El padre Román M.V.C., el único procesado en el llamado 'caso Romanones' sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada, ha negado haber abusado sexualmente del denunciante de los hechos cuando éste era menor de edad y afirma que nunca se "exhibió desnudo" ante él, por el que sentía "el amor fraterno" de un sacerdote que "acoge" a las personas que acuden a su parroquia.El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acogido este viernes la declaración indagatoria del padre Román como paso previo antes de dar por concluido el sumario y remitir el expediente a la Audiencia Provincial de Granada, que será la encargada de dictar la apertura de juicio oral.El padre Román ha manifestado su disconformidad con el auto que le procesa por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, castigado con pena de prisión de cuatro a diez años, y ha sostenido que lo que sentía por el denunciante era "el amor fraterno" de un sacerdote que "acoge" a las personas que acuden a su parroquia. Así, ha negado que mantuviera habitualmente conversaciones sobre sexualidad de "manera abierta" con el denunciante, salvo algún comentario acerca de alguna noticia concreta, y ha negado igualmente que se haya exhibido desnudo ante él."SALVO QUE HAYA ALGÚN INTERÉS ECONÓMICO"De hecho, ha señalado que "no da explicación alguna" a la denuncia presentada por el joven, que ahora tiene 25 años, "salvo que haya algún interés económico", ha añadido en el transcurso de la declaración indagatoria, que ha sido abierta a los medios de comunicación, algo que no era habitual antes de la entrada en vigor de la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.Sí ha reconocido el padre Román que el denunciante acudía "ocasionalmente" cuando tenía entre 15 y 16 años a la casa en la urbanización Los Pinillos de Cenes de la Vega (Granada), donde, según el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, "ocurrieron los hechos más graves y relevantes penalmente". No obstante, ha matizado que el menor dormía en la "planta de arriba" en la "habitación que quedaba libre" y ha negado que allí se guardara ropa de el joven.Preguntado sobre la carta que el Arzobispado de Granada remitió a la Santa Sede describiendo al grupo de sacerdotes y laicos liderado por el padre Román como "un grupo compacto, hermético", el procesado ha señalado que no ha tenido "noticias exactas" del documento, aunque ha descartado que existieran "tensiones" ni "enfrentamientos" en este sentido.INDICIOS CLAROSEn un auto fechado el 26 de noviembre, el magistrado Antonio Moreno declaraba procesado al padre Román por el citado delito, como paso previo a recibirle en declaración indagatoria y confirmaba la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada.Requería además al procesado que prestara fianza de 50.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en la causa, procediéndose al embargo de sus bienes para cubrir esta suma en caso de que no lo hiciera; y prorrogaba por un plazo de seis meses la medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la "víctima". En este auto de procesamiento, el magistrado estimaba corroborados los "iniciales indiciarios hechos" por los que se inició el presente procedimiento.La causa arrancó a raíz de la denuncia que el 14 de octubre de 2014 presentó la víctima ante la Fiscalía de Granada exponiendo haber sufrido "continuados o permanentes abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes incardinados en la Diócesis de Granada", desde el año 2004, cuando tenía 14 años y hasta 2007 cuando ya contaba con 17 años. Actualmente tiene 25 años y se declara miembro supernumerario del Opus Dei.LA RESISTENCIA DEL ARZOBISPOAunque finalmente tuvo que darse por vencido, hasta por tres veces el arzobispo de Granada, Javier Martínez, desoyó los requerimientos del juez instructor del caso de ‘los romanones’. La última fue en mayo pasado, cuando se remitió a la “legislación canónica aplicable” para negarle al juez la copia completa de las actuaciones canónicas y de todo lo actuado en la jurisdicción eclesiástica en el mayor escándalo conocido hasta el momento de pederastia en España.Tras ignorar dos providencias anteriores, del 1 y del 27 de marzo, el prelado granadino volvía a sortear el último requerimiento del instructor, del 7 de mayo. Esa vez respondió a la francesa. Se limitó a recurrir a un acuerdo preconstitucional para desoír nuevamente al juez. Martínez se amparaba en los privilegios del acuerdo Iglesia–Estado de 1976 para negarse a colaborar en la investigación penal.“Aquí no cabe el secreto pontificio; el arzobispo está obstruyendo la investigación penal”, afirmaron entonces fuentes consultadas por andalucesdiario.es. En la diócesis granadina creceía el malestar y las críticas hacia el prelado granadino por implicar a la Santa Sede en un gran escándalo “que no ha sabido o no ha querido gestionar”.Martínez se había negado sistemáticamente a remitir al juez las actuaciones que supuestamente realizó contra los diocesanos investigados como autores o encubridores de los supuestos abusos sexuales contra menores. El arzobispo suspendió ‘a divinis’ a los tres sacerdotes que fueron imputados como presuntos autores de los abusos, pero no instruyó ningún procedimiento contra los encubridores. Tan es así, que los siete diocesanos investigados como encubridores siguieron ejerciendo sus funciones pastorales.