El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado que el Gobierno andaluz "dejará de ser neutral" y tomará partido a favor de la mayoría social, defendiendo a los consumidores y usuarios frente a los bancos. Para ello, la Consejería de Administración Local está trabajando en un borrador de proyecto de Ley de Protección de consumidores de productos hipotecarios de Andalucía, que se prevé presentar al Parlamento en el primer trimestre del próximo año.

Valderas ha comparecido en comisión parlamentaria para informar sobre el estado de elaboración de la futura ley, que contará con la participación de todos los sectores afectados, federaciones de consumidores y usuarios, empresarios y otros para que realicen sus aportaciones.

Amparo legal
El vicepresidente de la Junta ha recordado que la norma está amparada tanto por la jurisdicción española como por la comunitaria, que ha dictaminado que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, ya que permite la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.

"Productos financieros hostiles"
Ésta será una ley de futuro que pretende evitar que muchos ciudadanos sean victimas de unos productos financieros hostiles", ha afirmado Valderas, quien ha insistido en el "carácter no neutral" de la norma, que pretende actuar y sentar las bases para que "no vuelva a repetirse una situación como la actual". Para explicar este escenario, se ha remontado a una etapa en la que se declaraba urbanizable todo el suelo, hecho que llevó a muchas familias a suscribir créditos hipotecarios sin conocer con detalle las condiciones que aceptaban

Resultados nefastos
El resultado han sido, ha recordado Valderas, hipotecas abusivas, cláusulas suelo y la falta de transparencia de los bancos, lo que ha provocado que los desahucios se repitan cada día como revelan los 526 desalojos llevados a cabo entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Información a la ciudadanía
Ante este escenario, la Junta se ha propuesto intervenir para que la ciudadanía sepa en cada momento los derechos que le corresponden y conozca ante qué productos financieros se encuentra, además de que sepa cómo y dónde hacer valer las garantías que les ofrece la Administración andaluza.

Mayor transparencia
El vicepresidente de la Junta ha avanzado a los representantes de la comisión que la futura ley se estructura en grandes bloques relativos a la transparencia en los contratos y precios, así como a las comunicaciones y publicidad comercial destinada a la ciudadanía y la introducción del arbitraje y la mediación para solucionar los posibles conflictos con las entidades financieras.

Transparencia y defensa de los avalistas
De este modo, se pretende garantizar y reforzar la transparencia en la información que faciliten las entidades bancarias sobre la concesión de préstamos hipotecarios, mejorando la protección de las personas consumidoras a la hora de suscribir un contrato de este tipo destinado a la adquisición o rehabilitación de inmuebles. Además, según el texto del borrador, la garantía se extenderá también a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos y a las 'personas hipotecantes'.

Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda
Junto con la futura norma, la Junta está trabajando en otras para mejorar y reforzar también las garantías de los consumidores y usuarios en sus relaciones con el sistema financiero. En este contexto, se enmarca el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, resultado de la colaboración entre la Secretaría General de Consumo y la de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

Especuladores
Valderas considera esencial llevar a cabo acciones que protejan a la ciudadanía de un "sistema especulativo que abusa de su posición". A su juicio, no puede consentirse que "miles de familias sean víctimas de un negocio poco claro y con demasiada letra pequeña" y es obligación de los poderes públicos acabar con ese abuso.

Rebeldía
Finalmente, ha defendido "la rebeldía contra el actual estado de cosas" y ha abogado por la intervención de las administraciones y las instituciones a favor de los más débiles y de la mayoría social, puntualizando que "no vamos a dejar solos a los consumidores frente a los mercados".