El Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, a petición de la Fiscalía, ha ordenado "librar oficio al Senado para que se certifique la situación actual" del alcalde de Tomares, senador en la pasada legislatura y número uno de la candidatura del PP a la Cámara Alta por Sevilla en las elecciones generales del 26 de junio, José Luis Sanz. A través de una providencia fechada el 10 de junio y recogida por Europa Press, el juzgado actúa "conforme a lo interesado" por la Fiscalía, y con relación a una pieza separada de la investigación inicial del contrato gracias al cual el exdelegado municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos (PP) percibió retribuciones municipales cuando no ostentaba acta de concejal, por informes de apenas dos o tres líneas que habrían sido supuestamente elaborados 'a posteriori', para justificar precisamente el dinero abonado. Todo se encuadra, como se ha señalado, en la investigación judicial relativa a la contratación del popular Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil del Ayuntamiento de Tomares, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al mandato 2007/2011. La oposición denunciaba que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori', para justificar precisamente el dinero abonado a Campos, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los pagos se habrían prolongado hasta 2009. Merced a esta causa fueron imputados el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la entonces concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; el propio Juan Campos; y la entonces concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez; así como también el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada Guerra 21. LA SITUACIÓN DE JOSÉ LUIS SANZ En determinado punto de la instrucción, la juez del Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada sobre los "indicios" a su juicio existentes contra el alcalde de Tomares y entonces senador por Andalucía, el popular José Luis Sanz, quien dada la condición de aforado sólo podía ser investigado por la citada instancia judicial. En abril de 2015, no obstante, el Tribunal Supremo archivó sus actuaciones respecto a José Luis Sanz al no apreciar delito por parte del alcalde tomareño y devolvió las diligencias al Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, para que dicha instancia siguiese con la investigación del resto de implicados no aforados, es decir Eloy Carmona, Juan Campos, Pilar Domínguez, Mercedes Fuentes, el vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y los dos representantes de la empresa Guerra 21. NUEVA CAUSA Previamente, por cierto, la citada instancia judicial, merced a la investigación inicial, había deducido testimonio e incoado una nueva causa, imputando de nuevo al concejal de Presidencia, Eloy Carmona; el entonces concejal de Deportes y otrora responsable de Hacienda, José María Soriano; y el entonces concejal de dicha área, Miguel García de la Rosa, por un presunto delito de cohecho relacionado con la supuesta contratación de trabajos no justificados y sobre los que no mediarían "informes". Pues bien, a partir de ese punto, el pasado 9 de junio la Fiscalía pidió al Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla que "se libre oficio al Senado para que certifique la situación actual de José Luis Sanz y si por el mismo se ostenta en la actualidad la condición de aforado por ser senador electo o miembro de la Comisión Permanente del Senado", pues a día de hoy las Cortes Generales están disueltas. Al día siguiente, y mediante una providencia relativa a la pieza separada de la investigación del contrato de Juan Campos, la juez instructora aceptaba la petición de la Fiscalía y ordenaba "librar oficio al Senado para que se certifique la situación actual" de José Luis Sanz.