Las tres derechas que cuentan con mayoría en la Cámara andaluza no tenían necesidad alguna de forzar los usos parlamentarios citando, a 72 horas de unas elecciones, a tres expresidentes autonómicos y una ministra a declarar en la comisión de investigación sobre las irregularidades cometidas en extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

No tenían necesidad de hacerlo, pero lo han hecho. Y lo han hecho pensando que el paseíllo de ex altos cargos socialistas podía darle réditos electorales.

Las cosas no han salido, sin embargo, como la codicia electoral de PP, Ciudadanos y Vox había imaginado. El expresidente Manuel Chaves ha acudido a la comisión, pero se ha acogido a su derecho a no declarar y a continuación, alegando la falta de neutralidad del Parlamento, se ha marchado, sin quedarse a escuchar las preguntas que iban a hacerle los parlamentarios. La sesión se ha suspendido.

Bronca contraproducente

El portazo de Chaves ha enrabietado a su vez al bisoño presidente de la comisión, el diputado de Ciudadanos por Jaén Enrique Moreno, que, entre forcejeos dialécticos con el veterano exdirigente socialista sobre si tenía o no tenía el uso de la palabra, ha llegado a cerrarle el micrófono.

La bronca política ha sido de tal magnitud que ha acabado arruinando el arranque de una comisión que, con elecciones o sin ellas, dará políticamente mucho de sí porque, entre otros extremos, examinará cómo fue posible que uno de los directivos de la entidad investigada pagara, con una tarjeta oficial, casi 15.000 euros en una sola noche en el club de alterne de Sevilla Don Angelo.

Ocurrido en marzo de 2010, el suceso avergüenza, desde luego, a los socialistas andaluces, pero no exime a los responsables autonómicos de entonces de la responsabilidad política de que una conducta tan sonrojante hubiera tenido lugar bajo su mandato.

Otras ausencias

El mal comienzo de los trabajos de la comisión con el desaire de Chaves tenía unas horas después su continuidad con la incomparecencia del expresidente José Antonio Griñán, que, al igual que su sucesora en el cargo Susana Díaz, alegó no haber recibido la citación del Parlamento. Parece obvio que ambos habrían hecho todo lo posible por no recibirlas. 

Si las derechas estaban decididas a forzar a tres días de las elecciones las comparecencias de ex altos cargos socialistas, estos no lo estaban menos a aguarles a sus adversarios el festín electoral. La víctima, en cualquier caso ha sido el Parlamento, cuya dignidad se ha visto innecesariamente menoscabada.

Cabreo en la derecha

Para Ciudadanos, los socialistas “se han reído de los andaluces, dando un espectáculo bochornoso”; pero “no se van a reír dos veces”, advertía una encorajinada Teresa Pardo, portavoz naranja en la comisión.

Más lejos ha llegado el portavoz parlamentario de la extrema derecha, Alejandro Hernández, que ha adelantado que su grupo acusará formalmente a Chaves de un delito de desobediencia al entender que ha vulnerado el artículo 502.1 del Código Penal.

En parecidos términos pero con algo más de cautela se pronunciaba el portavoz del Partido Popular, José Antonio Nieto: "Vamos a estudiar qué tipo de actuación se puede desarrollar y si es viable algún tipo de iniciativa jurídica".

El precepto legal citado por Hernández dice textualmente esto:

“Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

La conducta de Chaves no se acomodaría del todo a lo descrito en el Código Penal, ya que el expresidente sí ha comparecido, pero, tras apelar a su derecho a no declarar, ha decidido no quedarse a escuchar las preguntas de sus señorías. En otras ocasiones sí ha habido comparecientes que se negaron a declarar, pero permanecieron en su asiento hasta que los diputados terminaron de formular sus preguntas.

Indignación en la izquierda

Pero si enfadados estaban PP, Cs y Vox, no menos indignados estaban los socialistas. Para sus representantes en la comisión Rodrigo Sánchez de Haro y Juan Pablo Durán, las derechas han hecho un uso “torticero” del Parlamento, burlando el acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces de suspender toda actividad parlamentaria durante la campaña electoral.

Nada en el Reglamento de la Cámara –advertía Durán, que fue presidente de la misma– autoriza a incumplir los acuerdos ni situarse por encima de la Mesa y la Junta de Portavoces.

Su compañero Sánchez de Haro ha decidido ir bastante más allá llamando “macarra político” al presidente de la comisión, Enrique Moreno, cuyo estreno en estas lides no ha sido, ciertamente, muy lucido, aunque la investigación parlamentaria durará lo suficiente para que pueda enmendar su actuación de hoy y, sobre todo, enderezar el errático rumbo inicial de la comisión.