que, además de Reyes, fueron denunciados otros tres cargos del PP cuando tuvieron lugar los hechos, entre ellos el exalcalde de Lanjarón, José Rubio, otra concejala y la secretaria local de los populares.
"Indiciariamente" responsabilidad a Reyes
En el auto el TSJA señala que, aunque pudiera no ser "reprochable penalmente" el hecho en sí de la solicitud por un particular de empadronamientos con datos falsos, cabe imputar "indiciariamente" responsabilidad a Reyes en calidad de "cooperadora".
Se puso de acuerdo con el alcalde
Todo ello, añade el tribunal, en la medida en que se puso de acuerdo con el alcalde "en el objeto de lograr la inclusión en el padrón -y por tanto en el censo electoral- de personas que no residían habitualmente en Lanjarón, ni tenían intención de hacerlo". Esta actuación habría tenido la intención, explica el auto, de incrementar el voto a la candidatura de su partido político en las elecciones municipales de 2007.
Imputada
El TSJA considera que "lo procedente" por tanto es que la Sala, asumiendo su competencia, incoe diligencias previas y designe magistrado instructor para que reciba declaración de Reyes en calidad de imputada.
Inadmisión
Por su parte, el fiscal, según consta también en la resolución, interesó la inadmisión de la denuncia respecto a la aforada Carmen Reyes al considerar que no podía imputársele delito alguno por cuanto no tenía encomendada función alguna referida al censo.
Hechos
Los hechos se remontan a 2007, antes de las últimas elecciones municipales, cuando el PSOE interpuso una denuncia en la que acusaba al exalcalde José Rubio (PP), a dos de las entonces concejales -entre ellas la ahora parlamentaria- y a la secretaria local del PP, Sonia Gutiérrez, de haber dado de alta en el censo electoral del municipio a 119 personas entre el 29 y el 31 de enero de ese año.
