Manuel Chaves, para quien la Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para cargo público por haber cometido presuntamente prevaricación, “ni conoció ni pudo conocer” las supuestas irregularidades de los ERE, pues nadie le advirtió nunca de ello. Es uno de los argumentos esgrimidos por la defensa del expresidente, que dirige Pablo Jiménez de Parga, en su escrito de conclusiones definitivas presentado hoy en el juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por la conocida como pieza política de la macrocausa.
José María Mohedano, defensor del expresidente José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, también ha solicitado la libre absolución de sus representados, para el primero de los cuales la Fiscalía pide seis años de cárcel además de 30 de inhabilitación. El PP mantiene su acusación pero el pseudo sindicato Manos Limpias la ha retirado.
El expresidente Chaves nunca conoció el procedimiento administrativo concreto de concesión de las ayudas sociolaborales, como tampoco conoció las otorgadas por otros departamentos de la Junta. No es la función de un presidente, reiteraba el letrado.
Al igual que hiciera el expresidente en el interrogatorio de la vista oral, su letrado insistió en que las modificaciones presupuestarias para dotar de fondos la partida con la que se financiaban los ERE contaron siempre con todos “los documentos, informes preceptivos y las justificativas”.
En cuanto a Griñán, su letrado ha recordado que él nunca intervino ni en la concesión de las ayudas ni en gestión de las modificaciones presupuestarias que aprobaba el Consejo de Gobierno y que a su vez les daba luz verde porque su tramitación había superado todos los filtros preceptivos. Durante su etapa de consejero de Hacienda, Griñán asegura no haber conocido los informes de la Intervención que alertaban de las anomalías del procedimiento de concesión.
