¿Informe pericial o acusación judicial? No es la primera vez que abogados defensores de procesados en el caso de los ERE cargan contra el controvertido informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), pero sí la primera que un número significativo de ellos lo hace de forma conjunta y coincidente ante el tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la pieza política de la macrocausa.

En la sesión de este martes, seis de los abogados defensores han explicitado una protesta que en realidad venían barruntando desde hace mucho tiempo: el informe y el testimonio de los peritos de la IGAE –han sostenido– son prácticamente una acusación en toda regla; en el mejor de los casos, su testimonio "excede los límites de lo que es un informe pericial para convertirse casi en un informe de parte acusatoria".

Un reproche antiguo

De hecho, la principal prueba de cargo de los acusadores reside en ese informe encargado por la juez instructora Mercedes Alaya a la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, que fue quien los nombró en el año 2012, recién llegado el Partido Popular al Gobierno de España. En más de una ocasión, las defensas han puesto en duda la idoneidad profesional de los peritos desginados, pero lo cierto es que acumulan una dilatada experiencia en la materia.

La propia pertinencia del peritaje encargado por Alaya ya fue puesta en cuestión durante la prolongada instrucción. Así lo hicieron en su día los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en su informe contra el auto de procesamiento de varios de los procesados, que finalmente acabaron sentados en el banquillo.

Los letrados autonómicos argumentaban lo siguiente: “Todas las periciales aportadas en la presente causa son periciales jurídicas (lo que, dicho sea de paso, y por su carácter de periciales jurídicas, permite dudar de su pertinencia). En relación con esta última cuestión –añadía el escrito– no está de más recordar la consideración que para la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo tienen las denominadas periciales jurídicas, en el sentido de que son innecesarias precisamente porque el órgano jurisdiccional es un operador jurídico cualificado para la valoración de los fenómenos estrictamente jurídicos”.

En su informe, los letrados de la Junta incluía esta cita de una sentencia del Supremo para sustentar su razonamiento: “El Tribunal incurre en el extendido error de valerse de peritajes jurídicos para resolver aquello que tenía que haber resuelto por sí solo”.

La protesta

La protesta de hoy ante el tribunal ha sido expuesta por Pedro Apalategui, letrado del exviceconsejero Agustín Barberá, sumándose a ella cinco defensores más: el del expresidente José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano; el del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el del exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro; y el del ex secretario general técnico de Empleo Javier Aguado.

La protesta ha sido formulada poco antes del receso, tras dos horas de debate entre los peritos de la IGAE y de las defensas sobre si las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo hacía a la agencia pública IDEA se podían usar o no para pagar las ayudas de los ERE en vez de para equilibrar pérdidas del ente, informa Efe.

No apto para profanos

Las discusiones entre uno y otro bando de expertos no siempre son fáciles de seguir por los profanos en derechos financiero o presupuestario. Un ejemplo: unos y otros discrepan en su interpretación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Junta de 2001 que, para los expertos de la IGAE, determina que las transferencias de financiación sólo pueden usarse para equilibrar déficit de los entes públicos mientras que para los peritos de la defensa indica que los fondos para equilibrar las cuentas de estos entes tienen que enviarse por transferencias de financiación pero no todas las transferencias son para eso.

En la sesión de ayer también hubo cruce de argumentos entre los peritos de la IGAE y los de la defensa. El interventor estatal Ángel Turrión calificó de "pintorescos" los objetivos de muchas de las ayudas de los ERE, a lo que el perito citado por la defensa Juan Ramallo le replicó que para ellas "debió haber la autorización y el consentimiento por parte de la Intervención de la Junta".