El Parlamento Andaluz con los votos en contra del PP, aprobó al final del año que dejamos atrás la incompatiblidad para ejercer al mismo tiempo de alcalde y diputado andaluz. En principio una norma ajustada a las nuevas demandas de la sociedad, del espíritu del 15-M y una decisión más que razonable. Tan razonable que el propio Partido Popular la aprobó en Galicia y así rige, incluso podría decirse que de forma más estricta.

Arenas: "Donde dije digo..."
Además había precedentes en declaraciones anteriores del propio jefe del PP andaluz, Javier Arenas. Éste se había manifestado en ocasiones anteriores muy partidario de esta incompatiblidad. Llegó a decir que un hombre un cargo y prometió llevarlo a cabo si en un futuro tuviese mayoría parlamentaria en Andalucía. Pero Arenas, especialista en decir un día una cosa y luego lo contrario, cambó súbitamente de opinión cuando el "verbo se hizo carne", o lo que es lo mismo, cuando los socialistas llevaron la propuesta de ley al Parlamento. Votaron en contra los escaños de la derecha e incluso hablaron de atraco y de ley antidemocrática. De nuevo Arenas, "donde dije digo digo Diego".


La carta guardada de Arenas
Con la ley ya aprobada y las elecciones en ciernes, el ejecutivo central amenaza con crear un  conflicto de grandes dimensiones con Gobierno andaluz. Arenas tenía una carta guardada y no era otra que el nuevo Gobierno de Rajoy aprobase esta semana presentar un informe para llevar ante el Constitucional, lo que puede significar, si se acepta, su paralización y la inutilidad de la Ley. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro, llevó ayer al Gobierno un informe para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional que anule la ley en las más que previsibles elecciones del 25 de Marzo

Trampa legal de Arena en connivencia con Rajoy

Los tempus están muy ajustados. El Gobierno podría presentar el recurso la semana próxima. De esta forma se garantizarían que en cuanto el Constitucional lo admita a trámite, la reforma de la ley sea suspendida cautelarmente. La clave se halla en que la norma prohíbe simultanear los cargos, pero no integrarse en las candidaturas. Una trampa o argucia legal que el PP utilizaría con el objetivo de que a sus alcaldes de grandes ciudades se les permita formar parte de las listas. La decisión final de quedarse en un puesto u otro se habría que tomar en el momento de tomar posesión. Los plazos podrían favorecer al PP ya que si las elecciones andaluzas se celebran el 25 de marzo, el Parlamento andaluz no se constituirá hasta principios del mes de abril. Es más que previsible que en esas fecha el Tribunal Constitucional ya habrá decidido si admite o no a trámite o no el recurso del Gobierno. Y es que cuando la petición al Constitucional procede del Gobierno central, la respuesta suele ser mucho más que si la formula un grupo parlamentario u otra entidad.

La Ley gallega del PP es más dura en incompatibilidades
Lo que resulta incomprensible es la que la normativa gallega en esta materia, es mucho más dura y prohíbe a los alcaldes que estén presentes incluso en las papeletas, ya que son declarados por esta ley inelegibles. Se da la circunstancia que esta ley fue aprobada en época de presidencia de Manuel Fraga siguiendo vigente en la actualidad y con el apoyo o aceptación de todos los grupos que integran la Cámara gallega.

Tiempo para firmar actas
Le dé la razon el Alto Tribunal a populares o socialistas, lo que parece claro es mientras se resuelve el recurso, los alcaldes del Partido Popular habrán ganado un tiempo precioso merced a esta trampa legal para firmar sus actas parlamentarias. ¿ Dónde queda aquello de Arenas de "un hombre un cargo"?