Los presidentes autonómicos pisan el acelerador y Pedro Sánchez apura el freno. Deprisa deprisa, proclaman ellos; vísteme despacio que tengo prisa, replica Él.

Ambas conductas son comprensibles: los gobiernos autonómicos sienten en la nuca el aliento personal de industriales, comerciantes, camareros, jóvenes y parados, hundidos todos ellos en una desesperación sin horizontes; mientras, la presión que sufre el Gobierno central es igualmente real, pero abstracta, estadística, mediática.

No es lo mismo tener delante al dueño de un restaurante con las lágrimas a punto de reventarle que desayunar ante el editorial de un periódico de derechas que te pone a caldo.

La prisa del Gobierno de España es a medio plazo, pero la prisa de los autonómicos es para mañana mismo: donde sí coincide la naturaleza de las prisas de uno y otros es en la urgencia de salir electoralmente bien parados sin que se note su ansiedad por salir bien parados.

La paradoja del mando

La estructura de mando contra la pandemia, con el Gobierno en la cúspide y las autonomías en la base, ha creado una situación paradójica que simbólicamente favorece al Ejecutivo central pero materialmente beneficia a los gabinetes territoriales: Pedro Sánchez es nominalmente el titular del mando único, pero quienes han de ejecutar sus órdenes son los presidentes autonómicos.

El símbolo del poder lo acapara Sánchez, pero las órdenes que irradian de él son cosa de Juanma Moreno, Íñigo Urkullu o Quim Torra, que, como subordinados, siempre pueden ampararse en la ley de obediencia debida para esquivar reproches y eludir responsabilidades.

Eficacia y calor

Aun así, los autonómicos nunca desaprovechan la ocasión de atribuir las tasas territoriales de contagio –cuando estas con bajas– a su capacidad de anticipación o a su rigurosa gestión.

El hecho, sin embargo, de que tales tasas por debajo de la media se estén registrando en las zonas más cálidas del país conduce a preguntarse si es que el sur tiene mejores gobernantes o si lo que tiene, simplemente, es más calor.

Como se sabe, los científicos coinciden es que las altas temperaturas frenan la expansión del virus, aunque desconocen en qué medida exacta lo hacen. Obviamente, los presidentes de Andalucía, Murcia o Canarias se cuidan mucho de mencionar esta circunstancia, no sea que la gente atribuya al clima lo que sin duda es mérito de ellos.

Deprisa deprisa

Desde hace días, la mayoría de presidentes autonómicos presionan al Gobierno para que la desescalada sea asimétrica y comience o sea más acelerada en el territorio de cada uno.

Andalucía pide autorización al Gobierno para que en la comunidad pueda haber misas el 3 de mayo, comercios el 11, funerales el 18, bares el 25 y hoteles en junio. Otros presidentes han remitido al Gobierno cronogramas en el mismo sentido y acomodados a sus circunstancias sanitarias o industriales.

Al presidente Juanma Moreno no le falta razón al recordar el elevado número de municipios andaluces sin un solo caso de coronavirus, un estado de cosas que ha de tenerse en cuenta al programar la desescalada del confinamiento. El Gobierno debería ser sensible a la petición andaluza.

Lo que no dicen

Ahora bien, al igual que otros presidentes autonómicos, Moreno eleva la voz para pedir pero no para responsabilizarse. Ni uno solo de ellos ha dicho públicamente algo tan de sentido común como esto:

“En mi comunidad estamos mejor y pedimos una desescalada más rápida; estamos convencidos de que es lo más justo y lo mejor, pero como en estas circunstancias cualquier aceleración no está exenta de riesgos, si en el futuro se produjera un rebrote de contagios debido a la relajación que proponemos, la responsabilidad de ello sería nuestra y solo nuestra”.

Los presidentes autonómicos quieren apuntarse el tanto de un desconfinamiento más rápido y de los beneficios económicos del mismo, pero rehúyen el riesgo político y sanitario que dicha aceleración conlleva.

Hay en su conducta un cierto ventajismo que está pasando algo desapercibido: es el derivado de saber que puedes arriesgarte en el trapecio porque cuentas con red de seguridad. La red de seguridad de los gobiernos autonómicos se llama mando único: si se equivocan, siempre pueden echarle al culpa al Gobierno de España.