A la luz de los datos oficiales de déficit de las CCAA publicados por el Ministerio de Hacienda se entiende la elusiva respuesta dada ayer por el consejero andaluz Juan Bravo al ser preguntado por el cumplimiento del déficit por parte de la Junta en 2019.

El titular de Hacienda se limitó a recordar que la previsión era cerrar el año con un 0,1 por ciento de déficit y que confiaba en cumplirla. Los datos de Hacienda atestiguan que no lo hará, tal y como había pronosticado en agosto pasado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Las cifras andaluzas

El déficit conjunto de las autonomías a 1 de octubre de 2019 era de 3.694 millones de euros, equivalentes a un 0,29 por ciento en términos de PIB. El déficit andaluz era de 428 millones de euros, un 0,26 por ciento que dobla con creces el 0,1 por ciento previsto.

A 1 de octubre de 2018 el Gobierno andaluz tenía un superávit de 21 millones (+0,01 por ciento del PIB), aunque la cifra final acabó siendo de 170 millones de déficit, derivados de la liquidación no prevista de sentencias judiciales adversas a la Adminsitración autonómica, como la del metro de Sevilla. 

La comunidad que acumulaba un déficit más abultado a 1 de octubre era Valencia con 1.158 millones de euros, seguida de Castilla-La Mancha con 600, Cataluña con 493, Madrid con 420, Murcia con 346 o Aragón con 267.

Estos datos fueron difundidos el pasado 28 de noviembre por el Ministerio de Hacienda, por lo que, obviamente, el consejero Bravo tenía conocimiento de ellos ayer cuando fue preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Las razones de Bravo

El titular de Hacienda tenía buenos motivos políticos para escaquearse en su respuesta: la prohibición del Gobierno de España a la Junta de financiarse en los mercados por haber incumplido el Gobierno de Susana Díaz en 2018 los objetivos de estabilidad quedaría sin efecto si en este 2019 el Gobierno de Juanma Moreno hubiera cumplido tales objetivos (déficit, deuda y regla de gasto).

Aun así, el Gobierno andaluz prepara su línea de defensa para cuando tenga que enfrentarse a la evidencia contable de que al acabar 2019 no habrá cumplido con las exigencias de sostenibilidad de las cuentas públicas. Previsiblemente y tal como insinuó ayer Bravo, su argumento será que el Ministerio de Hacienda no ha liquidado a las CCAA la recaudación del IVA de 2017, que en el caso de Andalucía asciende a 530 millones de euros presupuestados por la Junta como ingreso en sus cuentas de 2019.

Se trata de un dinero que, en efecto, pertenece a las autonomías y que procede de la etapa de Cristóbal Montoro, cuando el Gobierno del PP implantó el sistema digital de presentación del IVA –el denominado Suministro de Información Inmediata (SII)– en 2017, computando únicamente 11 meses y no 12 de liquidación del impuesto.

Argucias a discreción

Ese mes 13 ya ingresado por Hacienda, pero cuyo porcentaje correspondiente a las CCAA no les ha sido liquidado por el Estado, es el que fue incluido por la Junta en sus Presupuestos de 2019. El problema es que lo hizo sin el respaldo normativo de los Presupuestos Generales del Estado, que, mediante lo que ha sido denominado como ‘argucia contable’, incluían como ingresos fiscales propios del Gobierno los 5.000 millones de euros del IVA de 2017 que, en realidad, son de las autonomías y no del Ejecutivo central.

Aunque políticamente la maniobra presupuestaria del ministerio que dirige María Jesús Montero pudiera estar justificada, técnicamente era más que dudosa.

Y lo mismo le sucede a la maniobra del departamento de Bravo al dar como segura en sus cuentas de 2019 la liquidación de esos 530 millones cuyo cobro no tiene en realidad cobertura normativa porque se remitía a unos Presupuestos Generales del Estado que nunca se aprobaron. Como diría el castizo: aquí, el que no corre vuela.