Lo que para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, es “una iniciativa muy positiva, ya que permite el aprovechamiento de la playa durante todo el año”, para el grupo municipal de Ciudadanos que denunció el caso y para el propio juzgado que lo instruye hay indicios de prevaricación y malversación en la decisión del alcalde, José María González ‘Kichi’. Este jueves el alcalde de Podemos tendrá que declarar en el juzgado 3 como investigado.

La denuncia

Lo que los concejales de Ciudadanos Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo denunciaron y la justicia intenta esclarecer es la posible ilegalidad del decreto del alcalde por el que se transmitía la titularidad de la concesión de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre a los propietarios de los chiringuitos.

Los concejales de la oposición interpretan que se otorgó esa concesión “forma gratuita y arbitraria sin pedir contraprestación alguna”, lo que habría supuesto es evidente menoscabo del patrimonio municipal.

La denuncia, presentada en julio pasado, sostenía que la concesión administrativa autorizada por el alcalde mejoraba significativamente las condiciones de que disfrutaban los empresarios que explotan los chiringuitos. Para estos, en cambio, representados por la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA), el caso tendrá poco recorrido porque el procedimiento de concesión se realizó “respetando escrupulosamente la legalidad”.

Para AECCA hay informes jurídicos que avalan el decreto del alcalde y en ciudades como Málaga se siguió un procedimiento parecido al de Cádiz.

El decreto

El origen del caso –que puede conducir al alcalde al banquillo si la causa prospera– es el decreto de la Alcaldía de noviembre de 2017 mediante el cual intentaba acabar con un embrollo administrativo que arrancó en 2014 al propugnar los titulares de los chiringuitos que sus contratos fueran mejorados de acuerdo con lo que estipulaba Reglamento General de Costas: mayor superficie de las instalaciones, apertura no solo nueve meses sino doce meses el año y la ampliación de los acuerdos de 15 a 30 años.

Los denunciantes no dicen que eso no se pueda hacer, sino que para hacerlo se debía de haber convocado un nuevo concurso público. Al no convocarlo, el alcalde habría favorecido ilegalmente a los beneficiarios de la concesión y cometido, por tanto, “un fraude de ley”.