La precampaña electoral, como también lo hará la propia campaña, coincide con los actos que recuerdan la aprobación en Cádiz de la Constitución de 1812. En ella, en su art. 12, se consideraba que la religión de la nación española “es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera”, con una redacción algo más radical e intransigente del contenido del proyecto inicial. Aquel artículo sirvió para que muchos clérigos, casi siempre coincidentes con las corrientes absolutistas, hiciesen una defensa del texto constitucional en función de su contenido religioso.


 Así lo podemos comprobar en muchos de los folletos que vieron la luz en Cádiz en aquellos años, como por ejemplo el del dominico Fr. Antonio Miguel Yurami, que en 1812 escribía que “no hay ni puede haber leyes que sean contra la religión católica, apostólica romana, no hay leyes en España que fomenten el cisma en la iglesia de Dios”. Y también el cardenal Luis de Borbón, arzobispo de Toledo, en 1813 hacía una defensa del citado artículo constitucional en una “exhortación a los fieles”, y afirmaba: “Esta es la ley fundamental y esencial del Estado, y no puede dejar de observarse sin destruir la misma Constitución. No puede haber un solo español que no sea católico. La autoridad eclesiástica a quien corresponde juzgar de la fe, declarará qué personas no están en su comunión, y desde este momento ya no pueden vivir entre nosotros”.

Han pasado doscientos años desde el texto gaditano, así como de los folletos citados, y sin embargo la iglesia católica se mantiene constante en sus planteamientos, si bien con algunas salvedades propias de las circunstancias actuales, y gracias a que el texto constitucional de 1978 no coincide en lo confesional con el de 1812. Porque los obispos andaluces han hecho públicas sus “orientaciones generales a los católicos” de cara a los próximos comicios del 25 de marzo. Allí realizan un llamamiento para que se vote en contra del derecho de las mujeres, si bien lo disfrazan como que están a favor de la vida humana (como, por otra parte, lo estamos todos los demócratas); también condenan la eutanasia, si bien hay que recordar que no se entiende esa declaración, puesto que en España la legislación no permite su práctica; después atacan el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo, y por último apelan a la defensa de que en la enseñanza pública se mantengan las clases de adoctrinamiento católico, aunque en este apartado lo planteen como una defensa de la libertad de enseñanza, que nadie ha puesto en cuestión, que todo el mundo tiene garantizada, y ningún padre podrá decir que sus hijos no han recibido la enseñanza religiosa por la que opten.

Los obispos andaluces han mostrado su opción política, y quizás algunos recuerden que en las primeras elecciones autonómicas de 1982 los empresarios andaluces se pronunciaron en contra de las opciones de izquierda, y ello tuvo un efecto opuesto al que se perseguía. Quizás ahora pueda pasar lo mismo. Los posibles nuevos votantes del PP deben saber que optan por soluciones clericales a lo que no son sino cuestiones de orden social y político. No estaría de más recordar aquel artículo de Mariano José de Larra (“Dios nos asista”) en el que señalaba sobre el encabezamiento dela Constituciónde 1812: “En ella hablan las Cortes en nombre de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo: gran principio para una novena, Buena es la devoción, pero a su tiempo”. Ahora, podríamos decir que buenas son las creencias, pero en su ámbito, no para imponerlas a quienes desean tener libertad para decidir sobre su vida, su moral y sus costumbres.