Este miércoles el Parlamento de Andalucía debatirá la toma en consideración de la Proposición de ley que deriva de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que asociaciones sanitarias, Mareas Blancas y ciudadanos impulsaron el pasado septiembre con el respaldo de más de 57.000 firmantes. El objetivo de dicha iniciativa es "blindar el sistema sanitario público de Andalucía" y "garantizar la participación ciudadana" en el mismo.
Moreno Bonilla y su consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tendrán que enfrentarse en la sede parlamentaria andaluza a la toma en consideración de esta iniciativa que pone en entredicho el discurso del gobierno popular al frente de la Administración andaluza, donde no para de repetir que Andalucía está ante los mejores niveles sanitarios de la historia de Andalucía -con mayor inversión histórica mediante- pese a que la sensación ciudadana sea peor que nunca, según se desprende del barómetro ciudadano elaborado por el Centro de Estudios Andaluces (Centra).
Los partidos de la oposición, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, ya estuvieron presentes el día que las Mareas Blancas y colectivos sanitarios presentaron las casi 60.000 firmas e iniciaron una marcha hacia San Telmo para advertir al presidente andaluz del descontento ciudadano con el sistema sanitario público. Ahora, falta comprobar cuál será el voto que emitirá el Gobierno andaluz frente a una iniciativa que será defendida por Sebastián Recio, portavoz de Mareas Blancas andaluzas.
Además, la tramitación de esta ILP ha coincidido en el tiempo con el que puede ser dos de los mayores escándalos de los últimos lustros en Andalucía, la crisis de los cribados de cáncer de mama y el inicio del juicio al SAS por los contratos de emergencias durante los años posteriores de la pandemia. En el primer caso, el fallo en el sistema de avisos a mujeres andaluzas que, según Amama, habría provocado la muerte de varias muejeres, según han podido confirmar desde la Asociación, ha supuesto un coste político -cese de Rocío Hernández- y de reformas al Gobierno andaluz. Además, el Gobierno del PP ha iniciado un enfrentamiento con Amama, la asociación que lidera la lucha de las mujeres andaluzas contra estos fallos del cribado.
Por otro lado, el inicio de un recorrido judicial por los casos de los contratos de emergencias, que han supuesto un coste de, al menos, 234 millones a las arcas públicas aún está por dirimir en los juzgados de Sevilla, donde están llamados a declarar en calidad de investigados los tres últimos gerentes del SAS, incluida la actual gerente, Valle García. Esta imagen supone una clara revocación del modelo sanitario establecido por el PP, aunque desde el Gobierno andaluz han descartado ningún temor a que se abra este proceso judicial porque "no hay nada que esconder".
Modificar la Ley
La ILP, que fue respaldadapor 57.509 personas, lo que presentaba es una nueva legalidad para modificar la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, encaminada a poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la Administración sobre la Sanidad Pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado.
Principalmente son tres puntos sustanciales los que vehiculan el resto de artículos que la ILP pretende modificar. En primer lugar, una mayor participación ciudadana en la gestión. La intención de los proponentes es que la ciudadanía adquiera mayor participación en la gestión sanitaria que de la que gozan en la actualidad, que no va más allá que la de "presentar reclamaciones o relegados a un papel meramente de ‘espectador’ ".
En segundo lugar, se busca un mayor control democrático “de sentido común” del dinero público que se destina a la sanidad privada. “No se puede estar dando año tras año miles de millones de euros, muchas veces sin control e, incluso, de manera ilegal, a expensas del servicio público y del presupuesto. Por tanto, la ley tiene que recoger medidas muy severas de control”, ha explicado Recio.
Y, en tercer lugar, saber de dónde se saca ese dinero para desviar a la sanidad privada. Tal y como argumenta el portavoz de Marea Blanca, en los últimos años se ha ido “disminuyendo” el presupuesto público dedicado a la sanidad pública para destinarlo a la sanidad privada. “Queremos recuperar ese dinero porque le pertenece al presupuesto público para dedicarlo a un plan de choque a desarrollar en 5 años que permita reconstruir y reforzar todo lo que debe ser la sanidad pública, que está cayendo en desgracia por una estrategia que va buscando beneficiar a la privada y cambiar el modelo”, ha sentenciado el portavoz.
