El juez instructor dará inicio este próximo jueves, 4 de junio, a la ronda de declaraciones de los principales investigados en el denominado 'caso Mascarillas', un macroproceso judicial que indaga en una presunta red de corrupción institucional, cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales orquestada desde el seno de la Diputación Provincial de Almería. Tras el aplazamiento de la primera jornada, decenas de imputados comenzarán a desfilar por los juzgados en un calendario que se extenderá durante las próximas semanas.
La investigación, que arrancó focalizada en un contrato de emergencia durante la pandemia, ha derivado en una causa mucho mayor. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han situado como presunto eje central de la trama al expresidente de la institución provincial y "hombre fuerte" de Moreno Bonilla en Almería, Javier Aureliano García.
Según las diligencias, la UCO sospecha que García habría utilizado dinero negro procedente de las mordidas para sufragar gastos personales, incluyendo el pago de su propia vivienda. Los investigadores sostienen que Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación y uno de los presuntos cabecillas detenidos en la primera fase de la operación, habría sido el encargado de entregar parte del dinero en metálico al entonces presidente, según los informes. Asimismo, la investigación señala a Fernando Giménez, número dos del ente provincial, por presuntamente engordar contratos en casi un millón de euros para beneficiar a la red de empresarios. Todo ello en un contexto en el que las alarmas internas dentro del seno del PP autonómico habían estado saltando durante al menos cuatro años bajo una evidente indulgencia por parte de la dirección autonómica.
El origen del caso se remonta a la adjudicación de un contrato de emergencia a la mercantil Azor Corporate Ibérica S.L. para la adquisición de material sanitario (mascarillas, guantes y trajes de protección) contra la covid-19. El expediente superó los dos millones de euros e incluyó, según los cálculos de los investigadores, unos sobrecostes ilícitos de más de 945.000 euros.
Sin embargo, las pesquisas patrimoniales y documentales de la UCO revelaron posteriormente que no se trataba de un hecho aislado motivado por la urgencia sanitaria. La trama habría instaurado un presunto sistema institucionalizado de amaños continuados en decenas de adjudicaciones de obra pública y contratos menores. Para ello, se valían de sociedades instrumentales o mercantiles con una actividad constructora meramente simulada, logrando canalizar sistemáticamente los fondos públicos hacia sus propios bolsillos.
"Ir al dentista" y "cambiar la piñata"
Uno de los aspectos más llamativos que recoge el sumario judicial es el uso de un lenguaje encriptado por parte de los principales implicados de la trama para evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad. Para referirse a los cobros ilícitos y al reparto de fondos, los investigados utilizaban de forma recurrente terminología odontológica.
Los agentes han documentado multitud de mensajes y conversaciones en los que los acusados hablaban de "ir al dentista", "hacerse una limpieza" o "cambiarse la piñata entera" en contextos que nada tenían que ver con intervenciones de salud bucodental. El descaro llegaba a tal punto que los investigadores lograron interceptar el envío de un mensaje de texto que contenía únicamente el emoticono de un diente escasos tres minutos después de que se rubricara de forma oficial uno de los decretos de adjudicación bajo sospecha.
A partir de este jueves, la cúpula política implicada y los empresarios que presuntamente se lucraron con esta red tendrán que empezar a dar explicaciones en sede judicial sobre el desvío de caudales públicos y la estructura clientelar levantada bajo el paraguas de la administración almeriense.
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