La Junta de Andalucía ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del consejero de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos Gómez Villamandos, según se recoge en el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El luto oficial durará hasta las 24 horas del viernes 5 de junio. A lo largo de estos días, la bandera de Andalucía ondeará a media asta en todos los centros y edificios públicos dependientes de la Junta.
El consejero ha sido, según se expresa en dicho decreto, "un claro ejemplo de compromiso con la Universidad y con el conjunto del sistema andaluz del conocimiento, por cuyo desarrollo trabajó incansablemente con una amplia visión de futuro". Además, el texto destaca a Gómez Villamandos como "un gran servidor público, dotado de una extraordinaria capacidad de trabajo, un marcado optimismo y abierto al diálogo y a la búsqueda de acuerdos en favor del conjunto de la comunidad universitaria y científica en particular, y de la sociedad andaluza en su conjunto".
Villamandos deja como legado "avances decisivos" para la mejora del conjunto del sistema andaluz del conocimiento, destacando, entre ellos, la aprobación de la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), y el nuevo impulso al ecosistema innovador y tecnológico de la comunidad autónoma. En este sentido, dejó encarrilado el proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA), cuyo deseo era aprobar al inicio de la nueva legislatura, destaca la Junta.
Fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e Innovación por el presidente de la Junta de Andalucía en julio de 2022. Durante su etapa al frente de la Consejería impulsó una profunda transformación del sistema universitario y científico andaluz, dejando sentadas las bases del futuro.
Entre sus principales hitos destacan, además de la aprobación de la nueva Ley Universitaria para Andalucía," el refuerzo de la financiación de las universidades públicas, la mejora de las condiciones laborales del conjunto del personal universitario y la ampliación de la nueva oferta académica de la educación superior andaluza, dejando implantado el Grado de Medicina en todas las provincias andaluzas. Asimismo, puso siempre en el centro de sus prioridades políticas al estudiantado, con especial sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables".
En materia de investigación e innovación, el Ejecutivo andaluz asegura que el consejero promovió inversiones de calado en proyectos científicos, "infraestructuras estratégicas y emprendimiento, favoreciendo además la incorporación de centenares de investigadores y técnicos al sistema andaluz de I+D+I y dando especial protagonismo al ecosistema tecnológico andaluz a través de los parques científico-tecnológicos, los centros tecnológicos y el tejido productivo. Desarrolló, además, la primera política de clústeres de innovación en Andalucía".
Gómez Villamandos llegó al Ejecutivo autonómico tras su etapa al frente del Rectorado de la Universidad de Córdoba (2014-2022) y de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (2019-2022). Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas (Facultad de Veterinaria). Fue Premio Extraordinario de Licenciatura (1986). Doctor en Veterinaria por la Universidad de Córdoba (1988). Premio de Difusión de Temas Agrarios y Pesqueros de la Comunidad Autónoma de Canarias. Diplomado por el European College of Veterinary Pathologist (1998) y Diplomado en Alta Dirección de Universidades (2008). Estancias en la Tierärztliche Hochschule Hannover y en el Centro de Alta Seguridad Biológica en Sanidad Animal (CISA-INIA). De 1988 a 1992 fue profesor de la Facultad de Veterinaria de las Palmas de Gran Canaria, de la que fue secretario académico.
Una Ley universitaria rechazada por los rectores
La aprobación de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), pese a que el PP lo considera como el mayor éxito del legado de Villamandos, consumó un choque frontal entre la Consejería liderada por el consejero recientemente fallecido y los rectores de las instituciones públicas. Agrupados en la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), los máximos responsables académicos mostraron su rechazo al texto definitivo, advirtiendo de que la nueva normativa supone un ataque directo a su autonomía universitaria. El nivel de alarma fue tal que Francisco Oliva, presidente de la AUPA, llegó a denunciar en sede parlamentaria que la norma implicaba una "injerencia política" inaceptable y que varios de sus artículos "bordeaban la inconstitucionalidad" al invadir competencias exclusivas de los campus.
El núcleo del conflicto residió en lo que la comunidad universitaria percibió como una ruptura de lo acordado. Los rectores denunciaron que el documento final que el Gobierno andaluz llevó a la Cámara autonómica para su aprobación difería en algunos aspectos fundamentales del borrador que ellos mismos habían evaluado y respaldado un año antes. Esta modificación unilateral del texto final provocaba, a ojos de los representantes académicos, un intento de la Junta por aumentar el control fiscal y político sobre la planificación y el funcionamiento interno de las universidades.
Entre las medidas que mayor polémica suscitaron destacan la imposición de un interventor externo obligatorio en las instituciones públicas, una figura que los rectores entendieron como una limitación a su independencia financiera. A esto se sumó la crítica hacia una "doble vara de medir" en la ley, ya que mientras a las universidades públicas se les exige un "estricto" cumplimiento en materia de transparencia, transferencia e investigación, las exigencias son notablemente más laxas para las universidades privadas, a las que paradójicamente la LUPA otorga nuevos derechos, como la entrada con voz y voto en el pleno del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria.
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