A Ciudadanos Andalucía no parece gustarle el veto parental en las escuelas, pero no acaba de aclarar cómo gestionará exactamente un compromiso que ellos mismos firmaron con Vox en octubre pasado y cuya implementación exige sin falta el partido ultra, pues en caso contrario “habrá consecuencias”.
La polémica medida ha abierto una grieta significativa en el Gobierno andaluz de PP y Cs porque el partido de Juanma Moreno no ve contraindicaciones en la pretensión de Vox de que los padres puedan vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias que son evaluables y forman parte del plan curricular que cada año aprueba el Consejo Escolar de cada centro.
Cs Madrid es más claro
Mientras que en Madrid la vicealcaldesa y dirigente de Cs Begoña Villacís y el vicepresidente de la Comunidad Ignacio Aguado han sido muy contundentes al advertir a Vox que no permitirán el veto, en Andalucía Ciudadanos se muestra más ambiguo.
Y tiene buenos motivos para esa ambigüedad: por una parte, contrajo el compromiso con Vox en un acuerdo escrito que todo el mundo conoce y, por otra, dentro del partido no parece haber un criterio unánime.
Quien ha hablado con más claridad contra el pin parental ha sido la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, a la que Vox querría ver fulminada por su partido: “La medida no tiene viabilidad legal ni moral; y para aplicarse tendrá que pasar una serie de trámites e informes”.
Ruiz recordaba también que el acuerdo con Vox recoge expresamente que la autorización de los padres tendría que respetar los preceptos constitucionales. Aun así, el acuerdo suscrito en Murcia es similar al firmado en Andalucía y allí la Comunidad ya lo está aplicando, si bien el Gobierno central ha exigido su suspensión y llegará hasta los tribunales si el Ejecutivo murciano del PP y Cs no rectifica.
El consejero de Educación, Javier Imbroda, también de Cs, se reunió ayer con el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, para intentar convencerlo de que “ya existen en la actualidad instrumentos para garantizar la libertad de los padres, que pueden decidir si sus hijos acuden o no a actividades escolares complementarias por cuestiones morales y religiosas, como establece la Constitución”.
"No voy a tolerar..."
Imbroda trató de salir ayer del embrollo en que se ha metido su partido lanzando un mensaje de apoyo a los profesores, entre los que cunde el temor de verse señalados por padres ultras o de ver menguada todavía más su autoridad en las aulas. "No voy a tolerar ninguna transmisión de desconfianza en nuestros docentes", dijo el consejero.
En declaraciones a los periodistas, Imbroda intentó rebajar el alcance real de lo acordado con Vox: "Lo que se firmó es que se estudiaría algún tipo de autorización previa de los padres para las actividades extracurriculares, pero no para las curriculares, porque son obligatorias. Eso es ley y este consejero no va a contravenir la ley".
Ni un paso atrás
Por su parte, el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, recalcaba ayer que "ni en los presupuestos de 2019 ni en los de 2020 se recoge en ningún momento esta medida”, para añadir a continuación que la Junta no derogaría ninguna ley ni daría “un paso atrás en ninguno de los derechos logrados durante todos estos años de democracia".
La alusión de Marín a que el pin no estaba incluido en los Presupuestos resultaba equívoca. O al menos confusa, ya que dar luz verde al veto parental a contenidos escolares no requiere, en principio, partida presupuestaria alguna.
El punto 19 del acuerdo firmado por el Gobierno andaluz de PP y Cs con Vox en octubre pasado comprometía, textualmente, al Ejecutivo al “establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución”.
Mientras que el PP parece sentirse perfectamente cómodo con la implementación del pin parental, que cuenta con el apoyo cerrado de la dirección nacional del partido, en sectores críticos de Cs ven en él la oportunidad de distanciarse de Vox, primer paso para ir recuperando el inmenso terreno electoral perdido el 10 de noviembre.
