Desde mayo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional busca a profesionales y empresas que estén robando agua del Parque Natural de Doñana. El Ministerio Público está recabando indicios de delito para establecer diligencias preprocesales que le permitan llevar la demanda a los tribunales y dar eco en España a las sentencias de la justicia comunitaria.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó que, además de la paulatina sequía, eran los pozos ilegales y la actividad extractiva de la agricultura intensiva la que estaba poniendo en peligro a Doñana. El fiscal instrumentalizará a los efectivos del SEPRONA para agilizar la investigación y, por primera vez, se aplicará a las extracciones de agua la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Delinquir contra Doñana implicará penas mayores.
El #seAcabó ha calado incluso en una región en la que la impunidad venía derramando agua por todos los costados desde hace años. A priori, es una buena noticia, habida cuenta de que la situación “irreversible” en el corazón del Parque Nacional de Doñana, según alertan ambientólogos y los propios científicos de CSIC. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía levantan la ceja ante esta decisión del Ministerio público.
El portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul se pronunció respecto a las pesquisas hechas públicas por la Fiscalía. Ramón Fernández Pacheco, lejos de celebrar la actuación de la Justicia, considera “paradójico” que la investigación se realice y se pregunta “¿por qué ahora?”.
Según el Portavoz, está bien que se cumpla “siempre la ley, pero todos los días del año y no sólo cuando interesa al PSOE". Desde la Junta tachan de politizada e interesada a la acción judicial, "es todo muy torticero y con el sello de Pedro Sánchez", ha dicho Fernández pacheco en los micrófonos de la COPE.
Respuesta inmediata de la Fiscalía
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha respondido de inmediato desde Málaga recordando que ya hubo unas primeras investigaciones alrededor de 2010, que de hecho, acarrearon hasta 12 condenas en el ámbito Penal en años posteriores.
"La Fiscalía no quiere ningún tipo de polémica", apostilla el fiscal general, que recuerda que la Fiscalía "lleva protegiendo el ecosistema y los acuíferos de Doñana muchos años (…) Nuestro trabajo no es contra nadie", apostilla García Ortiz.
Este nuevo cruce de acusaciones reaviva la guerra entre la Junta de Andalucía y el gobierno central a raíz de la polémica ley de PP y Vox que legalizará regadíos ilegales, a pesar de contar con la desaprobación de científicos, ambientalistas, Ministerio de Transición Ecológica, Comisión Europea y hasta la UNESCO.
La Junta está, paradójicamente, intentando legalizar algunas de las zonas investigadas por la Fiscalía en dónde la extracción ilegal de agua ha generado una importante actividad agraria. De hecho, la semana pasada hubo una sentencia histórica contra 5 grandes propietarios acusados de un saqueo continuado de agua.
El Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla condenó a tres años y medio de cárcel a los acusados por extraer de manera ilegal 19,4 millones de metros cúbicos de agua desde 2008 a 2013. Si la sentencia se confirma, será la primera vez que el robo de agua lleva a los ilegales a prisión por atentar contra el medio ambiente, lo dicho: se acabó.
Mientras, si la mayoría parlamentaria de PP no propicia un nuevo retraso en la tramitación legislativa, la próxima semana debería aprobarse definitivamente la controvertida legalización de cerca de 700 hectáreas forestales y de secano como hectáreas de regadío, en la corona Norte del Parque Nacional de Doñana .
Desde la Junta de Andalucía recuerdan que su proposición de ley no supone amnistía para los ilegales, ni más extracciones del acuífero de Doñana, sino que está dirigida al riego de los cultivos con aguas superficiales mediante un trasvase desde una cuenca aledaña. Sin embargo, esa agua ya está comprometida para los cultivos que hoy por hoy cumplen la Ley. Nadie sabe de dónde saldrá el agua que la Junta sigue prometiendo cuando el Ejecutivo central termine las instalaciones hídricas que llevan años de retraso.
Alivio para los conservacionistas
La decisión de la Fiscalía ha sido acogida con júbilo entre ambientalistas y conservacionistas WWF la entidad pionera en la extensión de los pozos ilegales afirma que estamos en "el camino" para este espacio protegido Patrimonio de la Humanidad.
El responsable para Doñana de la entidad, Juanjo Carmona, valora que la Junta está optando por lo contrario, “el camino no es animar a la gente a la anarquía en el campo, porque el agua es un bien finito, es un bien que hay que tratar con perspectiva técnica y no con la demagogia que se está haciendo en Doñana como si de verdad hubiera agua para todos".
Desde Ecologistas en Acción (EeA) valoran que la decisión "tenía que haber llegado hace años, pero nunca es tarde para hacer cumplir la ley". Los movimientos ambientalistas locales recuerdan que el problema viene de lejos, "desde los años 90", ha dicho Juan Romero, miembro del Consejo de Participación de Doñana, quien señala que actualmente se sigue extrayendo del acuífero para fines agrícolas el triple de la cantidad de agua recomendada .
Desde la plataforma Salvemos Doñana valoran que aún queda mucho por hacer para preservar el humedal de más valor ambiental de Europa. Recuerdan que, además de perseguir a los ilegales, hay que frenar el crecimiento de superficie regable y cumplir con la ordenación del territorio vigente, el llamado Plan de la Fresa. Todo lo contrario a lo que está sucediendo en el Parlamento de Andalucía, donde PP y Vox podrán imponer su mayoría absoluta.
