Luz verde al proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que ayer superó el Pleno del Parlamento el debate de totalidad rechazando la única enmienda a la totalidad que se había planteado al texto por parte del grupo Vox.

Uno de los reproches de la extrema derecha al proyecto, impulsado por la Consejería de Igualdad, es que es “calcado” al que presentó el PSOE en 2017 cuando gobernaba y volvió a plantear en 2019, ya en la oposición.

Votaron en contra de la enmienda a la totalidad de Vox todos los demás grupos de la Cámara: PSOE-A, PP-A, Ciudadanos y Adelante Andalucía.

En un tono contundente en el fondo y templado en las formas, la consejera Rocío Ruiz reprochó a Vox que antepusiera su ideología a los intereses y necesidades de la infancia. Ruiz dijo que no retrocedería “ni un milímetro” en sus planteamientos pese a las presiones de los ultras, que querrían verla fuera del Gobierno autonómico.

La posición de Vox la defendió la diputada Ángela Mulas, que piensa que la ley andaluza está lastrada por el “adoctrinamiento ideológico”. La parlamentaria socialista Noemí Cruz dijo que la Consejería de Igualdad había llevado al Parlamento "la misma ley" de su partido, aunque con "algunas partes mutiladas".

La consejera Rocío Ruiz concluyó el pasado lunes, con la reunión con Ciudadanos, la ronda de contactos con los grupos políticos para la tramitación de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que sustituye a la Ley 1/1998, de 20 abril y para cuya redacción se han tenido en cuenta los cambios sociales producidos durante estos más de 20 años.

"Nuestro reto con esta Ley es proteger y salvar a la infancia. Que no haya niños y niñas menores de 13 años en centros residenciales y que los menores de 7 años pasen allí menos de tres meses. Para ello, vamos a potenciar las familias de acogida, a las que les vamos a dar facilidades, porque la labor que hacen es impagable. Además, vamos a agilizar todos los trámites", dijo la consejera tras su encuentro con Cs.

Novedades de la Ley

En términos generales, la ley tiene como objetivo garantizar la protección a la infancia y adolescencia, atender las necesidades que ya venían existiendo, así como las que han ido surgiendo en tiempos más recientes, regular los derechos y deberes que asisten a las personas menores de edad y definir el ámbito competencial de la Administración de la Junta de Andalucía en esta materia, creando escenarios para la participación infantil.

Para ello, la Ley prevé crear el Consejo Andaluz de niñas, niños y adolescentes, donde puedan "expresar sus opiniones, intercambiar ideas, reflexionar sobre los problemas que les atañen, adoptar acuerdos y efectuar propuestas". Según esta Ley, las personas menores de edad tienen que poder ser protagonistas de sus derechos e iniciarse como ciudadanos y ciudadanas que participen en la sociedad, asumiendo un rol activo, para lo que se les reconoce capacidad y se propicia que adquieran autonomía.

Por otro lado, se limita la edad para el ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, para lo que se establece la edad mínima de 13 años; se regula la obligatoriedad de los seguimientos postadoptivos tanto en casos nacionales como internacionales con una periodicidad semestral al menos, y se establece que las entidades públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente para menores que se encuentren con una medida de protección, que comenzarán al menos dos años antes de su mayoría de edad y hasta los 25 años.

Igualmente, la ley aborda el derecho fundamental a ser oído y escuchada que la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero modificó. Los interlocutores del menor deben interpretar y atender lo que tiene que decir y ello en función de su suficiente madurez y, en todo caso, cuando tenga 12 años de edad.

Plan de cuatro años

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, al objeto de la planificación de estas actuaciones, dispondrá un Plan de Infancia y Adolescencia de cuatro años de duración que determine las políticas públicas para lograr el bienestar y calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes. Este plan contará con la colaboración de todas las Administraciones Públicas de Andalucía y con la participación de la ciudadanía, entidades de iniciativa social y, especialmente, con la infancia y adolescencia.

Finalmente, una de las novedades más destacadas es la definición de un sistema de información e indicadores que se proyecta a partir de fuentes primarias como el sistema educativo y el de salud y que va a permitir, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, medir y conocer el bienestar real de la infancia y adolescencia andaluzas.