Si el de los ERE fuera, como proclama el PP y airean sus terminales, el “mayor caso de corrupción de la historia de España”, ¿habrían pedido el indulto de uno de sus principales artífices según la justicia personas de tanto prestigio como Iñaki Gabilondo, Vicente del Bosque, José Luis Garci o Manuel Vicent, todos ellos ajenos a la política? ¿O personas que sí han ocupado cargos políticos relevantes como los conservadores Juan Ojeda y José Manuel Gómez Angulo en el PP o Diego Valderas y Antonio Maíllo en Izquierda Unida?

¿Habría firmado alguna de esas personas una petición de indulto para Jaume Matas, para Rodrigo Rato, para Ignacio González, para Luis Bárcenas? ¿La firmarían para Eduardo Zaplana, si finamente es condenado en el juicio pendiente por dirigir presuntamente una red de cobro de comisiones millonarias? ¿La firmarían para María Dolores de Cospedal, si deja de tener la gran suerte que ha tenido hasta ahora con la justicia y alguna vez es procesada por los audios que apuntan a su participación en la trama para obstaculizar la investigación de la financiación ilegal del PP o robar pruebas incriminatorias para el partido y para su líder y presidente del Gobierno Mariano Rajoy?

Ninguna de esas personas, ni siquiera las de filiación inequívocamente conservadora, pondrían en juego su prestigio político, personal o profesional estampando su firma para solicitar el perdón de tales políticos. Si han puesto su rúbrica en el escrito de apoyo a Griñan es porque, primero, a todos les consta que es un hombre decente y, segundo, todos sospechan que la justicia no ha sido justa con tan eximio político e irreprochable ciudadano. La sentencia de los ERE exhibe una vista de águila para el árbol pero es sobrecogedoramente ciega para el bosque.

Los mejor informados de esos firmantes piensan también que en realidad la justicia no ha sido justa con ninguno de los condenados en la pieza política, ni siquiera con los altos cargos de la Consejería de Empleo, y no porque no hubieran podido otorgar injustificadamente determinadas ayudas concretas a empresas concretas, sino porque en relación al sistema de concesión de tales ayudas, que es lo que se ha juzgado en esta causa, pudieron equivocarse, pero no delinquir ni tener, como asegura la sentencia del Supremo, la certeza palmaria de que estaban delinquiendo.

Los ‘apestados’ exconsejeros de Empleo Antonio Fernández o José Antonio Viera pudieron haber relajado irresponsablemente la vigilancia de sus subordinados, descuidado hasta la temeridad el control del dinero que salía de su departamento o incluso amparado sin apenas disimulos el más descarnado clientelismo, pero tales prácticas serían ‘delitos políticos’, no penales, conductas que los desacreditarían como políticos pero no los acreditarían como delincuentes.

Mientras, los cuatro ex altos cargos que junto al expresidente Griñán son considerados no culpables del delito de malversación por las dos juezas que firman el voto particular contra la sentencia condenatoria no son menos inocentes que él. Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Miguel Ángel Serrano y Jesús Rodríguez Román no son menos inocentes que Pepe Griñán. Son menos conocidos, pero no menos inocentes. Ni menos decentes.

Puede que se equivocaran pero jamás robaron, jamás dejaron robar a otros y jamás tuvieron ni la más remota conciencia ni aun indicio de que ellos mismos u otros políticos de la Junta de Andalucía estuvieran, como sostiene la justicia, prevaricando y malversando durante toda una década que habría sido testigo ciego y mudo del mayor prodigio criminal que vieron los siglos: burlar impunemente y ante sus mismísimas narices al Parlamento, a la Cámara de Cuentas, a la Intervención, a los partidos de la oposición y a la prensa.

Instituciones todas ellas que no fueron capaces de ver lo que para la justicia está claro como el día: que los cientos de millones de euros que salvaron de la penuria a miles de trabajadores de Santana, Delphi o las cuencas mineras eran únicamente las pestilentes ramas de un árbol gigantesco llamado Corrupción.