"Anteponemos las personas a las cifras económicas y protegemos y blindamos el Estado del Bienestar", ha subrayado la titular de Presidencia e Igualdad, quien también ha recordado el trabajo realizado por la Junta para afrontar dramas como el de los desahucios o las nuevas formas de exclusión social a través de una batería de planes extraordinarios y de emergencia.
Además de la atención prioritaria a las situaciones más graves que está provocando la crisis, Susana Díaz ha señalado el empleo y la reactivación económica como el eje principal de la gestión del Gobierno andaluz, además del mantenimiento de los servicios públicos esenciales frente a los recortes estatales y el cumplimiento de los objetivos de déficit público a través de unos planes de reducción del gasto que han evitado las privatizaciones y han salvaguardado al máximo el empleo público.
"Andalucía ha ahorrado sin recortar", ha remarcado la consejera para señalar que el gasto no financiero presupuestado de la Junta ha bajado 2.888 millones de euros y el gasto corriente otros 1.120; ha mantenido al cien por cien la oferta educativa y de salud; ha incrementado las becas y los programas de apoyo a las familias; ha garantizado la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes; ha puesto freno al copago farmacéutico de los pensionistas andaluces, y ha conseguido salvar del decreto estatal de las 37,5 horas semanales al 40% de los profesores interinos.
En un contexto de extrema limitación presupuestaria y de perspectivas económicas adversas provocadas por las políticas dominantes en España y Europa, el Gobierno andaluz de coalición ha dirigido sus principales decisiones a evitar la pérdida de más empleos, impedir que sigan pagando la crisis quienes menos han tenido que ver en su desencadenamiento y mantener las políticas básicas de cohesión social y apoyo a la innovación del tejido productivo.
Para conseguir estos objetivos, la Junta ha abierto su estrategia al máximo acuerdo político y social con iniciativas como el Pacto por Andalucía, cuyo núcleo económico es el acuerdo de concertación firmado el pasado 20 de marzo con la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos CCOO y UGT. A él se suman ya los pactos sectoriales por el Turismo (febrero de 2013), el Sector Agrario y el Mundo Rural Andaluz (marzo de 2013) y la Cultura (abril de 2013), además del que se suscribirá próximamente por la Igualdad.
Transparencia y diálogo
En su informe al Consejo de Gobierno, la consejera de la Presidencia e Igualdad también ha puesto de relieve el trabajo desarrollado durante el último año para avanzar en calidad democrática, especialmente a través de las nuevas leyes que se preparan para reforzar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y facilitar la participación directa de la ciudadanía en la política. Esta última ley se sumará a la reforma que en octubre del pasado año abrió la posibilidad, por primera vez en un parlamento autonómico en España, de que la ciudadanía defienda directamente iniciativas legislativas en la Cámara a través del denominado 'Escaño 110'.
Finalmente, Susana Díaz ha subrayado la voluntad de diálogo y lealtad institucional con el Gobierno de España, que ha ejemplificado en el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal pese a estar en desacuerdo con los criterios y los plazos de un proceso de reducción del déficit público que, a juicio del Gobierno andaluz, es injusto y discriminatorio al no tener en cuenta el criterio de población. En este sentido, ha recordado que el presidente Griñán ha solicitado al presidente del Gobierno impulsar un pacto nacional que refuerce los intereses de España y reclame ante la Unión Europea iniciativas de apoyo al crecimiento y no sólo de austeridad.
Planes contra el desempleo y la exclusión social
El primer año de la IX legislatura ha estado marcado por la emergencia social que ha producido el agravamiento de la crisis. A juicio del Gobierno andaluz, el efecto combinado de la reforma laboral –en vigor desde marzo de 2012– y de los duros ajustes impuestos por las políticas económicas hegemónicas en España y la Unión Europea ha sido determinante en el aumento del desempleo: en 2012 Andalucía perdió más empleos que en 2010 y 2011 juntos: 148.500 frente a los 147.000 del bienio precedente. Al comienzo de la crisis, en 2007, la comunidad presentaba la tasa de paro más baja de su historia.
Aunque la evolución del paro en el último año ha presentado diferencias con otras regiones (el crecimiento interanual de 2013 fue inferior al de comunidades como Madrid, Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha), sus efectos requieren una atención prioritaria. La oleada de expedientes de regulación de empleo ha afectado con especial virulencia a los colectivos más desfavorecidos, con un alarmante incremento del paro juvenil, de los desempleados de larga duración y del número de familias sin ingresos o con todos sus miembros sin trabajo. Las solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad se han duplicado desde el comienzo de la crisis y el número de hogares con todos sus miembros en paro y sin ningún tipo de ingresos pasó de de 33.200 en 2007 a más de 100.000 en 2012. A ello se suman las casi 86.000 familias afectadas por los desahucios desde el comienzo de la crisis y los drásticos recortes en el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que han supuesto una reducción del 68% de la financiación estatal entre 2011 y 2013.
Para hacer frente a esta situación y evitar que sigan siendo duramente castigados por la crisis los colectivos más vulnerables de la población, el Gobierno de coalición ha adoptado durante el último año una serie de iniciativas urgentes y extraordinarias.
La primera de ellas, el Plan de Choque por el Empleo en Andalucía, fue aprobada en julio de 2012 y destina más de 200 millones de euros a proyectos de iniciativa pública para paliar los efectos del empeoramiento del mercado laboral. Se dirige a los colectivos más afectados por la crisis, con especial atención a las personas desempleadas de larga duración y con cargas familiares que han agotado las prestaciones económicas. Su desarrollo generará más de 11.100 puestos de trabajo hasta diciembre de 2013, así como más de 500.000 jornales en el medio rural. Está integrado por tres conjuntos de medidas: obras en centros docentes (100 millones de euros), mejora de infraestructuras en el medio rural (90 millones) y rehabilitación de viviendas (11,3 millones y 1.445 familias beneficiadas). Una vez que finalice su vigencia, el Ejecutivo andaluz pondrá en marcha otro plan similar, con 200 millones de euros para obras en servicios públicos esenciales.
En febrero de 2013, la Junta aprobó un segundo conjunto de medidas extraordinarias para favorecer la creación de empleo, con una dotación de más de 500 millones de euros y 21 acciones centradas en los jóvenes, los parados de larga duración con cargas familiares y los territorios especialmente afectados por el desempleo. Su desarrollo supondrá la creación de 42.000 nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de 150.000.
Entre estas medidas destaca el Plan de Empleo Juvenil que recoge, entre otras iniciativas, la creación de 'bono de empleo' de 400 euros mensuales durante un año para jóvenes procedentes de la formación profesional y universitaria, en función de sus méritos, y la concesión de créditos blandos hasta 25 millones en incentivos para el autoempleo juvenil y la incorporación a empresas de economía social. Al presupuesto inicial del plan, 167,5 millones de euros, podrían sumarse los 243 millones adicionales derivados del presupuesto plurianual de la Unión Europea 2014-2020 para financiar el empleo juvenil.
