¿Respiran tranquilos en la calle Génova tras confirmarse que Mercedes Alaya no será la instructora del comprometido caso Caja B del PP, tras quedarse sin opciones para ocupar la plaza vacante del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional?
Es difícil saberlo, dadas las simpatías que la juez de los ERE siempre ha despertado en el PP al haber instruido con éxito el caso andaluz de los ERE, que ha llevado al banquillo a toda un generación de políticos socialistas, algunos de los cuales pueden acabar en prisión si el Tribunal Supremo confirma la dura sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla.
Esa plaza de juez titular del juzgado central 5 la ocupará Santiago Pedraz, tras dejarla vacante su compañero José de la Mata. Pedraz lleva ya semanas ocupándose del caso como instructor provisional: de entrada, quiere conocer al detalla los contratos por valor de aproximadamente 570 millones firmados el Gobierno de José María Aznar con uno de los donantes del PP entre 2002 y 2004. Javier Arenas estaba entonces en la sala de máquinas del partido.
Según el esquema de instrucción de Alaya, avalado por la Fiscalía, el caso ERE fue posible porque un elevado número de altos cargos, entre ellos los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, autorizaron o mantuvieron un sistema ilegal de concesión de ayudas que en ningún caso podrían haber implementado en solitario no ya el director general de Empleo, el fallecido Javier Guerrero, sino tampoco los consejeros de Empleo sin la orden o la connivencia de San Telmo y la Consejería de Economía.
Fue la más alta jerarquía de la Junta la que hizo posible la prevaricación y malversación continuadas de cientos de millones de euros, sostenían Alaya y la Fiscalía y confirmaba el tribunal de la Audiencia de Sevilla. El Supremo dirá si fue así.
Pues bien, si el caso ERE se produjo, según la justicia, porque así lo decidió o lo consintió la Presidencia de la Junta, resulta imposible creer que los casos Kitchen, Caja B del PP o caso Bárcenas en general pudieran haber tenido lugar sin la autorización expresa de quienes dirigían el partido o el Gobierno de España: José María Aznar, Mariano Rajoy, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas o María Dolores de Cospedal.
El buen nombre de la justicia española depende, sin duda, de cómo afronte las andanzas financieras del rey emérito juan Carlos I, pero también de hasta dónde sea capaz de llegar en sus investigaciones sobre la trama político-empresarial que permitió al PP acopiar millones de euros ilegalmente durante años.
