Se niega a declarar
Isidro Cuberos se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que ha relevado a Pablo Ruz, porque su defensa no ha tenido acceso a las actuaciones de esta pieza separada de la trama Gürtel y porque está pendiente que se resuelva un recurso en el que vuelve a insistir en que el delito de prevaricación continuada que se le imputa ha prescrito.
Un técnico del Ayuntamiento tampoco declara
A esta misma postura se ha acogido un técnico del Ayuntamiento de Jerez que también ha comparecido hoy como imputado en el caso en la Audiencia Nacional, mientras que otra funcionaria municipal también citada hoy en la misma condición solamente ha respondido a las preguntas de su abogada para relatar, sin entrar en el caso, las funciones que desempeñaba en el consistorio.
Primeras tomas de declaración
Estas son las primeras tomas de declaraciones que la Audiencia Nacional realiza dentro de la pieza separada abierta por el juez Pablo Ruz par investigar supuestas irregularidades en las adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) a empresas de la trama Gürtel para varios eventos de FITUR 2004.
El juez reabrió esta causa en marzo del año pasado tras recibir un informe policial de la UDEF sobre irregularidades en tres contratos relacionados con la presencia en FITUR 2004 de Jerez por un total de 214.000 euros y por los que el exjefe de prensa de Javier Arenas habría recibido dinero.
Cubero, "intermediario" del grupo Correa
En el informe la Policía propuso al juez tomar declaración a Isidro Cuberos porque habría actuado como "intermediario entre las empresas del Grupo CORREA y personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez (Cádiz)" para que las empresas Special Events y Down Town Consulting resultaran adjudicatarias de los contratos.
Tras estas declaraciones, el juez tomará mañana declaración por estos hechos al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa; a su número dos, Pablo Crespo; a la administradora de varias empresas de la red, Isabel Jordan, y a una cuarta persona de la red, según las fuentes.
Fuentes de la defensa de los imputados que han declarado hoy han mostrado su convencimiento de que el caso habría prescrito.
Así esperan que se recoja en la resolución del recurso en el que Isidro Cuberos y el técnico municipal insisten en que, en caso de haber delito de prevaricación continuada, éste habría prescrito porque en el 2004, cuando se produjo la supuesta adjudicación irregular, este hecho estaba castigado con diez años de inhabilitación, con lo que este tiempo ya habría transcurrido.
Ese mismo año, en noviembre, se modificó el Código Penal y las penas para este delito, pero, según las defensas de estos imputados, éste no podría utilizarse de manera retroactiva. Este argumento sin embargo ya fue rechazo en una instancia anterior.
La alcaldesa niega irregularidades
La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha negado reiteradamente cualquier irregularidad en estos contratos y ha recordado que en mayo de 2011 una denuncia sobre estos hechos fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El pasado mes de marzo, a raíz de un informe remitido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre este asunto, García-Pelayo defendió que la investigación abierta por el juez era "puramente administrativa".
Actuación desde la legalidad
García-Pelayo insistió entonces en que el Ayuntamiento actuó "dentro de los trámites legalmente previstos", aunque "quizá no debió utilizarse el procedimiento de urgencia" a la hora de contratar esos servicios, aunque se hizo así con "un informe" que lo avalaba.