Otras de las medidas acordadas en febrero son las que flexibilizan el Plan de Choque para incorporar a los desempleados del sector agrario; las nuevas iniciativas para eliminar obstáculos administrativos que dificultan la creación de empleo; los incentivos para primar los proyectos empresariales con mayor creación de empleo (150 millones de euros), y el refuerzo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras el recorte en un 57% de su financiación (800 millones de euros) por parte del Estado. En este último capítulo acomete la dotación de 117 oficinas (del total de 192) en las que se ha puesto de manifiesto la escasez de personal y la ampliación de los servicios del SAE con 310 plazas.
El Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía, aprobado en abril de este año, destina unos recursos adicionales de más de 120 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación, familias con todos sus miembros en paro y menores y personas mayores en riesgo de exclusión social. Esta cantidad se suma a los 74 millones ya consignados en los presupuestos de la Junta para 2013.
La norma, que adopta la fórmula de Decreto Ley por la situación de extraordinaria y urgente necesidad, se compone de tres grandes iniciativas: el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía (60 millones de euros); el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria (16 millones) y las modificaciones normativas para agilizar procedimientos relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad, que supondrán unas inversiones adicionales de 44 millones de euros a los 70 ya consignados en el presupuesto de la comunidad para 2013.
El Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía incluye un programa de ayudas a la contratación (40 millones para más de 47.000 contrataciones laborales de personas desempleadas en proyectos de iniciativa local) y otro para afianzar el Servicio de Ayuda a Domicilio. Este último se dota con 20 millones de euros para paliar los recortes estatales en el Sistema de Atención a la Dependencia. Por su parte, el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía se dirige principalmente a niños y personas mayores en riesgo de exclusión social.
'Desahucios y preferentes'
Otra relevante medida para la protección de los colectivos más castigados por la crisis ha sido el Decreto Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, aprobado en abril. Su principal objetivo es hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado en la comunidad autónoma: entre 700.000 y un millón de inmuebles, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias. La norma incluye un sistema de sanciones para los casos en que este patrimonio no se destine a arrendamiento, además de regular la posibilidad de expropiación, por un periodo máximo de tres años, del uso de los inmuebles inmersos en los casos socialmente más graves de desahucio.
El apoyo de la Junta a las familias afectadas por desahucios también se ha canalizado a a través de un servicio público y gratuito de asesoramiento y protección a las personas que no pueden hacer fente al pago de las hipotecas. Una iniciativa similar desarrollan los servicios autonómicos de consumo para las 400 reclamaciones recibidas en relación con los fraudes de las denominadas 'participaciones preferentes'. En este ámbito, la Junta ha intensificado la colaboración con la Fiscalía Superior de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Policía Judicial en las diligencias de investigación penal. Se han iniciado cuatro expedientes sancionadores contra entidades bancarias por la comercialización presuntamente irregular de este tipo de productos financieros. Paralelamente, se promueve la negociación con las entidades para alcanzar acuerdos satisfactorios tendentes a la recuperación de la inversión por parte de los adquirentes.
Finalmente, y en la misma línea de defensa de los colectivos más vulnerables, el Consejo de Gobierno aprobó en octubre de 2012 un decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para asegurar la protección sociolaboral de ex trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, entre ellas Santana, Delphi, Boliden Apirsa y Astilleros de Sevilla. De acuerdo con esta norma, la Junta de Andalucía asume directamente, y sin la intermediación de empresas aseguradoras, el pago de todas las ayudas sociolaborales que han sufrido demoras en su percepción.
Empleo y actividad económica
Además de los planes extraordinarios para paliar los efectos más graves de la crisis sobre los colectivos más vulnerables, el Gobierno andaluz ha dado continuidad a las medidas que venía desarrollando para reactivar el empleo y la actividad productiva.
Andalucía sigue manteniendo el mayor sistema autonómico de apoyo al tejido empresarial, con 1.300 millones de euros en fondos reembolsables, 250 millones para el Programa de Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial, y 98,8 millones para el fomento de la contratación estable, entre otras líneas de respaldo vigentes en 2013.
El Programa de Fondos Reembolsables ofrece ayudas en forma de préstamos ordinarios o participativos, avales y participaciones en capital en ámbitos como la economía sostenible, la internacionalización, la eficiencia energética, la industria cultural, el turismo, el comercio o las pymes agroalimentarias. En este año de legislatura se ha sumado un nuevo fondo de 25 millones para apoyar proyectos de economía social.
Por su parte, el Programa para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial, ampliado con 250 millones de euros hasta 2015, se ha readaptado para reforzar las prioridades de apoyo a las pymes y a los proyectos de mayor potencial de empleo. A lo largo de 2012 se aprobaron 1.083 proyectos que crearon 1.106 empleos. Desde el inicio del programa en 2008 la creación de puestos de trabajo certificada ha sido de 15.279.
Otra línea de apoyo al tejido productivo es la que permite financiar este año con 35,46 millones de euros los programas de fomento del empleo y la actividad empresarial de la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Administración autonómica. Esta programación facilitará la creación y el alta de más de 11.000 nuevas empresas y autónomos, con una previsión de unos 15.000 empleos (en 2012 se alcanzaron los 13.000). La Fundación gestiona en la comunidad autónoma 214 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), donde más de un millar de profesionales prestan servicios de formación, tutorización y asesoramiento técnico especializado. Esta red dispone de una amplia oferta de alojamiento gratuito en naves y oficinas, que evita los gastos derivados del alquiler o la compra de un local.
Asimismo, se amplió hasta el 31 de diciembre de 2013 la vigencia del Programa de Actuaciones Conjuntas de Naves en Espacios Productivos 2010-2012. La decisión permitirá agotar los 50 millones de euros de dotación total de esta iniciativa, que facilita a las pymes la compra de instalaciones de promoción pública y privada mediante ayudas de hasta el 40% sobre el coste total.
Apertura al exterior
En materia de internacionalización de las empresas, la Junta incrementó en 10 millones de euros el presupuesto de las ayudas para 2012, inicialmente fijado en 5,4 millones. La decisión permitió atender las 850 solicitudes recibidas y se justificó por el papel estratégico que la apertura empresarial al exterior juega en la situación económica actual, con un aumento sostenido de las exportaciones que triplica la media española en el último quinquenio. En este programa, la ayuda puede cubrir hasta el 100% de los intereses para las micropymes, el 80% para las pymes y el 60% para el resto de las empresas. Además, la Administración autonómica ofrece también un fondo reembolsable específico con 30 millones de euros.
En enero de 2013 el Gobierno andaluz modificó la normativa autonómica de comercio para preservar al máximo los intereses de las pymes. La adaptación a la nueva legislación estatal de horarios, recurrida ante el Tribunal Constitucional, se realiza de la forma menos lesiva para el sector, tras las medidas de liberalización impuestas por el Gobierno de España a favor de las grandes superficies. La principal modificación supone elegir la opción de mínimos de regulación de horarios y festivos de libre apertura que el Real Decreto-ley 20/2012, de medidas de estabilidad presupuestaria, deja a las comunidades frente a la liberalización total impuesta con carácter general. El Gobierno andaluz recurrió en septiembre ante el Tribunal Constitucional los artículos 27 y 28 de esta norma estatal, por vulneración de las competencias autonómicas.
