Era lo que cabía esperar y lo que sugería el sentido común. El Supremo ha declarado hoy su incompetencia para la instrucción y el enjuiciamiento de la causa tras la renuncia al escaño del Congreso de José Antonio Viera, el único imputado en el procedimiento seguido en el Supremo que mantenía su aforamiento. En consecuencia, el alto tribunal remite las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para su unión a las diligencias previas 174/11 que allí se siguen para la investigación de los mismos hechos. Quien en estos momentos está instruyendo la causa de los ERE no es Mercedes Alaya, sino la nueva titular del juzgado 6, María Núñez Bolaños, hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no tome una decisión sobre quién debe acabar la instrucción del caso, ya que Alaya tiene plaza en la Audiencia de Sevilla y pidió una comisión de servicio en el juzgado 6 para terminar la instrucción. Las insalvables diferencias profesionales y personales entre ambas jueces hace particularmente espinoso el conflicto jurisdiccional planteado. El Supremo acordó en auto de 13 de noviembre de 2014 declarar su competencia para la instrucción del caso respecto de los entonces aforados Manuel Chaves, José Antonio Griñán, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno (respecto de esta última se dictó posteriormente auto de sobreseimiento). Chaves, Griñán y Zarrias renunciaron a sus escaños en las Cortes antes que Viera.  El caso fue remitido al Supremo por la juez Mercedes Alaya en agosto de 2014. En su auto, la misma Sala que admitió la competencia en noviembre de 2014 dice ahora que la inmunidad parlamentaria, "como privilegio procesal que es", debe ser interpretada con carácter taxativo y restrictivo. Además de acreditar la renuncia como diputados de Chaves, Zarrías y Viera, y tras dejar Griñán su escaño en el Senado, el Tribunal Supremo ha tenido en cuenta la norma establecida por la propia Sala de lo Penal en diciembre pasado para que el auto de apertura de juicio oral sea el que determine si un caso ya sin aforados termina juzgándose o no por el Supremo. En este procedimiento aún no se ha llegado a este punto, por lo que la causa se remite a Sevilla. Ya la semana pasada, y pese a no tener aún comunicación oficial por parte del Congreso de la renuncia de Viera, el Supremo decidió suspender su estudio sobre el recurso de Griñán contra su auto de imputación. Durante la tramitación de este asunto en la Cámara Alta han venido a declarar, además de los cuatro aforados citados con anterioridad, la exconsejera Mar Moreno, también senadora y respecto de la cual se archivaron las actuaciones. Todos ellos negaron tener responsabilidad y ni siquiera conocimiento del reparto de las ayudas sociolaborales investigadas. RESPONSABILIDAD DE AFORADOS El pasado 25 de junio el intructor del caso, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, acordó proceder contra los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves al estimar que existen indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa. El juez abrió una doble vía, instando por un lado el suplicatorio de Chaves y de los también aforados José Antonio Viera --al que también imputa malversación de fondos públicos-- y Gaspar Zarrías, ambos diputados, y dejando fuera del procedimiento a la exconsejera y senadora Mar Moreno, en la que no encontró delito. Por otro lado, y tras perder Griñán su condición de aforado, el instructor elevó a través de su auto los indicios recabados en su contra y solicita que, por razones de conexidad, siga siendo enjuiciado junto con el resto de aforados. Todos estos documentos llegarán ahora al juzgado Sevillano. En ambos documentos, el instructor analizaba el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010, para conceder ayudas sociolaborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía. El juez relató en sus escritos cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones. Además de detallar la mecánica establecida para conceder las ayudas socio laborales el juez recogía las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación. Esas modificaciones presupuestarias fueron arbitrarias ya que, según Jorge Barreiro, "se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del consejo de gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado". Es decir, se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones ilegalmente concedidas. El magistrado también cuestionaba el desconocimiento que esgrimieron los distintos aforados cuando comparecieron en el Tribunal Supremo y recuerda que se ha investigado una estructura "claramente jerárquica y piramidal".