El pasado 6 de noviembre de 2014, el juez de la Audiencia Nacional que estaba de guardia era Eloy Velasco, titular del juzgado de Instrucción número 6. Esa tarde llegó hasta los juzgados de la calle Prim de Madrid una denuncia anónima procedente de Granada. El dossier denunciaba el proceso de financiación "para la compra y obra de la nueva sede del Partido Popular en Granada, inaugurada en junio de 2013" y que el dinero procedía de "aportaciones en dinero B de empresarios y constructores, que han financiado también diferentes campañas electorales a cambio de adjudicaciones de obras públicas y concesiones administrativas de servicios". Cuando tuvo en sus manos la denuncia, el juez Eloy Velasco decidió enviarla a dos destinos. Por un lado, la envió a la Audiencia Provincial de Granada, ya que en principio los hechos se centraban exclusivamente en esta provincia y el asunto escapaba de las competencias de la Audiencia Nacional. Por otro lado, la envió al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, por si la causa podía estar relacionada con los papeles de Bárcenas. UN RÁPIDO SOBRESEIMIENTO Fuentes judiciales han confirmado a este periódico que el caso llegó "por reparto" al Juzgado de Instrucción número 8 de Granada. El juez, en cuanto recibió el 'dossier', sobreseyó provisionalmente el asunto y le dio traslado a la Fiscalía Provincial granadina, que estuvo de acuerdo con la decisión. No obstante, hasta el pasado 10 de marzo no fue cuando el juez Ruz tomó su decisión definitiva. Fuentes judiciales aseguran que el juez de la Audiencia Nacional ha analizado el dossier (no es el único anónimo que recibe e investiga; en Jerez de la Frontera reabrió una ramificación de la trama Gürtel tras recibir una denuncia anónima) y que ha llegado a la conclusión de que la denuncia nada tiene que ver con el caso de los papeles de Bárcenas, aunque sí parece darle, de entrada, una cierta credibilidad que el jugado 8 de Granada no le ha dado. Según ha publicado hoy 'Vozpópuli', el pasado 10 de marzo el juez Pablo Ruz firmó un auto por el que trasladaba las diligencias sobre el anónimo de Granada al juzgado de Instrucción número 8 de la capital nazarí. Según aseguran fuentes jurídicas, el juez aún no ha recibido el auto ni el nuevo 'dossier', por lo que aún no ha tomado la decisión de volver a archivar o iniciar nuevas diligencias. No obstante, al tratarse de mismo escrito lo más probable es que de nuevo el titular del juzgado 8 vuelve a optar por su archivo. UN CONTRATO DE 518 MILLONES En su auto, el juez Ruz asegura que el "denunciante anónimo" vierte sus sospechas "respecto de un contrato que tiene que adjudicar la Diputación de Granada en este año 2015 para el tratamiento de los residuos sólidos de toda la provincia por valor de 518 millones de euros". De hecho, la denuncia asegura que "los sujetos denunciados están haciendo todo lo imposible para que se adjudique" a una empresa concreta el contrato "a cambio de comisiones y otras ventajas". En el auto se cita que la denuncia hace mención "al enriquecimiento de las personas denunciadas por la percepción de comisiones derivadas de las adjudicaciones decontratos públicos". Según ha podido saber este periódico y en contra de lo que sostiene el anónimo, la sede del PP no es en propiedad, sino que está alquilada. Fuentes populares insisten en que "hasta los muebles son alquilados" y aseguran desconocer la denuncia anónima. Esta misma mañana, el PSOE de Granada ha reclamado este miércoles al presidente del PP-A, Juanma Moreno, y a la dirección provincial de este partido que hagan públicas "de inmediato" todas las facturas, gastos y contratos de compraventa o alquiler vinculados a su sede provincial en la capital. EL PSOE PIDE EXPLICACIONES El vicesecretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha instado a Moreno y al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, a que aclaren "de manera urgente" si los gastos del "flamante" inmueble, que consta de dos plantas y que fue inaugurado en junio de 2013, están reflejados en la contabilidad oficial del partido. "Moreno Bonilla y Sebastián Pérez han de despejar de inmediato todas las dudas acerca de la supuesta financiación en negro de su sede a cambio de adjudicaciones a constructores y empresarios desde la Diputación", ha señalado Entrena, quien ha trasladado su "preocupación" por la posible malversación del dinero público y por los supuestos "manejos opacos de la contabilidad del PP para costear gastos partidistas" que, "a todas luces, resultan excesivos para el momento actual de crisis que vivimos". A juicio de Entrena, la única opción que tienen los dirigentes del PP de demostrar que no han costeado la nueva sede provincial de su partido con financiación procedente de supuestos favores desde la Diputación es compareciendo "hoy mismo" para mostrar a la opinión pública todas y cada de las facturas que justifican que los gastos han corrido a cargo del Partido Popular y que están registrados en su contabilidad oficial, así como toda la documentación relativa a la compraventa o alquiler del inmueble. "Nos encontramos ante unos hechos de la mayor gravedad, unos hechos que no proceden de la mera crítica o de la denuncia de un partido, sino de la apertura de diligencias de investigación por parte de un juez sobre la supuesta financiación ilegal de la sede del PP de Granada", ha apuntado el representante socialista.