En la misma línea, el Plan de Establecimientos Comerciales, actualmente en elaboración, reforzará las condiciones de integración urbana y territorial para la ubicación de grandes superficies de comercio minorista. Entre otros contenidos, incluirá medidas para asegurar el mínimo impacto sobre las pymes comerciales, que en Andalucía representan el 94% del total de establecimientos.
También en fase de elaboración se encuentra el Plan General de Turismo Sostenible 2012-2016, parte destacada del Pacto por el Turismo firmado el pasado 18 de febrero de 2013. Este acuerdo presta especial atención a impulsar la competitividad del destino Andalucía. Por su parte, el Plan de Acción 2013 de promoción turística de la comunidad prevé la realización de 391 acciones y aglutina por primera vez a los patronatos provinciales y a los agentes del sector.
En el ámbito del empleo destacan también los 70,2 millones de euros que se destinan este año a acciones de orientación e intermediación laboral. La iniciativa se canaliza a través de la Red Andalucía Orienta, integrada por 1.143 profesionales que atienden a casi 400.000 personas al año.
Por otra parte, la aportación autonómica al Plan de Fomento de Empleo Agrario se mantiene respecto a 2012, con una dotación de 78,5 millones de euros, si bien registra un aumento acumulado del 115% desde 2010. El pasado año, los fondos de la Junta hicieron posible el desarrollo de 2.000 proyectos y la generación de cerca de 2 millones de jornales.
Impulso a la innovación
Pese al carácter restrictivo del presupuesto de la Junta para 2013, las políticas de I+D+i han visto incrementada su dotación hasta alcanzar los 355,4 millones de euros. Esta atención prioritaria, que también se recogerá en la Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 actualmente en elaboración, pretende dar continuidad al incremento sostenido del gasto en I+D, que incluso durante los últimos cuatro años de la crisis económica ha duplicado el promedio del conjunto de España (11,5% frente al 6,3%). Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, este aumento ha favorecido un avance de cinco puntos en la convergencia tecnológica con el conjunto nacional, desde el 80,3% de 2001 al 85% de 2011.
En febrero de este año se inició la elaboración de la Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones, que garantizará antes del año 2020 el total acceso de la ciudadanía y las empresas a conexiones de internet de banda ancha rápida (más de 30 Mbps), así como el uso de la ultrarrápida (más de 100 Mbps) en el 50% de los hogares andaluces.
La nueva estrategia dará continuidad a los programas en la materia desarrollados por la Junta en los últimos cinco años, que han permitido aumentar en un 161% el acceso a internet de banda ancha hasta conseguir la conexión del 63,1% de los hogares andaluces, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Este crecimiento se sitúa por encima de los registrados durante el mismo periodo 2008-2012 tanto en el conjunto de España (128%) como de la Unión Europea (137%).
Otro hito destacado del último año en innovación ha sido la subvención de 19,9 millones de euros autorizada el pasado mes de enero a la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) para financiar proyectos de innovación empresarial previstos en el convenio suscrito en 2010 entre la Junta de Andalucía y el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación. Desde su constitución en 2005, CTA ha aprobado 443 proyectos de sectores estratégicos, a los que ha concedido más de 116 millones de euros en incentivos que han movilizado una inversión global de 364 millones. En estas iniciativas trabajan más de un millar de investigadores de todas las universidades andaluzas y otros centros, agrupados en 287 grupos de investigación.
Finalmente, la nueva convocatoria del programa de I+D+i Innterconecta pone a disposición del empresariado 50 millones de euros en ayudas a proyectos de colaboración público-privada de carácter estratégico y capacidad para generar empleo cualificado en sectores como la energía, el medio ambiente, la biotecnología o la agroindustria.
Educación
El mantenimiento del sistema público educativo andaluz frente a los recortes del Gobierno central ha sido la máxima prioridad del Gobierno de coalición en un momento en el que diversos indicadores han subrayado destacados avances en calidad y equidad: Andalucía ha reducido su tasa de abandono escolar 10 puntos durante los últimos cuatro años y está prácticamente en la media española de fracaso escolar, por delante de comunidades como Valencia, Baleares o Castilla-La Mancha. Además, por primera vez ha logrado superar a la media española en pruebas de comprensión lectora en Primaria y casi el 91% del alumnado continúa ya sus estudios después de finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.
Para afianzar estos avances, el presupuesto de la comunidad autónoma para 2013 concentra en la educación más del 32% del conjunto de partidas destinadas a las consejerías. La retirada de fondos estatales en numerosos servicios ha provocado que la Junta haya tenido que asumir su financiación en solitario. Este es el caso de las becas y ayudas a las familias, que se han incrementado en un 14% y colocan a Andalucía como la comunidad que más recursos dedica a este fin, frente a la reducción estatal de las becas en un 4%, el endurecimiento de la nota de acceso y el recorte o la supresión de programas como los escuelas infantiles o de gratuidad de libros.
Esta última medida, que tan sólo mantienen Andalucía y Navarra, ha supuesto cubrir un recorte estatal de 18 millones de euros, mientras que la oferta de escuelas infantiles se sitúa un punto por encima de la media nacional (hace cuatro años estaba un 14% por debajo). Para ello la Junta ha aportado en solitario 166 millones de euros.
Las bonificaciones de aulas matinales, comedores y actividades extraescolares han aumentado en 10 millones de euros hasta alcanzar los 80,7. Los comedores se ofertan en 1.539 centros, el mismo número que Cataluña y Madrid juntas, y dan servicio a más de 200.000 alumnos, de los que el 70% tiene algún tipo de bonificación y el 50% no paga nada. Las ayudas al transporte escolar (gratuito para más de 93.000 alumnos) han aumentado este curso en 12 millones de euros, hasta los 80. Asimismo, prosigue la oferta de enseñanza bilingüe, que hoy se imparte en 994 centros de enseñanza de la comunidad, y siguen operativas las becas 6.000 y Segunda Oportunidad (que facilita a jóvenes desempleados la reanudación de sus estudios).
El Gobierno central también ha dejado de financiar el proyecto Escuela TIC 2.0, que ha digitalizado más de 13.000 aulas en Andalucía. El sobreesfuerzo presupuestario de la Junta para mantener esta iniciativa ha permitido el reparto de unos 27.500 portátiles. Otro programa suprimido pero que sigue vigente en Andalucía por su importancia para garantizar la equidad del sistema educativo es el de Refuerzo, Acompañamiento, Orientación y Apoyo.
