Cuatro años. No es un error. No es una exageración. Cuatro años es casi una legislatura completa. Cuatro años es lo que tarda un niño en empezar el colegio. Cuatro años es, también, lo que ha tenido que esperar una mujer en Málaga para una consulta ginecológica en la sanidad pública andaluza, tal y como ha publicado Diario Sur.
La pregunta es tan simple como demoledora: ¿hay derecho a esto, señor Moreno Bonilla?
Porque esto no ocurre solo. No cae del cielo. Tiene responsables políticos. Y el máximo responsable de la sanidad andaluza es quien gobierna. No hay relato que lo maquille. Lo que está pasando en la sanidad pública andaluza tiene dirección política.
Este caso no es una excepción. Es un síntoma claro de un sistema que llega tarde y se deteriora mientras el discurso oficial insiste en que todo funciona. Pero no funciona. No puede hacerlo cuando una revisión ginecológica —clave para la prevención y la detección precoz— se retrasa cuatro años. Ese retraso no es neutro. Es un riesgo. Y ese riesgo es consecuencia directa de decisiones políticas.
Cuando la sanidad falla, no siempre lo hace de golpe. Empieza con demoras. Con citas que no llegan. Con pruebas que se posponen. Hasta que el problema escala.
Y por si fuera poco, hay casos que ya no hablan solo de retrasos, sino de errores con consecuencias irreversibles. El de una mujer sevillana de 37 años lo demuestra con crudeza. Acudió hasta ocho veces a su centro de salud entre enero y el verano de 2023 con síntomas que no fueron correctamente evaluados. Durante meses, el diagnóstico fue estrés, cuando en realidad padecía un tumor cerebral. No fue hasta marzo de 2024 cuando llegó el diagnóstico correcto, demasiado tarde para evitar un desenlace trágico. Esto no es un fallo aislado: es la imagen de un sistema tensionado, saturado y sin capacidad de respuesta a tiempo. Cuando la sanidad falla así, el coste ya no se mide en listas de espera, sino en vidas.
También este mes se ha conocido el caso de una familia sevillana que reclama una indemnización tras el retraso en una operación de hernia intestinal. El paciente no fue intervenido a tiempo y las consecuencias fueron graves. De nuevo, el mismo patrón: cuando la sanidad llega tarde, el problema se agrava.
La Atención Primaria, la base del sistema, tampoco escapa a esta realidad. El tiempo medio de espera para una cita en Atención Primaria en Andalucía se sitúa por encima de los 9 días de media en 2026, lo que supone casi el doble que hace ocho años. Esta demora representa una de las mayores dificultades a la sanidad, siendo común en varias zonas superar los diez días. Un plazo que, en muchos casos, marca la diferencia entre frenar una dolencia o dejar que avance.
Nada de esto es casual. Es el resultado de una gestión concreta. La gestión del Gobierno andaluz que preside Moreno Bonilla.
Hoy, la sanidad pública andaluza tiene un problema evidente: faltan profesionales. Faltan médicos, enfermeras y especialistas. Faltan manos. Y cuando faltan manos, todo se retrasa: consultas, pruebas, diagnósticos e intervenciones.
No es una situación inevitable. Es la consecuencia de no reforzar plantillas, de no anticiparse a un déficit que los propios profesionales llevan años denunciando, de no apostar de forma decidida por el sistema público.
A esto se suma otro factor clave. Mientras la sanidad pública pierde recursos, el Gobierno de Moreno Bonilla ha destinado miles de millones de euros a la sanidad privada mediante conciertos y derivaciones. Un volumen de inversión que no ha logrado aliviar de forma estructural las listas de espera ni evitar situaciones como la de Málaga. La consecuencia es clara: un sistema público más débil.
Aquí ya no hablamos solo de gestión, sino de modelo. De una forma de entender la sanidad que, en la práctica, desplaza recursos hacia lo privado mientras lo público pierde capacidad.
Los efectos son visibles. En provincias como Huelva, decenas de miles de personas están en lista de espera. Miles aguardan una operación. Muchas más esperan una cita con el especialista. En hospitales, las urgencias siguen tensionadas, con pacientes que pasan horas —incluso más de un día— esperando una cama. Es la realidad diaria en muchos centros.
Gobernar no es solo presentar cifras o defender un discurso. Es asumir responsabilidades. Es entender que detrás de cada lista de espera hay una persona. Que cada retraso tiene consecuencias.
Porque esto no va de estadísticas. Va de vidas. Va de una mujer que espera cuatro años para una revisión esencial. Va de una paciente que acudió ocho veces sin recibir un diagnóstico correcto. Va de un enfermo que no llega a tiempo a quirófano. Va de miles de personas atrapadas en listas de espera.
Y hay una idea que lo resume todo: mañana te puede pasar a ti. A ti. A tu familia. A cualquiera. Porque todos dependemos, antes o después, de la sanidad pública. Porque todos esperamos que funcione cuando más lo necesitamos.
Pero hoy, en Andalucía, esa certeza se debilita. Se debilita cuando una cita tarda años. Cuando acceder a un médico se complica. Cuando los profesionales están desbordados. Cuando el sistema pierde capacidad de respuesta.
Y esa situación tiene un responsable político claro. El Gobierno andaluz y, en última instancia, su presidente, Moreno Bonilla. Por eso esto no es solo una crítica. Es una interpelación directa.
Señor Moreno Bonilla, ¿de verdad cree que esta situación es aceptable? La respuesta no está en los discursos, sino en la vida real: en las listas de espera que no dejan de crecer, en los centros de salud saturados y en miles de historias que se repiten cada día. La sanidad pública en Andalucía ha llegado a un punto límite.
Hoy, más que nunca, el cambio es urgente para garantizar la atención que merecen los andaluces y andaluzas. Ese cambio pasa por las urnas el próximo 17 de mayo, con el PSOE liderado por María Jesús Montero. Porque quedarse en casa no es una opción: si no decides, nada cambiará… y la situación puede ir a peor.
