El anuncio lo hizo el pasado 26 de mayo el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo: con un sueldo neto de 1.900 euros durante cada uno de los tres meses de duración del empleo, la Junta contrataría a 3.014 “auxiliares de playa” para garantizar el cumplimiento por los bañistas de las medidas de prevención adoptadas ante el riesgo de contagio por el coronavirus.
Casi dos semanas después del anuncio, las críticas al proceso de selección y contratación son generalizadas. Alcaldes, sindicatos y partidos de la oposición se quejan de la gestión gubernamental por demorar la publicación de la oferta pública de empleo hasta ayer viernes y dar tan solo 24 horas para presentar las solicitudes. Algunos de los críticos con el procedimiento se preguntan si las plazas no serán “cubiertas a dedo”.
CSIF Málaga ha denunciado que "el procedimiento se está haciendo de una manera en cada provincia, según lo que ha decidido cada Delegación del Gobierno, lo que está generando caos y gran confusión entre las personas aspirantes".
Para el sindicato de funcionarios ha habido “improvisación y precipitación” por haber anunciado que la “convocatoria de empleo público se arbitraría a través de la Bolsa Única de la Junta, cuando dicho instrumento aún no se encuentra operativo".
Para el PSOE andaluz se ha “ninguneado” a los ayuntamientos de la costa, que son los que tienen las playas donde actuarán los vigilantes. El parlamentario socialista granadino Juan José Martín Arcos denunciaba que el anuncio ha sido "otra operación propagandística del Gobierno andaluz y evidencia la improvisación a la hora de sacar adelante el método para la elección" de los candidatos.
"Son los ayuntamientos –afirma Marín Arcos– los que mejor conocen sus playas y las necesidades de los municipios, por lo que deberían ser ellos los que gestionaran estos recursos económicos para la contratación de sus vecinas y vecinos desempleados". Para el diputado, este trámite tendría que llevarse a cabo a través de sus oficinas municipales, del INEM-SEPE con arreglo al Estatuto de los Trabajadores, con "transparencia y no con la oscuridad con la que se va a hacer".
Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía y dirigente de IU Andalucía, Ismael Sánchez, criticaba ayer "caos" y "la chapuza" que está generando la Junta de Andalucía "por su improvisación" en el proceso de contratación para el plan 'Playas Seguras'.
Según Sánchez, las 3.000 contrataciones "anunciadas a bombo y platillo" por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, finalmente "no se
realizarán a través de la Bolsa Única, ni las personas contratadas recibirán el suelo que les prometió, 1.900 euros netos durante tres meses".
El dirigente de IU Andalucía ha afeado además que la Junta haya dado un plazo de 24 horas para inscribirse a la oferta o, en caso de pertenecer a la Bolsa Única, confirmar la solicitud. Ismael Sánchez ha señalado que es "intolerable el caos y el revuelo que está generando la Junta de Andalucía" y ha apuntado que esto está provocando que cada provincia establezca criterios "muy dispares" para llevar a cabo las contrataciones.