Defensa del profesorado
En la misma línea de defensa de la educación pública, la Junta decidió mantener este curso las ratios previstas por la Ley Orgánica de Educación (25 alumnos por clase en Primaria y 30 en Secundaria), desechando la opción de aumentarlas en un 20% abierta por la modificación normativa estatal. Ello ha permitido preservar 3.500 empleos de interinos docentes. Sin embargo, el obligado cumplimiento de otra modificación estatal, el incremento del horario lectivo, ha supuesto la no contratación de 4.502 profesores de Secundaria en Andalucía.
Las restricciones estatales, recogidas en el Real Decreto-Ley 14/2012, de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo, fueron objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional, admitido a trámite en septiembre de 2012.
Por otro lado, el Gobierno andaluz ha aplicado un mecanismo legal para poder duplicar, con plena seguridad jurídica, la tasa del 10% de reposición del profesorado que también impuso la Administración central. Esta medida ha permitido convocar 592 plazas, una oferta de empleo público que, aunque insuficiente, ha sido la mayor realizada en España en el ámbito de la educación.
En cuanto a las infraestructuras, Andalucía es actualmente la comunidad autónoma con mayor obra pública escolar licitada. Los proyectos se llevan a cabo a través del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía, que desde su inicio en 2011 ha hecho posible 172 ampliaciones de centros docentes, 537 reformas y 52 nuevas construcciones, con una inversión de 304 millones de euros y 8.000 empleos asociados hasta finales de 2013. Los puestos de trabajo que genera esta iniciativa corresponden fundamentalmente a personas desempleadas de larga duración y con cargas familiares.
Entre las novedades educativas del primer año del Gobierno de coalición destaca la puesta en marcha este curso del Instituto de Enseñanza a Distancia, que facilita el acceso a los estudios obligatorios, FP, Bachillerato e idiomas, a personas que en su día no culminaron sus estudios, trabajadores que quieren mejorar su cualificación profesional y desempleados que quieren optar al mercado laboral con más preparación.
La Junta ha reforzado la integración de las distintas modalidades de FP para crear una oferta más flexible, individualizada y conectada al mercado de trabajo. Con este objetivo se han traspasado las competencias en FP para el Empleo del SAE a la Consejería de Educación, que también gestiona la formación profesional reglada del sistema educativo. Este proceso de integración se inició en 2009 con un decreto que, además de fusionar las modalidades ocupacional y continua, incorporó los certificados de profesionalidad.
Universidades
Finalmente, la Junta ha cumplido con sus compromisos en el modelo de financiación de las universidades públicas, que además ha sido prorrogado hasta 2014 para garantizar la viabilidad de la oferta académica. La aportación autonómica alcanza en 2013 los 1.420,5 millones de euros.
Andalucía es la única comunidad autónoma que aplica este curso una tasa única en primeras y segundas matrículas, sin distinción por ramas de conocimiento. Asimismo, las universidades andaluzas aplican el precio más bajo del conjunto del sistema nacional y la Junta aplica un plan para compensar el incremento de tasas impuesto por el Gobierno central, con el fin de preservar el principio de igualdad de oportunidades. De este modo, la matrícula universitaria más cara en Andalucía cuesta mil euros menos que la más barata de la Comunidad de Madrid.
La Administración autonómica mantiene también el esfuerzo presupuestario en las becas Talentia (120 becas en la nueva convocatoria de 2013) y en la aportación autonómica a las Erasmus (15 millones en este curso).
Salud, bienestar social e igualdad
La defensa del sistema sanitario público y de las conquistas sociales, especialmente la atención a la dependencia, han sido el otro eje de la acción del Gobierno andaluz dirigida a preservar los logros del Estado del Bienestar frente a los recortes y privatizaciones.
Al igual que en la educación, el Gobierno andaluz subraya que ni un solo servicio ni prestación sanitaria o social se han perdido en la comunidad autónoma y además se han preservado al máximo los puestos de trabajo. La aplicación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la ampliación de jornada impuesta por el Gobierno central no se ha traducido en destrucción de empleo y en el desarrollo de la medida estatal se ha evitado el despido de 8.000 trabajadores eventuales que podrían haberse visto afectados de aplicarse de forma lineal el incremento de horas.
La Junta ha optado por otras líneas de ahorro, algunas de las cuales han encontrado serios obstáculos por parte del Gobierno central. Este es el caso de la selección pública de medicamentos, con el que el sistema sanitario público puede ahorrar más de 200 millones de euros al año y que ha sido recurrida por tercera vez por el Gobierno de España, pese a que el Tribunal Constitucional levantó la suspensión solicitada en las ocasiones anteriores.
Con el objetivo de optimizar recursos, la Consejería de Salud y Bienestar Social desarrolla de forma generalizada desde 2011 un sistema de contrataciones unificadas de ámbito provincial para servicios y compras de material, frente al anterior modelo diferenciado por centros y áreas sanitarias. Esta fórmula, a través de las Plataformas de Logística Sanitaria, supone un ahorro anual de 100 millones de euros. Por otro lado, la sanidad pública andaluza ahorra 300 millones de euros al año gracias a la extensión de las operaciones quirúrgicas sin ingreso hospitalario, que actualmente suponen ya la mitad de las que actualmente se realizan en la comunidad.
En el ámbito de la reorganización administrativa, la reducción de un 20% en el número de puestos de trabajo directivos (71) en los centros sanitarios y entes instrumentales del sistema sanitario público ha permitido un ahorro de 4,9 millones.
Mientras que el desarrollo de la Ley de Muerte Digna ha tenido sus principales hitos en el Plan de Cuidados Paliativos y en el nuevo programa de telecontinuidad y atención 24 horas, operativo desde junio de 2012.
Recurso de inconstitucionalidad
Los pensionistas andaluces no tienen que adelantar el coste de los fármacos, el denominado 'copago' impuesto a partir de julio de 2012 por el Real Decreto Ley de medidas Urgentes de Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Esta norma ha sido recurrida por vulneración de principios constitucionales e invasión de competencias autonómicas. El Gobierno andaluz considera que rompe el modelo del Sistema Nacional de Salud y no garantiza el derecho a la protección de todas las personas reconocido en la Constitución, y además ha cambiado el concepto de ciudadanos titulares del derecho a la salud por el de asegurados de un servicio. En contra de otra de las medidas discriminatorias recogidas en el Real Decreto Ley, Andalucía mantiene la asistencia sanitaria a los inmigrantes.
El sistema de innovación en salud se amplió en enero de 2013 con la creación del 'Biobanco' del Sistema Sanitario Público de Andalucía, una estructura en red que aglutina todos los bancos de sangre y tejidos con finalidad terapéutica, así como los biobancos de investigación de carácter público de la comunidad autónoma.
La convocatoria 2012 de ayudas a la I+D+i Biomédica financió con más de 4,6 millones de euros 105 proyectos de investigación, 11 de infraestruturas y 14 estancias formativas. Para la convocatoria de 2013 se destinarán 4,9 millones de euros. Además, en 2013 han sido seleccionadas 35 unidades de gestión clínica que verán reforzada su actividad investigadora con un total de 48 profesionales.
