En el Partido Popular de Andalucía no ha gustado nada que la nueva juez de los ERE irregulares haya decidido abrir una pieza separada para investigar las ayudas concedidas en 2003 y 2004 a varias empresas de la Faja Pirítica de Huelva y en la que estarán incluidas como imputadas más de 200 personas. Siguiendo los indicios reunidos por la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil, María Núñez intenta determinar si hubo prevaricación por parte del Ministerio de Trabajo al aplicar a esos trabajadores, la mayoría mineros, coeficientes reductores que les permitieron beneficiarse de las ayudas públicas a sus prejubilaciones de manera fraudulenta.Las ayudas sociolaborales a los trabajadores de las empresas en crisis de la Faja Pirítica ascendieron a más de 135 millones de euros y fueron cofinanciadas por el Gobierno central, entonces en manos del PP, y la Jun ta Andalucía, gobernada por el PSOE. Más del 90 por ciento de ese dinero fue financiar las pólizas de cerca de 700 extrabajadores de la Faja Pirítica de Huelva.UN PISTA NO INVESTIGADALa antecesora de Núñez, la juez Mercedes Alaya, en un auto dictado en septiembre de 2014, ya imputó en el caso a cinco personas que fueron incluidas como 'intrusas' en el expediente de la Faja Pirítica de Huelva tras las "instrucciones" dadas a tal efecto por el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero. Sin embargo y pese a las advertencias de algunas defensas, Alaya nunca siguió esa pista que ahora investiga Núñez y que podía conducir a una evidencia incómoda para la jueza que destapó las irregularidades: si el Gobierno central dirigido por el PP había incurrido también en prevaricación, al igual que la Junta de Andalucía, a la hora de pagar ayudas sociolaborales, podía venirse abajo la tesis central de Alaya de que el Gobierno andaluz creó un procedimiento específico para burlar la ley, eludir los controles y favorecer a personas cercanas al PSOE y a los sindicatos.En su escrito al Tribunal Supremo que investigó a los aforados en la causa, Alaya escribió que hubo por parte de la Junta "una auténtica subversión del ordenamiento jurídico" y que "esta subversión normativa y procedimental determinaba presuntamente que las ayudas en gran parte de los casos, terminaran en manos de personas y empresas que por un motivo u otro estaban próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz". De hecho, toda la instrucción de Alaya se apoya en esa hipótesis y de ahí que la jueza considerara que la causa era inescindible. El PP y sus medios de comunicación más cercanos siempre 'compraron' sin pestañear ese planteamiento, severamente socavado de confirmarse las conclusiones provisionales de la Guardia Civil.EL MINISTERIO DE TRABAJO, BAJO SOSPECHA El pasado mes de septiembre, la juez Núñez dictó una providencia en la que ya indagaba las ayudas concedidas por el Ministerio de Trabajo para el pago de las pólizas de prejubilación para los mayores de 55 años pertenecientes a los colectivos de la Faja Pirítica de Huelva. Las investigaciones de la Guardia Civil señalaban que las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva fueron concedidas en el año 2003 y siguientes tanto por la Junta como por el Gobierno central, aunque se centraban en éstas últimas y aseveraban que "se ha detectado cómo la Administración central presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años".

 Todo ello, añadían, "pese a que tenía conocimiento de que dichos listados eran erróneos al alza y que la institución competente para determinar dicha edad bonificada era el Instituto Nacional de la Seguridad Social", que además "pertenecía al propio Ministerio de Trabajo", pero "sin embargo no utilizó los cálculos realizados por dicha institución para determinar la edad de cada minero".MÁS PAPELESPrecisamente para aclarar este extremo, en esa providencia de septiembre Núñez solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social de Huelva que entregara a la Guardia Civil un informe "en el que se indique si por parte del Ministerio de Trabajo, o cualquiera de los departamentos que lo componen a través de la Subdelegación del Gobierno, se solicitó los coeficientes reductores de los mineros afectados por la crisis minera" de la Faja Pirítica y, "en concreto, si lo realizó o no, en los años 2003 y 2004".La magistrada tomó esta decisión después de que así lo solicitara en un oficio fechado el 3 de septiembre el Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Huelva, que informaba en el escrito de que "está trabajando una línea de investigación sobre la presunta comisión de un delito de prevaricación en concurso de otro de malversación" en relación con estas subvenciones.MORENO ESTÁ "UN POCO SORPRENDIDO"El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, consideró ayer que en el proceso de investigación de los expedientes de regulación de empleo irregulares se están produciendo "giros" que son "sorprendentes". Preguntado por la decisión de Núñez de investigar la Faja Pirítica, el presidente del PP-A indicó que "le sorprende un poco todo" lo que tiene que ver con este procedimiento judicial, y en concreto citaba "las vueltas que está dando está investigación, pasando de un magistrado a otro"."Muchas veces nos falta claridad" y "los ciudadanos empiezan a tener dudas sobre si se está llevando de una manera razonable todo esto", apuntaba Moreno pensando sin duda en la juez Núñez pero sin aludir a ella y concluía reclamando que "las cosas se hagan con sentido común y rapidez", de modo que "conozcamos cuanto antes la verdad y podamos devolver el dinero público que haya sido desviado".