La técnica propagandística no es nueva ni, por supuesto, exclusiva del Gobierno andaluz: consiste en publicitar como ayudas públicas lo que son únicamente avales para que las empresas puedan endeudarse con la banca pidiendo créditos que tendrán que devolver.

Los eventuales beneficiarios del grueso de las ayudas anunciadas ayer por los consejeros Juan Bravo y Rogelio Velasco podrían decirles a ambos lo mismo que semanas atrás le decía el portavoz de la Junta a la ministra de Hacienda al autorizar esta al Gobierno andaluz a aumentar en dos décimas su techo de déficit, en vez de transferirle los 537 millones de euros adeudados por el IVA de 2017: 

“Le decimos alto y claro a la ministra que no aceptamos esas medidas paliativas. No aceptamos la propuesta de aumentar el déficit para endeudarnos más. No vamos a permitir que nos obliguen a pedir un préstamo a los bancos: que no”.

En efecto, Bravo y Velasco anunciaron ayer “un primer paquete de medidas urgentes que movilizará unos 1.000 millones de euros para hacer frente a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19 en Andalucía”.

Desglose de los 900 M€

El decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión de ayer incluye, por una parte, “actuaciones de apoyo financiero a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que supondrán la movilización de 900 millones de euros para respaldar su actividad”.

Los 900 millones “movilizados” se desglosan en dos grandes capítulos: 600 millones de euros en préstamos cubiertos por instrumentos de garantía, pero solicitados y adeudados por las pymes que los soliciten a los bancos; y 270 millones más en impuestos cuyo pago se pospone al ampliarse el plazo de presentación y pago de tres meses adicionales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

‘Llevar el caballo al agua’

A su vez, la información oficial difundida por la Junta desglosa en dos capítulos esos 600 millones de euros en “préstamos cubiertos por instrumentos de garantía”: el primero, “una subvención de hasta 36 millones de euros a la sociedad de garantía recíproca Garántia para avalar operaciones financieras a pymes y autónomos por importe de hasta 500 millones de euros”; el segundo, avales para dar respuesta a las necesidades de las empresas, destinando 20 millones a la línea Andalucía –del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico– que “tendrán un efecto multiplicador por cinco, de manera que posibilitará la concesión de préstamos por parte de las entidades colaboradoras por un volumen de hasta 100 millones de euros dirigidos a las pequeñas y medianas empresas y autónomos”.

Como explicaba en un artículo reciente el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Juan Torres, a propósito de la pobre incidencia que está teniendo la rebaja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, “como suele decirse, la política monetaria a través de cambios en los tipos de interés puede llevar el caballo al agua, pero no puede obligarle a beber. Es decir, puede abaratar el gasto, pero no obliga a gastar”.

El PSOE de Andalucía exigió ayer al presidente de la Junta “rigor, información y transparencia sobre la cuantía y novedad de los recursos aprobados esta tarde por el Consejo de Gobierno andaluz para intentar paliar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus en Andalucía”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, sospecha que “el Gobierno andaluz no ha hecho más que agrupar ayudas o fondos ya existentes, a los que ha sumado una estimación de posibles préstamos bancarios por importe de 600 millones de euros, sin saber si se producirán realmente o no. Vigilaremos lo que se publique en el BOJA”.

Otras medidas

También recoge una dotación de 100 millones para activar el ya anunciado fondo de contingencia sanitaria, si bien la Junta tiene ahí las espaldas cubiertas ya que el Gobierno de España ha comprometido el adelanto a las comunidades autónomas de 2.800 millones de euros precisamente para combatir el coronavirus, dado que tienen transferidas las competencias en materia de sanidad.

Los 100 millones de este capítulo irán destinados “a la sustitución de sanitarios afectados por el contagio, al refuerzo de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), así como a la compra del material y equipamiento necesarios”.

El Gobierno andaluz también se ha comprometido, según aseguró ayer el vicepresidente Juan Marín, a no suspender los pagos a las empresas contratadas por la Administración a pesar de que éstas no puedan desarrollar sus actividades con motivo del cierre parcial de dependencias administrativas o entes instrumentales de la Administración autonómica, “siempre que la empresa acredite la permanencia de la plantilla en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que dure la suspensión”.

Una voz de alarma

Sin embargo, la edición andaluza del diario El Mundo revelaba ayer el contenido de la carta que una de esas empresas, que presta servicios en centros educativos de la provincia de Almería, había enviado a sus trabajadores, anunciándoles el fin del contrato y su baja en la Seguridad Social.

Según el rotativo, en el correo electrónico recibido por Rebeca Fernández, que trabaja como profesora de apoyo docente en un instituto de Adra, se señala lo siguiente: "Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación, le comunicamos que desde el día de hoy, 16 de Marzo de 2020, quedan canceladas las actividades extraescolares en todos los centros educativos de Andalucía hasta nuevo aviso". "Por tanto, las actividades que venías prestando a través de esta empresa quedan canceladas hasta nuevo aviso y procedemos a tramitar la baja de tu contrato".