El primer año de legislatura se ha destacado también por importantes hitos en la atención especializada. Así, los hospitales granadinos han empleado, por primera vez en España, una técnica conservadora del útero que ha permitido ser madres a dos mujeres con cáncer de endometrio.
También se ha realizado con éxito el segundo trasplante de sangre de cordón umbilical de un bebé seleccionado genéticamente y se ha iniciado un ensayo multicéntrico pionero para fabricar e implantar córneas artificiales en pacientes con úlceras graves.
Dependencia
El sistema de atención a la dependencia se ha visto seriamente amenazado por los recortes estatales, que para Andalucía han supuesto una merma del 68% de la financiación en 2012 y 2013 (89 millones de euros en el primero de estos años y 125 millones en el segundo). Frente a ello, Andalucía es la única comunidad autónoma que financia íntegramente los contratos del personal de refuerzo para la atención a la dependencia y este año la Junta ha distribuido 10,3 millones de euros entre las entidades locales andaluzas para asegurar el servicio de 298 trabajadores sociales.
En Andalucía hay actualmente 251.080 prestaciones concedidas y 183.186 personas beneficiarias, lo que representa el 27% y el 25% del total nacional, respectivamente. Asimismo, 48.002 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, cifra que supone el 40% del conjunto de España (124.920). A ello se suman las 177.000 personas beneficiarias del Servicio de Teleasistencia, de las que 63.695 están en situación de dependencia (más de la mitad de las 127.294 registradas en España).
La Administración autonómica ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en 2006, lo que ha permitido crear alrededor de 50.000 puestos de trabajo. En los presupuestos de 2013 se consigna una partida inicial de 1.108 millones para la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía.
Además de las medidas adoptadas para preservar esta conquista social básica, la Junta ha aumentado este año en un 2% sus ayudas extraordinarias para las pensiones asistenciales y no contributivas. Desde 1989 la Junta viene aprobando este tipo de complementos de los que se benefician sobre todo personas mayores, enfermas o con discapacidad que carecen de posibilidades laborales. En el caso de las no contributivas de jubilación e invalidez, el Gobierno andaluz ya concedió ayudas adicionales en 1999 y entre 2003 y 2012.
En materia de igualdad entre hombres y mujeres, la financiación de los programas de empleo femenino se ha incrementado un 46% en 2013 respecto al año anterior. Asimismo, la Junta mantiene todos los recursos para la atención a las víctimas de la violencia de género y refuerza su dotación presupuestaria un 9% hasta los 14,5 millones de euros en 2013. Actualmente funcionan 78 centros de atención y acogida, con 471 plazas para personas que dejan sus hogares a causa de agresiones y amenazas. A esta red se suma el nuevo programa de atención psicológica iniciado en 2012 para menores que han sido víctimas de este tipo de violencia. Asimismo, se ha implantado un nuevo protocolo de actuación sanitaria diferenciada en urgencias.
Agricultura y medio ambiente
Defensa de las ayudas agrarias, freno a la destrucción del litoral y refuerzo del liderazgo andaluz en renovables, principales líneas de trabajo.
El debate sobre la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) ha marcado la legislatura en este ámbito, mientras que en el terreno medioambiental y urbanístico han destacado las nuevas normas y planes para la defensa del litoral andaluz. El avance hacia un modelo de economía sostenible encuentra también resultados positivos en los datos del liderazgo andaluz en las energías renovables.
Respecto a la reforma de la PAC, la Junta ha desarrollado una negociación con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y miembros del Parlamento europeo para llegar a una postura común ante la Unión Europea. De este modo, se han incluido algunas cuestiones de gran relevancia para Andalucía: la limitación de las superficies susceptibles de percibir pagos directos, la posibilidad de minorar el importe de los derechos en algunas superficies, la inclusión automática de los cultivos permanentes en el 'pago verde' y la cofinanciación del FEADER al 75% en regiones en transición.
Mantener una aportación en los niveles actuales, que supone entre el 20% y el 35% de la renta, es uno de los objetivos centrales del Acuerdo por el Sector Agrario y el Mundo Rural Andaluz, incluido en el Pacto por Andalucía y suscrito en marzo de 2013 por la Junta y las organizaciones profesionales agrarias. Andalucía recibe actualmente en torno a 2.000 millones de euros anuales, los que 1.600 millones corresponden a ayudas directas que complementan las rentas de más de 250.000 agricultores.
En 2012, y por cuarto año consecutivo, la Junta realizó un anticipo de las ayudas directas de la PAC para mejorar la liquidez financiera de los sectores agrícolas y ganaderos ante la actual coyuntura económica. De igual modo, adelantó 27,5 millones para asegurar las ayudas europeas al desarrollo rural ante la falta de pago del Gobierno. La medida, de carácter excepcional, evitó que se dejasen de invertir en Andalucía 261 millones de euros en 2012. Estas ayudas son el núcleo del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, que hasta la fecha ha hecho posible en Andalucía el desarrollo de más de 4.400 proyectos y la creación de más de 14.500 empleos (el 43% mujeres). Entre las más de 20 líneas de incentivos que incluye el programa, destacan las relativas al apoyo a los jóvenes agricultores, medidas agroambientales, asesoramiento a profesionales y modernización de explotaciones, regadíos e industrias agroalimentarias.
Otras ayudas destacadas han sido las concedidas para modernización de regadíos (23 millones en 2012) y de explotaciones agrícolas y ganaderas (18,9 millones). Además, durante el primer año de la legislatura 161 jóvenes se han instalado en la actividad agraria gracias a unos incentivos de 13,9 millones de euros.
En materia de infraestructuras destaca la finalización del Plan Encamina2, con obras de mejora en más un millar de kilómetros de caminos rurales de 505 municipios, con una inversión total de 76,8 millones de euros. El Programa de Mejora Forestal y Regeneración Medioambiental y Rural toma su relevo y promoverá la generación de empleo verde con una inversión de 90 millones de euros (70 para mejora de montes públicos, con una previsión de 390.000 jornales).
Defensa del litoral y liderazgo energético
El freno al deterioro del espacio litoral andaluz ha sido una las principales líneas de la política de sostenibilidad durante el primer año de legislatura. En noviembre de 2012 se aprobó un decreto ley para adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a las exigencias fijadas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Para desarrollar estas previsiones, actualmente se elabora el Plan de Protección del Corredor Litoral, que fijará los objetivos y criterios a los que habrá de atenerse el planeamiento municipal para la conservación y la revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como en todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de preservación. Mientras se redacta este documento, estará vigente la suspensión cautelar –recogida en el Decreto Ley– de los suelos urbanizables no desarrollados de los municipios litorales no adaptados al POTA.
En materia energética, destacan los datos que sitúan a Andalucía como líder nacional en aprovechamiento de las fuentes renovables, que actualmente aportan el 38% de toda la potencia eléctrica y el 33,5% de la electricidad que consumen los andaluces, frente al 6,6% de 2006. En relación con el consumo de energía primaria, la aportación de renovables representa el 15,8%, 4,6 puntos por encima de la media española. Asimismo, entre 2008 y 2012 Andalucía redujo su intensidad energética primaria. Es decir, para generar la misma riqueza la región emplea un 4% menos de energía, lo que indica un gran avance en eficiencia y en mejora de las competitividad de las empresas.
