La relación entre el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla y las universidades públicas vive desde hace años una tensión sostenida que ha ido escalando de manera continuada. Desde la llegada al poder del político popular en 2019, el sistema universitario público ha protagonizado un pulso constante con la Junta en defensa de su financiación, su papel estratégico y su posición frente al creciente peso de las universidades privadas.
Financiación: un conflicto estructural y en constante presencia
Uno de los principales focos de fricción ha sido la financiación. Las universidades públicas andaluzas llevan años denunciando que los recursos transferidos por la Junta no cubren adecuadamente sus necesidades. Aunque el Ejecutivo autonómico aprobó un nuevo modelo de financiación en 2023, los rectores han advertido reiteradamente sobre casos de incumplimientos y desequilibrios.
Desde la Universidad de Jaén, su rector, Nicolás Ruiz Reyes, ha llegado a advertir incluso de la posibilidad de acudir a los tribunales si la Junta no respeta los acuerdos firmados, denunciando problemas para afrontar nóminas y gastos básicos . Una situación que refleja el malestar de fondo en el sistema.
El auge de las privadas y la inquietud del sistema público
En paralelo, el crecimiento de las universidades privadas, el cual ha sido más intenso de lo habitual, ha encendido todas las alarmas. En pocos años, Andalucía ha pasado de contar con una única universidad privada a tener varias nuevas instituciones y proyectos en marcha, como la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo o la Universidad Europea de Andalucía. Todas ellas contando con numerosas facilidades para su implantación
Los rectores, agrupados en la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), han denunciado un crecimiento “exponencial” de la oferta privada, con decenas de nuevos títulos autorizados en estos centros . A su juicio, este proceso no está acompañado de una planificación equilibrada ni de un refuerzo paralelo de lo público.
La polémica de los grados arrojó más leña al fuego del debate
El episodio que marcó un punto de inflexión llegó en 2025 con la autorización de nuevas titulaciones. La Junta dio luz verde a hasta 34 nuevos títulos en universidades privadas mientras rechazaba o retrasaba grados estratégicos en universidades públicas .
El caso más simbólico fue el del Grado en Ingeniería Biomédica y el de Inteligencia Artificial. Las universidades de Jaén y Granada habían preparado estas titulaciones, con alta demanda y respaldo académico, pero recibieron informes desfavorables de la agencia autonómica. Sin embargo, esos mismos estudios sí fueron autorizados en centros privados, lo que provocó una fuerte reacción institucional .
Rectores como Nicolás Ruiz denunciaron entonces falta de “igualdad de condiciones” y criticaron que el alumnado tuviera que recurrir a la enseñanza privada, con costes muy superiores, para cursar estudios estratégicos que todavía no se habían implantado en los centros educativos públicos. Es por ello que este caso adquirió gran notoriedad, ya que, tal y como se pudo conocer, tanto la Universidad de Jaén como la Universidad de Granada disponían de las capacidades suficientes para impartir ambos grados.
Rectores en pie de guerra
La respuesta del sistema público fue inmediata. En la Universidad de Sevilla, su rector, Miguel Ángel Castro Arroyo, advirtió del deterioro de la universidad pública y exigió el cumplimiento de la financiación acordada en el inicio del curso.
A nivel colectivo, la AUPA elevó el tono denunciando una estrategia de “privatización” del sistema universitario y reclamando diálogo urgente con la Junta. Las críticas no solo apuntaban al número de centros privados, sino también a la autorización masiva de títulos sin suficiente planificación mientras se limitaban las opciones de las públicas y se hacía caso omiso a muchas de sus peticiones.
El Gobierno debió de corregir a la Junta
La tensión alcanzó uno de sus momentos más significativos cuando el Gobierno central intervino en uno de los conflictos, evidenciando que el Ejecutivo de Moreno Bonilla no estaba atendiendo a las universidades públicas como debiera. En 2025, el Consejo de Universidades autorizó finalmente los grados de Inteligencia Artificial e Ingeniería Biomédica en las universidades públicas de Granada y Jaén, revirtiendo los rechazos previos de la agencia dependiente de la Junta .
La decisión fue interpretada como un respaldo a las universidades públicas y como un hecho “inédito”, al corregir directamente una evaluación autonómica. Aun así, los retrasos administrativos impidieron que estas titulaciones se implantaran de inmediato, prolongando el perjuicio para los campus afectados.
Movilización y tensión en 2026
Lejos de cerrarse, el conflicto sigue muy vivo en 2026. El rector de la Universidad de Jaén ha confirmado su participación en movilizaciones convocadas por la comunidad universitaria para defender la institución y reclamar una financiación justa, en un contexto de creciente malestar con la Junta .
En paralelo, continúan los procesos de verificación de nuevas titulaciones en universidades públicas, muchas de ellas pendientes de aprobación definitiva o condicionadas por informes técnicos de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), la cual ya fue protagonista y muy controvertida cuando negó a Jaén y Granada impartir los mencionados grados en beneficio de un centro privado. Este escenario evidencia que el debate sobre qué estudios se autorizan, dónde y en qué condiciones sigue siendo un punto crítico.
