Se puede y se debe contar con palabras, pero es mejor verlo en imágenes porque fue el momento periodístico estelar del estreno como portavoz del Gobierno andaluz de Elías Bendodo, un hombre cuyas muchas tablas políticas e institucionales parecieron abandonarle este martes cuando escuchó la pregunta que le formuló la periodista de El País Lourdes Lucio:
PREGUNTA: Portavoz, el PP lleva 40 años quejándose de que la Junta de Andalucía pagaba el alquiler de la vivienda a los consejeros del Gobierno que eran otras provincias de fuera de Sevilla, en su caso Málaga. Querría saber si ustedes van a eliminar esa ayuda.
Con el gesto traspuesto de quien parece a punto de sufrir un desmayo y con un hilillo de voz apenas perceptible, Bendodo salió como buenamente pudo del atolladero:
RESPUESTA: No, en principio no, no está previsto, hum, vamos, pediré la máxima de las moderaciones evidentemente, pero [las ayudas al alquiler] a las personas que se tengan que desplazar de otras provincias, pues…, eh, … eso, se deberían mantener.
En las ruedas de prensa de los portavoces gubernamentales rara vez se escuchan preguntas que el político no tenga en su agenda y para las cuales no tenga respuesta (o ‘no respuesta’ con apariencia de respuesta). Esta vez, la periodista pilló al político fuera de fuera de juego. Ni se imaginaba el consejero de Presidencia que en su estreno como portavoz iba a tener que despejar un balón tan endiabladamente envenenado como ese.
La promesa
El alquiler de la vivienda de los consejeros de fuera de Sevilla ha sido durante años uno de los blancos favoritos tanto del PP como de la prensa conservadora. El pasado 30 de diciembre, el digital OKdiario publicaba una información con este titular: ”PP y Cs desmontarán las ‘casa gratis’ de los altos cargos de la Junta: 700.000 euros anuales”.
La noticia, que no se ha revelado del todo exacta, aseguraba que ambos partidos estaban “decididos a acometer una revisión completa de los privilegios de los que hasta ahora gozaban los altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el plus que el Gobierno de Susana Díaz pagaba mensualmente a los directivos para costear el alquiler de sus viviendas”.
El reproche
Una de las muchas ocasiones en que dirigentes del PP afearon a los consejeros socialistas de fuera de Sevilla que no pagaran alquiler fue en septiembre de 2016, en un acto en Córdoba. “El PP censura que Díaz recorte pero dé ‘casa gratis’ a su altos cargos”, titulaba el diario El Mundo.
La noticia explicaba que el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, había dicho que para Susana Díaz “es prescindible la calidad en la educación o la sanidad, pero no es prescindible pagar la vivienda a los altos cargos”. La misma información especificaba que “el número de altos cargos a los que la Junta paga el alquiler de sus viviendas ha pasado de 47 a 56, que reciben todos los meses sobresueldos de hasta 1.357,72 euros”.
Reducción de altos cargos
Por lo demás, el portavoz del Gobierno andaluz también anunció una reducción de 65 a 57 altos cargos de su estructura territorial, con un ahorro cifrado por Bendodo en 500.000 euros anuales.
Para la semana que viene el Consejo tiene previsto cerrar la estructura definitiva del nuevo Gobierno, que irá acompañado de “un decreto de eventuales donde también habrá una reducción".
Contra el fraude
Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, explicó a los periodistas que el Consejo de Gobierno acordó, como es preceptivo, pedir al Parlamento la creación de una comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe).
El vicepresidente recordó que el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía 'Fiscalización de las subvenciones excepcionales concedidas por determinadas consejerías y agencias de la Junta de Andalucía' alertaba de que la Faffe sumaba “un total de 55.644.950,80 euros sin justificar en subvenciones excepcionales del Gobierno andaluz".
Marín también informó de que Gobierno ha iniciado los trámites para aprobar una ley para impulsar la prometida Oficina contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía. Sin entrar en detalles, el vicepresidente cifró en 5.000 millones de euros el dinero público que "está siendo investigado" en diferentes causas judiciales derivadas de la gestión de sus antecesores.