La comunidad autónoma ha superado ya los objetivos planteados por el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (Pasener 2008-2013) para todos los tipos de tecnologías. Las metas alcanzadas acreditan el liderazgo nacional de Andalucía, a la cabeza en las energías solar térmica de baja temperatura, termosolar y biomasa, así como en capacidad de producción de biocarburantes. La región también destaca en fotovoltaica (segundo puesto) y eólica (cuarto).
Actualmente se elabora la nueva Estrategia Energética de Andalucía, que establecerá las bases de la política de la Junta en ahorro y eficiencia, fomento de las renovables y desarrollo de infraestructuras hasta el año 2020. Asimismo, se han iniciado los planes de acción de energía sostenible de 37 municipios de la comunidad, que comprenden a una población total de 281.489 habitantes. Con una inversión asociada de 141 millones de euros, esta iniciativa impulsada por la Junta pretende reducir en 2020 el 25% de las emisiones contaminantes respecto a 2007 en estas poblaciones. Por su parte, el Programa Renove cuenta ya con más de 4.200 empresas colaboradoras y ha subvencionado con 17,9 millones de euros la sustitución de 148.654 electrodomésticos y equipos de aire acondicionado.
Otras medidas en el área de medio ambiente y agua han sido durante este año la elaboración del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático de Andalucía y del III Plan Andaluz de Agricultura Ecológica; el desarrollo de diez nuevos planes de recuperación de especies amenazadas; la continuación de los planes de defensa contra avenidas e inundaciones (casi dos millones de metros cúbicos de residuos en 605 cauces retirados en los últimos dos años), y las obras de emergencia llevadas a cabo en las provincias de Málaga, Granada y Almería para paliar los daños de las lluvias del otoño de 2012 sobre las infraestructuras hidráulicas y asegurar el abstecimiento de agua.
Justicia
En el ámbito de la Justicia, la principal novedad de la legislatura ha sido la entrada en servicio, a principios de este año, del Sistema de Interconexión de Consultas en los 370 órganos unipersonales de la jurisdicción penal. Este dispositivo, que se extenderá al resto de las jurisicciones, permite reforzar la coordinación y disponer y compartir de toda la información de los penados para evitar que se repitan casos como el de Mari Luz. Además, los juzgados andaluces han tramitado en lo que va de legislatura más de 7 millones de notificaciones por medios telemáticos a través de Lexnet, lo que convierte a la comunidad autónoma en líder nacional en el uso de de este sistema.
Otro de los ámbitos que ha recibido mayor impulso ha sido el de la mediación extrajudicial, como vía de reducción de la litigiosidad alternativa a la discriminatoria subida de tasas. La Administración autonómica ha reforzado durante el último año los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos en todos los órdenes jurisdiccionales. Destaca la labor del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, que sólo entre enero y noviembre del pasado año evitó la judicialización de 133 conflictos colectivos que afectaban a 78.670 trabajadores.
En el ámbito mercantil se están desarrollado experiencias de mediación en los juzgados de Cádiz y Sevilla, con la colaboración de los jueces y de las cámaras de comercio, mientras que el arbitraje penal se desarrolla actualmente en 16 órganos judiciales andaluces con la colaboración de entidades sociales. La vía extrajudicial también está regulada desde 2009 a través de la Ley de Mediación Familiar de Andalucía, cuyo desarrollo evita numerosos litigios en temas relativos a separaciones, divorcios y ejercicio de la patria potestad o la tutela, entre otros.
Tanto la nueva ley estatal que implantó las tasas judiciales como el Real Decreto Ley que la modificó sin alteral su contenido fundamental han sido recurridas por el Gobierno andaluz ante el Tribunal Constitucional. Obstaculización del acceso de la ciudadanía a la Justicia y vulneraciónn de los principios de igualdad y del derecho a la tutela judicial efectiva han sido los motivos. La Junta señala que las tasas son especialmente atentatorias en la jurisdicción social, ya que aumenta la desigualdad entre las partes, discrimina a los trabajadores en la defensa de sus derechos y eliminan el ordenamiento compensador de la superioridad del empresario en estos litigios. Asimismo, considera que el 'copago judicial' discrimina en el ejercicio de sus derechos a un amplio segmento de la población con rentas bajas, así como a las las pequeñas y medianas empresas.
Movilidad sostenible y vivienda
En materia de obras públicas, el Gobierno andaluz ha iniciado el proceso de revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2007-2013) para adaptarlo al objetivo de priorizar los proyectos de mayor rentabilidad social y medioambiental. Junto con esta reformulación, la Consejería de Fomento y Vivienda trabaja también en la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible.
En esta línea, la Junta trabaja en la elaboración del Plan Andaluz de la Bicicleta, que se aplicará en las áreas metropolitanas de la comunidad y tendrá como referencia el índice de uso de casi el 10% alcanzado en Sevilla. En esta ciudad se realizan actualmente más de 24 millones de desplazamientos a lo largo de sus 120 kilómetros de vías ciclistas.
Respecto a los proyectos de obra pública que se desarrollan actualmente, en materia ferroviaria continúan las obras del tramo entre Sevilla-Antequera (129 kilómetros), correspondiente al Eje Transversal de Andalucía. Los trabajos se han centrado en el subtramo Marchena–Antequera/Santa Ana, equivalente al 60% del trazado total. Durante el pasado ejercicio concluyó la práctica totalidad las obras contratadas entre Marchena y Antequera (77 kilómetros de plataforma, incluidas estructuras de conexión y preinstalaciones).
El Metro de Granada alcanza ya un porcentaje de ejecución del 80% de la obra civil. Las primeras pruebas de circulación dinámica de trenes se realizaron a principios de 2013 y la explotación comercial podría iniciarse en el primer semestre de 2014, mientras en la Bahía de Cadiz, el tranvía iniciará a finales de este año las pruebas de material móvil en el trazado urbano de San Fernando.
El proyecto del Metro de Málaga acumula una inversión realizada de 560 millones de euros hasta finales de 1012. Las obras de la Línea 2 (Palacio de Deportes-La Isla) alcanzan el 91% de ejecución, mientras que la 1 está al 83% y el tramo Renfe- Guadalmedina al 60%. En febrero de 2013 se iniciaron las primeras pruebas dinámicas con trenes en el tramo en superficie de la Línea 1 (Teatinos). Las previsiones de puesta en servicio de las líneas 1 y 2 hasta el Intercambiador El Perchel-María Zambrano apuntan al último cuatrimestre de 2013. La Junta ha presentado al Ayuntamiento una propuesta de diálogo en torno a la finalización de las obras del tramo Guadalmedina-Malagueta. a través de un metro en superficie que permitiría llegar, con los mismos recursos pevistos para la infraestructura subterránea, no solo hasta La Malagueta sino hasta El Palo. A juicio de la Administración autonómica, esta solución ofrece además la oportunidad de realizar una profunda transformación urbana en el corazón de la ciudad, con eje peatonal Larios-Alameda- zona portuaria.
