A expensas de lo que suceda con la comparecencia prevista para esta tarde del propietario del club de alterne donde el presidente de la Faffe pagó en 2010 casi 15.000 euros con una tarjeta oficial de la fundación, el arranque de los trabajos de investigación de la comisión de investigación sobre la Faffe no ha podido ser peor: ninguno de los ex altos cargos socialistas citados en plena campaña electoral por imposición de PP, Cs y Vox ha prestado declaración.
Los expresidentes Susana Díaz y José Antonio Griñán dicen no haber recibido la citación oficial y el expresidente Manuel Chaves y los exconsejeros Javier Carnero, José Sánchez Maldonado y Antonio Ramírez de Arellano se han presentado en la comisión, se han acogido a su derecho a no declarar y se han marchado.
El argumento de todos ellos ha sido el mismo: las derechas han instrumentalizado burdamente el Parlamento para obtener rédito electoral, forzando las comparecencias de políticos socialistas en plena campaña electoral.
Estrategia concertada
La conducta unánime de ex altos cargos cuyas relaciones personales y políticas no son precisamente las mejores desde hace tiempo, indicaría que la maniobra ventajista de las derechas ha conseguido unirlos, al menos provisionalmente. Ello no librará, sin embargo, a algunos de ellos de tener que dar explicaciones en el futuro, pero ya lejos de cualquier horizonte electoral.
En todo caso, los medios no específicamente antisocialistas se han mostrado más bien indulgentes con la negativa de Chaves a declarar primero y a escuchar después las preguntas de los parlamentarios. Es poco probable que un plante similar de la expresidenta Susana Díaz hubiera suscitado igual comprensión.
"Gamberrismo político"
Las derechas, por su parte, se han encolerizado ante lo que consideran un boicot socialista perfectamente planeado. Mientras el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, calificaba el comportamiento del PSOE de "clarísimo ejercicio de gamberrismo político", el portavoz del grupo parlamentario, José Antonio Nieto, anunciaba que están estudiando la presentación de una proposición no de ley para “reprobar en el primer Pleno posible de la Cámara la actuación de quienes han despreciado absolutamente el funcionamiento del Parlamento".
No menos enfadada estaba la diputada de Ciudadanos y representante del partido naranja en la comisión, Teresa Pardo, que advirtió a los socialistas de que “no les saldrá gratis haber humillado y pisoteado en el Parlamento de Andalucía”.
Al igual que adelantó ayer Vox, Ciudadanos también está estudiando qué acciones legales puede emprender contra los ex altos cargos. Según el portavoz ultra, Alejandro Hernández, todos ellos deberían ser condenados por un delito de desobediencia tipificado en el artículo 502.1 del Código Penal.
