"Minorbis-Grupo México no debió superar la primera fase del concurso, bien por no aportar la documentación requerida o por carecer ésta del contenido exigido". Así de contundente se expresa el Grupo X de la Unidad de Delincuencia Económica-Financiera (UDEF) de la Policía Nacional encargada de investigar el proceso de adjudicación del concurso minero internacional para reabrir el yacimiento de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, que ganó Minorbis (entidad propiedad de la empresa cordobesa Magtel) junto a Grupo México. La Junta ha paralizado el proceso de adjudicación, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla haya abierto una investigación, que ha encargado a la UDEF, al considerar que el proceso ha estado plagado de irregularidades. En el informe policial de la UDEF, al que ha tenido acceso este periódico, los agentes encargados de la investigación consideran que el proceso de adjudicación estuvo viciado desde el principio. Así, consideran que la oferta de Minorbis-Grupo México, que son los que finalmente ganaron el concurso, debería haber sido tumbada tras la apertura del primer sobre. Así, los policías señalan en primer lugar la "ausencia de la acreditación de la capacidad de obrar de la empresa extranjera" en España, ya que la oferta que presentaron carecía del necesario informe expedido por la Misión Diplomática Permanente o la oficina consular en España de México certificando la validez de la empresa. Los agentes de la UDEF consideran además extraña la alianza de las dos empresas para gestionar un proyecto tan importante como el de reabrir la mina de Aznalcóllar. La unión de las dos empresas "queda supeditada unilateralmente por Grupo México a la concesión de la explotación". "Por tanto nos encontramos ante una asociación embrionaria en la que todavía no se ha formalizado la constitución de persona jurídica (Consorcio) que se pretende crear en un futuro". "Por todo lo hasta ahora expuesto", relata la UDEF en la página 6 de un informe de 34 páginas en la que enumera muchas más irregularidades que supuestamente ocurrieron posteriormente, "Minorbis-Grupo México no debió superar la primera fase del citado concurso bien por no aportar la documentación requerida o por carecer ésta del contenido exigido puesto que en las bases del concurso se recoge explícitamente: 'Una vez revisadas las solicitudes y las subsanaciones hechas, aquellas que no reúnan todos los requisitos y documentación necesaria serán inadmitidas' (...)", exponen los policías, que agregan que la mesa de contratación sí que excluyó a la primera una oferta, la presentada por la empresa Nyrstar. El informe policial prosigue en los procesos que siguieron a la mesa de contratación. Es el caso de la apertura del sobre número dos. En este punto, la UDEF observa nuevas irregularidades. La primera es que Minorbis-Grupo México no tenía en vigor el seguro de indemnización de por riesgos profesionales por una cuantía de 1,5 millones de euros. Al contrario, se presenta una póliza. Los agentes concluyen que las empresas tampoco presentan sus cuentas anuales (Minorbis se creó "días antes de su presentación al concurso"). También se alude a la ausencia de escrituras del Grupo México, la falta de acreditación de que las empresas disponen de un capital social igual o superior al 30% de la inversión prevista (más de 600 millones de euros) o que las compañías cuenten con experiencia en el sector de la minería: "En ningún momento Minorbis lo acredita", dicen los agentes. "Se limita a señalar gráficamente las minas y fundiciones de Grupo México que tiene en América sin aludir ni demostrar fehacientemente que esos minerales son de génesis similar a los existentes en la Franja Pirítica Ibérica". PERSONAL SIN EXPERIENCIA NI TITULACIÓN Punto y aparte merece la investigación de la UDEF referida al personal que aporta Minorbis-Grupo México para la explotación de la mina de Aznalcóllar. "Hay deficiencias cuantitavas y cualitativas en la composición del equipo técnico", afirma eufemísticamente la Policía para referirse a que la empresa presenta a personal sin experiencia ni titulación para la extracción minera. Es el caso del coordinador (que carece de título convalidado en España), del ingeniero de minas (que no tiene la experiencia de tres años requerida), del ingeniero químico, de dos de los cuatro geólogos (que no aportan título), del ingeniero de montes (sin experiencia alguna), del responsable de Ciencias Ambientales (también sin experiencia) o del ingeniero industrial (tampoco aporta experiencia). "Como puede observarse, este equipo técnico de redacción de los anteproyectos de escombreras, de balsas estériles y de filtraciones CARECE (las mayúsculas aparecen así en el informe policial) de un segundo ingeniero de minas o, en su defecto, de un ingeniero técnico de minas", insiste la UDEF. MAQUINARIA IMPORTADA DESDE MÉXICO Los policías se echan las manos a la cabeza con otra supuesta irregularidad. Las empresas tienen que acreditar que disponen de maquinaria para abrir una mina como la de Aznalcóllar (los camiones son gigantes). Minorbis asegura que Grupo México posee la maquinaria en América. "Dicho esto ha de deducirse que se tiene proyecto traer la maquinaria desde América por lo que surge la incógnita de si esa operación es rentable", afirman los policías en el informe. Los agentes se llevan otra sorpresa sobre la investigación del yacimiento minero. "Es muy llamativo que no se cite el tipo de sondeos que se van a realizar". Y también critican mucho cómo la mesa de contratación valoró el presupuesto de inversión. "Se considera que las cifras de inversión de Minorbis son más realistas que las de Emérita", la otra empresa que pujó por el contrato. "No obstante, parece que el presupuesto de Minorbis está fuera de toda lógica según los costes del sector. Por poner un ejemplo: la planta de procesamiento instalada por Matsa en 2014 (230 millones de euros) frente a lo que presupuesta Minorbis (87 millones de euros", afirma la UDEF. Este informe ya está en poder de la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que ahora tendrá que tomar decisiones. Por su parte, la Junta de Andalucía, con un gobierno todavía en funciones mientras siga el bloqueo a la investidura en el Parlamento, mantiene paralizada la adjudicación por orden de la presidenta en funciones, Susana Díaz, que así lo ordenó el día en que trascendió la noticia de la investigación judicial.