Salvo que en el último momento consiga sacarse de la chistera un conejo hoy por hoy más que improbable, Luis Salvador tiene los días contados como alcalde de Granada.

El reloj ha comenzado a correr en contra la única Alcaldía española importante en manos de Ciudadanos. La venganza de Sebastián Pérez empieza a dar sus frutos: la baja en el PP de quien fuera presidente del partido y candidato a la Alcaldía está vinculada a su determinación de defenestrar a Salvador.

Una determinación firmemente sostenida por la aritmética: a los bloques de la izquierda y la derecha los separa un único voto, y Pérez, que conserva su acta de concejal, amenaza con hacer alcalde al socialista Francisco Cuenca si el PP no se deshace de una vez por todas de Salvador.

Un acuerdo fantasmal

Sus compañeros de partido, donde ha militado durante casi cuarenta años y ocupado cargos muy relevantes, saben que ‘el Sebas’, sobrenombre con el que es conocido en Granada, no está jugando de farol. Una vez rota su histórica relación con el PP, no tiene nada que perder: o le dan lo que pide o devuelve la Alcaldía al PSOE, que la ostentó en la pasada legislatura y fue con diferencia la fuerza más votada en las municipales de 2019.

También el propio Pérez preferiría no llegar a tanto como entregar la vara de mando a Francisco Cuenca pues, con un gobierno municipal liderado por el PP, Sebastián Pérez podría asegurarse un puesto con competencias y buena remuneración.

Con el respaldo tácito de la dirección regional, el presidente provincial del PP granadino, Francisco Rodríguez, mantiene intacta una hoja de ruta que pasa por desalojar a Salvador porque el acuerdo para hacerlo alcalde consistió en un 2+2 según el cual éste ostentaría el cargo durante los dos primeros años para cederlo al PP en los dos siguientes. 

Sin embargo, cuando Sebastián Pérez exigió una y otra vez el cumplimiento de ese fantasmal 2+2 su partido se hizo el sueco, consciente a su vez de que en el sudoku de Granada hay otra pieza clave: es Vox, cuyo portavoz mantiene una vieja enemistad personal y política con Pérez y nunca lo hará alcalde.

Los socialistas, mientras tanto, se mantienen en un discreto segundo plano, conscientes de que recuperar la Alcaldía gracias a un tránsfuga sería incumplir de modo inequívoco el pacto nacional antitransfuguismo, contra cuya violación tantas veces han clamado cuando otros partidos firmantes lo han incumplido.

Un partido en las últimas

¿Y Ciudadanos? Su líder Inés Arrimadas ha viajado esta semana a Andalucía para decir, aunque en voz no demasiado alta, que el alcalde naranja seguirá en su puesto. Sin embargo, su palabra pesa poco dada la debilidad extrema de su partido.

Así lo confirma también el perfil llamativamente bajo que en esta crisis está manteniendo el líder regional de Cs y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, cuya conducta sugiere que su partido parece haberse resignado a perder Granada.

En el menguado cuartel general de la formación fundada por Albert Rivera deben de ser conscientes de su escasez de armamento para contrarrestar el frente que se les ha abierto en Granada. Cs solo podría presionar amenazando con dejar solo al PP en el Gobierno de la Junta, pero eso sería para ellos un suicidio en toda regla, pues su portazo provocaría un adelanto de las elecciones en las que solo de milagro lograrían conservar representación parlamentaria.

Otro pacto en el aire

De avenirse a arrebatarle a Cs la Alcaldía, ¿incumpliría el PP el pacto antitransfuguismo firmado en marzo pasado con Cs y presentado con toda solemnidad institucional por el consejero Elías Bendodo (PP) y el vicepresidente Juan Marín? Sí y no.

Ambos se comprometieron entonces a no incorporar a sus filas ni aceptar los votos de quienes, habiendo militado en el otro partido, propiciaran en el Parlamento, las diputaciones o los ayuntamientos unas mayorías distintas de las pactadas inicialmente.

El voto de Pérez no modificaría las actuales mayorías municipales de Granada, pero ciertamente dejaría Cs sin su Alcaldía más importante. Ahora bien, el PP granadino insiste en que lo pactado en 2019 fue un 2+2 y, por tanto, el cambio de regidor, aun propiciado por un tránsfuga, no sería propiamente un incumplimiento de lo pactado.