Muchos de ustedes habrán tenido ocasión de ver el video en el que una periodista le pregunta al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, sobre la afectación de las aguas de Doñana por la nueva regulación de zonas agrícolas que ha impulsado en el Parlamento junto a Vox.
Moreno Bonilla, con aires y tono soberbio, le espeta a la periodista que cree que no se ha leído la norma; cuando ella le responde que sí, él le pregunta: “¿los 25 folios?, ¿qué dice el artículo 5?”. Y hasta en tres ocasiones le reitera esta pregunta.
Resulta evidente que cuando todo viene rodado hasta el más indolente de los responsables políticos puede parecer Churchill, pero que cuando surgen las primeras dificultades aparece la auténtica naturaleza de las personas.
Y eso está pasando con Moreno Bonilla y su inexplicable iniciativa sobre Doñana: ha perdido su “profidéntica” sonrisa, su impostada moderación y empezamos a ver a un altanero y displicente presidente que parece creer que la mayoría absoluta alcanzada en junio pasado justifica cualquier iniciativa que impulse desde San Telmo.
Si a eso añadimos la torpeza del presidente de preguntar a la periodista por un artículo (el 5) que no existe en la Proposición de Ley, toca preguntarnos ¿quién está al volante en la Junta?
Pero hagamos una aproximación, aunque sea breve, al fondo del asunto.
Moreno Bonilla, de la mano de Vox, se ha empeñado en la regularización de determinadas explotaciones agrarias calificándolas como “suelos agrícolas regables” siempre que “hubieran estado en regadío con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Plan Especial (30 de diciembre de 2014)”.
La diferencia esencial con el Plan de 2014 es que, en aquel, estos suelos sólo podían alcanzar calificación de regables si contaban “con derechos de aguas para riego”.
Como vemos, la iniciativa de Moreno Bonilla elimina ese requisito, proponiendo la regularización de toda explotación que hubiese estado en regadío a pesar de carecer de “derechos de aguas para riego”, esto es, a pesar de tratarse de extracciones de aguas de pozos subterráneos.
Esta proposición, además de irresponsable, se sustenta sobre una gran mentira, la de que “estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales”. Cuando Juan Espadas le preguntó a Moreno Bonilla en el Parlamento a qué aguas superficiales se refería, el presidente afirmó que a las del Trasvase del Tinto, Odiel y Piedras.
Moreno Bonilla sabe que dicha afirmación es falsa, puesto que las aguas de este trasvase ya están comprometidas, sin que haya excedente, en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, por lo que ningún agua superficial podría llegar por esta vía a los regantes que se pretende regularizar.
Tal vez por ello la propia Proposición de Ley señala que los derechos de aguas para estos regantes procederán de aguas superficiales, “salvo que la Administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente”.
¿A qué recursos de origen diferente se refiere? Si como insiste una y otra vez Moreno Bonilla, en estos suelos agrícolas regables que pretende regularizar, sólo podrán usarse aguas superficiales, ¿qué necesidad había de hacer en su Proposición de Ley una previsión de “recursos de origen diferente”?
Todos los expertos señalan que la Proposición de Ley presentada por PP y Vox es un disparate. Están en contra de la misma la Unión Europea, el Gobierno de España, el Consejo de Participación de Doñana, la Estación Biológica de Doñana, las asociaciones ecologistas y muchos de los agricultores y productores de Fresas ante el daño reputacional que la iniciativa ya está produciendo en su producto.
Y, sin embargo, ahí sigue Moreno Bonilla empeñado en sacar junto a Vox su propuesta de regularización de explotaciones, “por el artículo cinco”, aunque este artículo no exista en su Proposición de Ley.
José Aguilar Román
Parlamentario Andaluz y Exsenador Socialista
