de información a sociedades relacionadas con la investigación.

Los agentes tenían el mandato de bloquear e intervenir diferentes productos bancarios y bienes muebles e inmuebles dentro de un amplio despliegue requerido para la operación policial, bautizada como 'operación Lúa'.