El PSOE ya habla de una “Gürtel andaluza” para referirse a la investigación de un juzgado de Almería por supuestos cobros ilegales de una constructora de la provincia vinculada a la financiación irregular del PP y en la que ha sido citada como investigada (antes imputada) la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. En el pasado, cuando un político de otros partido resultada investigado o imputado el PP pedía su dimisión inmediata.

El pacto de gobierno suscrito en Andalucía entre PP y Cs dice textualmente respecto de las imputaciones judiciales: “Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial”. 

Crespo fue presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente Almeriense, entidad que habría estado implicada en la gestión de subvenciones al Ayuntamiento de La Mojonera por la construcción de un museo de la Agricultura que fue concedido a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que estaba constructora Hispano Almería SA, sobre la que se investiga desde hace varios años por supuestos pagos de comisiones.

Crespo está citada para el próximo 8 de abril, aunque no es probable que su comparecencia se haga efectiva ya que al ser consejera tiene la condición de aforada y su presunta implicación en la trama deberá ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La jueza Ana María Vico investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y organización y grupo criminal en una serie de municipios almerienses gobernados por el PP en la provincia de Almería.

Según un detallado informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Guardia Civil, la constructora Hispano Almería habría pagado a técnicos municipales y cargos políticos del PP de Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Vícar, La Mojonera y Diputación de Almería, unas mordidas se utilizaron posteriormente para financiar campañas electorales del PP de Almería, liderado por entonces por Gabriel Amat, también alcalde de Roquetas de Mar.