El machismo ya no sale gratis. El empresario y exvocal de la Cámara de Comercio de Sevilla Manuel Muñoz Medina se sentará en el banquillo. Lo que él siempre sostuvo que se trataba de una “simple broma de mal gusto” va a salirle bastante caro, al menos en términos de reputación pública.
La juez de Instrucción número 11 de Sevilla ha decidido procesarlo por los hechos acaecidos el pasado 20 de diciembre cuando, en la sede de la propia Cámara, se "abalanzó" sobre la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y simuló besarla.
Autoridad pública
El auto de la magistrada ve indicios inequívocos de una infracción penal prevista en el Código Penal, bien como un delito contra la integridad moral, bien como un delito contra el orden público "dada la condición de autoridad pública de la víctima, el acto público al que acudía en tal condición y la acción de acometimiento sufrido por ésta".
La línea de defensa de Muñoz no convence a la juez, que descarta que lo sucedido "responda a una broma, como pretende el investigado hacer creer", por cuanto "ni víctima ni investigado se conocían con anterioridad, ni consta hubieran mantenido una conversación dilatada y en tono de familiaridad previo aquél día, que justificara la acción realizada, lo que impide considerar la misma como una broma de mal gusto". La “conducta vejatoria” de Muñoz “incide sobre la dignidad” de su víctima, con quien no tenía ninguna relación ni la conocía.
Cádiz no es Checoslovaquia
En su declaración en el juzgado, a finales de septiembre, Muñoz se justificó así: "Le gasté la broma porque es de Cádiz y en Cádiz hacen chirigotas que se meten hasta con el Rey, si llega a ser de Checoslovaquia no se la gasto".
También reiteró sus disculpas a Rodríguez y aseguró que la denuncia judicial era "desproporcionada, pues "si hubiera sido un guardacoches no pasa esto", ha afirmado.
En coincidencia con la propia Teresa Rodríguez, la Fiscalía entendió que la conducta del empresario podría tener encaje en el tipo penal del artículo 173.1 del Código Penal, que impone pena de prisión al que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando "gravemente" su integridad moral.