Este año se completa la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía, integrada por las áreas metropolitanas de las ocho capitales de provincia y el Campo de Gibraltar. Con la última inclusión de Huelva, la red da cobertura a 195 municipios y beneficia a 5,39 millones de habitantes (más del 65% del total regional).
En materia de autovías destacan, entre otras obras, las de la variante de Albox en la Autovía del Almanzora, A-334; la duplicación de calzada en la A-491 (Rota-Chipiona), con un nivel de ejecución del 80%; el tramo 2 del Acceso Norte a Sevilla, y los tramos Variante de Baeza–N-322 y Enlace Oeste de Baeza-Enlace Norte Puente del Obispo.
Además de estos proyectos en autovías, se llevan a cabo obras de mejora de la red de carreteras a través del Plan Mas Cerca. Destacan las ya finalizadas de las variantes de El Rocío (Huelva), con una inversión de 16,2 millones, y El Cañuelo en la A-333 (Córdoba), con 3,97 millones. También se han reactivado obras de carácter prioritario como las del acondicionamiento y mejora de la A-2003, Jerez-La Barca; el soterramiento del acceso norte al Puerto de Garrucha (Almería), y la elevación de rasante en la A-393 en Espera (Sevilla) y la finalización de los proyectos de mejora de la A-339 (tramo Cabra-Priego de Córdoba-Almedinilla) y de la HU-9100, Encinasola–límite provincial con Badajoz. Finalmente, se han llevado a cabo obras de emergencia para reparar los daños de las lluvias torrenciales del otoño de 2012, principalmente en la red viaria de las provincias orientales.
Vivienda
La iniciativa más relevante en materia de vivienda ha sido el Decreto Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la función social, aprobado en abril con el fin de hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado en la comunidad autónoma: entre 700.000 y un millón de inmuebles, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias. La norma incluye un sistema de sanciones para los casos en que este patrimonio no se destine a arrendamiento, además de regular la posibilidad de expropiación, por un periodo máximo de tres años, del uso de los inmuebles inmersos en los casos socialmente más graves de desahucio.
El apoyo de la Junta a las familias afectadas por desahucios también se ha canalizado a a través de un servicio público y gratuito de asesoramiento y protección a las personas que no pueden hacer fente al pago de las hipotecas.
Junto con el Decreto Ley, el Gobierno de coalición promueve otras medidas dirigidas a reorientar los distintos programas existentes a la prioridad de atender a los sectores de población más desprotegidos y con menos recursos, a través del fomento del mercado de vivienda en arrendamiento y la promoción de la rehabilitación del parque residencial. Actualmente se elabora el nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación, que creará nuevas ayudas para personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.
En cuanto a la rehabilitación y renovación urbana, durante el último año se han llevado a cabo obras en más de 1.300 viviendas. Destacan los proyectos finalizados en San Martín de Porres, Córdoba (400), y en la ciudad de Cádiz (203), así como en Granada (Albaicín y Almanjáyar), Baza, Guadix y Jerez de la Frontera. Entre las obras de rehabilitación actualmente en ejecución, se incluyen las 100 viviendas de Marismas del Odiel (Huelva), las 333 del Parque Alcosa (Sevilla) y cinco edificios de diversas barriadas de Jerez de la Frontera. En Cádiz, la Junta desarrolla proyectos de rehabilitación de dos edificios singulares: la Casa Lasquetty y el inmueble anexo al Oratorio de San Felipe Neri.
Durante el primer año de legislatura han concluido también las obras de urbanización de nueve suelos residenciales con capacidad para 6.791 viviendas, con proyectos destacados en ciudades como Córdoba y Lucena. En ejecución se encuentran otros 15 suelos con capacidad para 9.461 viviendas. En terrenos industriales, destacan la finalización del polígono de Pulpí (Almería), con 18 hectáreas y una inversión superior a los siete millones de euros.
Cultura y Deporte
El Pacto por la Cultura, firmado en abril de 2013 y parte fundamental del Pacto por Andalucía, recoge programas de impulso a la competitividad e innovación de los creadores a través de su conexión con los parques científico-tecnológicos y las universidades andaluzas; el desarrollo de la ley autonómica de mecenazgo; la creación de escuelas de espectadores; la constitución del Consejo Andaluz de la Cultura, e iniciativas para la reducción del IVA cultural (actualmente del 21%). La futura Ley Andaluza del Mecenazgo incluirá, entre otras medidas, deducciones de un porcentaje del gasto en consumo de bienes culturales y servicios; fórmulas de microfinanciación a entidades sin ánimo de lucro y a la industria cultural, e incentivos fiscales a las donaciones de artistas a museos públicos.
Entre los principales hitos del año de legislatura, destacan la finalización del proyecto integral de restauración del Patio de los Leones de la Alhambra de Granada, que se abrió al público en julio de 2012, y la rehabilitación de la Sala de los Reyes. Otras intervenciones destacadas de conservación del patrimonio histórico han sido las restauraciones del Teatro Romano de Itálica y del Castillo del pueblo granadino de Moclín.
Durante el último año se han declarado 23 nuevos bienes de interés cultural. Entre ellos destacan los conjuntos históricos de Iznatoraf, Cambil, Guarromán, Santisteban del Puerto, Begíjar y La Iruela; zonas arqueológicas como las de la Cuenca de Orce, el Cerro del Oso, los Abrigos de Cabrera y el Dolmen del Tajillo y la Silera de Benamejí; y monumentos como el antiguo Monasterio de la Victoria, en El Puerto de Santa María (Cádiz), la Iglesia de la Anunciación, en Abla (Almería) o el Cementerio Inglés de Málaga. También se han reconocido como actividades de interés etnológico la Romería de la Virgen de la Cabeza, las escuelas Bolera y Sevillana de Baile; y como zona patrimonial, la Cuenca Minera de Riotinto-Nerva (Huelva).
A estas declaraciones se suma el reconocimiento por la Unesco en diciembre de 2012 de la Fiesta de los Patios de Córdoba como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
En materia de infraestructuras culturales, destacan los proyectos del Centro Andaluz de Creación Contemporánea de Córdoba, cuya finalización está prevista para este año, y de consolidación del antiguo Convento de la Trinidad de Málaga.
Otro de los elementos fundamentales para la cultura y la identidad andaluzas, la Radiotelevisión de Andalucía (RTVA), ha sido reforzado con la aprobación del contrato-programa que asegurará la estabilidad y la calidad del ente audiovisual, con una aportación de la Junta de 414 millones de euros (138 anuales).
Finalmente, la Junta ya ha redactado el anteproyecto de la Ley del Deporte, que actualizará la política de fomento de esta actividad para impulsar su carácter de yacimiento de empleo (actualmente casi 70.000 puestos de trabajo directos e indirectos) y de creación de riqueza (3,23% del Producto Interior Bruto regional). Entre otras novedades, se recogen medidas como la creación de la Comisión Andaluza Antidopaje; la protección y difusión del deporte de ocio y de competición no federado, y la regulación pionera en España del ejercicio profesional en el sector.
En coherencia con esta previsión, el Gobierno andaluz también ha aprobado ya el decreto que recoge la nueva regulación del Instituto Andaluz del Deporte (IAD) para incorporar a la oferta pública andaluza las enseñanzas deportivas en régimen especial de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, que actualmente cursan más de 1.000 alumnos en centros privados de la comunidad. Esta formación reglada que, posteriormente podrá extenderse a otros centros públicos, prepara al alumnado para actividades profesionales como la iniciación en la práctica y el entrenamiento o dirección de equipos y deportistas de alto rendimiento.
De acuerdo con los últimos datos del Consejo Superior de Deportes, la práctica deportiva es ya un hábito común del 37,6% de la población andaluza (más de 2,5 millones de personas), frente al 30% de principios de siglo. Las políticas de la Junta en esta materia han permitido extender una red de más de 14.000 instalaciones públicas, lograr que un millón de escolares hagan deporte al salir de clase y consolidar una estructura asociativa con 61 federaciones, más de 18.000 clubes y 600.000 licencias.
Reducción del gasto
En su balance del año de legislatura, el Gobierno andaluz ha subrayado su esfuerzo de reducción de gastos sin privatizar ni cerrar servicios públicos y manteniendo el máximo empleo público, pese a los obstáculos que han supuesto la caída de la financiación procedente de los Presupuestos Generales del Estado y la forma en que se han desplegado las medidas para reducir el déficit público en España.
El primero de estos escollos, que ha condicionado la elaboración de los primeros presupuestos del Gobierno de coalición, ha supuesto importantes pérdidas de recursos por el incumplimiento de los compromisos relativos a la Disposición Adicional Tercera del Estatuo de Autonomía (–681 millones de inversiones estatales en 2012 y 2013) (-681 millones en inversiones estatales en 2012 y 2013); la aplicación inadecuada del modelo de financiación autonómica (-890 millones), y la reducción en el Fondo de Compensación Interterritorial (-25,6%, 750 millones) y en las transferencias finalistas (-55,6% en 2013, los que supone 688,3 millones menos). Otras mermas destacadas han sido este año las del Fondo de Cohesión Sanitaria (-61%) y el Fondo de Suficiencia (-55,1%).
El segundo de los obstáculos ha estado motivado por la imposición de un objetivo de déficit injusto y discriminatorio a juicio del Gobierno andaluz. La posición de la Junta, expresada reiteradamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pone de relieve el perjuicio que, en relación con las comunidades de mayor renta, supone fijar este objetivo en función del Producto Interior Bruto (PIB) y no de la población.
De acuerdo con los cálculos de la Junta, con este segundo criterio Andalucía habría dispuesto en 2012 de un margen superior a 692 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que ha supuesto la desviación del objetivo acordado con el Estado (2,02 del PIB frente al 1,5% previsto). Además, en el mismo ejercicio el Estado no compartió con las comunidades autónomas el punto adicional de déficit otorgado a España por la Unión Europea. En 2013, el acusado desequilibrio en el reparto de los objetivos de déficit entre el Estado (3,8% del PIB) y las comunidades (0,7%), deja a Andalucía con un 24% menos de recursos por habitante que la media de las regiones españolas y con un 40% respecto a las de mayor renta.
Igualmente discriminatorios han sido, según la Junta, los criterios de distribución del Fondo de Liquidez Autonómica, al beneficiar a aquellas comunidades más endeudadas en detrimento de las que, como Andalucía, presentan unos niveles de deuda por habitante inferiores a la media nacional. El Gobierno andaluz ha reclamado, asimismo, la atribución a las comunidades de una parte de las subidas de impuestos, como la del IVA, ya que así está establecido en la Ley de Financiación Autonómica, y la liquidación de las obligaciones del Gobierno central ya reconocidas de 2009 y 2010, que en total suponen 1.504 millones de euros.
Reequilibrio financiero
Pese a los drásticos recortes en la financiación estatal y a la bajada de ingresos por la crisis económica (840 millones de euros en 2012), Andalucía redujo su déficit público el pasado año un 42,3% respecto a 2011, frente a la disminución del 26,5% en el Estado. En términos per cápita, el déficit andaluz es un 12% inferior a la media de las comunidades autónomas (338 euros frente a 383).
Para poder hacer frente a esta situación, la Junta aprobó en junio de 2012 un decreto-ley de medidas de reequilibrio que combinan aumentos de ingresos fiscales (1.000 millones) y de contención del gasto en la Administración (2.500 millones). Tanto en este plan de ajuste como en los presupuestos autonómicos, se han aplicado como principios básicos no contribuir a la destrucción de empleo y mantener el nivel de recursos destinados a políticas sociales, educación y salud. Así, las cuentas andaluzas para 2013 han dado continuidad al esfuerzo inversor realizado durante los años de la crisis, que ha supuesto una media del 3,7% del PIB desde 2008 y casi una cuarta parte del realizado por el conjunto de las comunidades autónomas.
Entre las medidas de contención del gasto, destaca la continuación de la reorganización de la Administración de la Junta iniciada en la anterior legislatura. El número de centros directivos se ha reducido en 294, lo que supone un 30% respecto a 2008 (un 50% en los servicios periféricos, gracias a la creación de las delegaciones territoriales) y un ahorro de 200,7 millones de euros en 2013.
La reorganización administrativa se ha llevado a cabo sin privatizar, reducir prestaciones o despedir empleados públicos. Así, la aplicación del incremento de jornada de trabajo a las 37,5 horas semanales impuesto por el Gobierno de España, y de obligado cumplimiento, se ha llevado a cabo mediante fórmulas que han evitado la destrucción de 24.000 empleos en el sector público andaluz.
Frente a los despidos, el Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014 prima, por el contrario, las medidas de reducción de gastos en coches oficiales, protocolo, alquileres de inmuebles, dietas y publicidad, así como del número de altos cargos y sus retribuciones, incluidas las del personal directivo de las entidades del sector público andaluz. Por el lado del aumento de ingresos, las principales medidas se han derivado del incremento del IRPF para rentas superiores a 60.000 euros; el impuesto de patrimonio para los contribuyentes con más de 700.000 euros; la tasa fiscal del juego; el impuesto de actos jurídicos documentados, y el impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos a la banda alta del gravamen autonómico.
Entre otros resultados, sólo en 2012 se logró una reducción del 11% en el gasto no financiero presupuestado inicialmente, lo que suponen 2.888 millones de euros (343 euros por habitante). El gasto corriente primario (sin intereses de la deuda) se redujo un 5,5 % (1.120 millones). Estos resultados se lograron haciendo frente a situaciones de esfuerzo adicional, principalmente por la bajada de la financiación estatal a la dependencia y por el incremento del IVA en los suministros sin que el Gobierno central haya compartido la recaudación.
