El arzobispo de Granada, Javier Martínez, sigue en sus trece. Hasta ahora ha ignorado los sucesivos requerimientos de la justicia civil y al parecer va a seguir haciéndolo. El Arzobispado ha emplazado al Juzgado de Intrucción 4 de Granada, que investiga el llamado caso Romanones sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada, a solicitar al Vaticano toda la documentación de la que dispone, remitiéndose a la "legislación canónica aplicable". Tras varias providencias, Martínez sigue sin remitir al Juzgado la copia completa de las actuaciones canónicas y de todo lo actuado en la jurisdicción eclesiástica en el caso de pederastia de ‘los romanones’, en el que están siendo investigados diez curas y dos laicos. Hasta ahora no había colaborado con el juez en lo que este le pedía, pero no había explicitado que no lo haría. DONACIONES DE LOS ROMANONES Ahora ha respondido remitiéndose a Roma. Es su contestación a la última petición que el magistrado Antonio Moreno hizo el pasado el pasado 7 de mayo, a través de una providencia en la que señalaba que el Arzobispado de Granada había omitido en la información que hasta entonces le había facilitado "las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico", y que "necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión" de los acusados, conminándole a que la entregara. En aquella resolución, el magistrado el instructor recordaba a Martínez que la documentación debía ser remitida e informada personalmente por él. También le reclamaba que certificara si el Arzobispado de Granada “o cualquier entidad o persona dependiente del mismo” había recibido “contribuciones, donaciones o aportaciones económicas” del grupo de curas o de alguno de sus miembros y una relación de las visitas pastorales y otro tipo de reuniones mantenidas por el prelado con los sacerdotes investigados desde que tomó posesión de la archidiócesis, el 1 de junio de 2003. COSA DE ROMA, NO DE GRANADA En un comunicado de respuesta, conocido este viernes, la Diócesis informa de que en un escrito firmado por el arzobispo, Francisco Javier Martínez, éste le señala que ha venido colaborando con el Juzgado para el esclarecimiento de estos hechos y ha aportado "cuanta información" se le ha solicitado desde el primer momento, e incide en que instó en su día al denunciante a poner los hechos en conocimiento de los tribunales, puesto que al ser ya mayor de edad, la denuncia sólo podía ser formulada por él. Esas consideraciones del arzobispo contrastan, desde luego, con la opinión que tiene el juez al respecto. Tras eso, dice el comunicado,"se realizó inmediata comunicación de lo conocido en ese momento a la Fiscalía, aportando copia íntegra de lo comunicado a la Iglesia y ofreciendo su colaboración". Y añade que, "de acuerdo con la legislación canónica aplicable", es la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, "la que avoca para sí y se constituye en única instancia y tribunal eclesial competente para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido, y la que, por tanto, sigue en este momento el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos". "Es ella, pues, la que posee la documentación procedente y la que podría autorizar, el traslado a una instancia civil y la eventual divulgación de aquellas informaciones hechas en el ámbito de la conciencia", afirma el arzobispo, que se ofrece, en ese sentido, a solicitar "las oportunas autorizaciones de acuerdo con la legislación civil y eclesiástica aplicable, en lo procedente". NI EN LA FORMA NI EN EL FONDO En su providencia del pasado día 7 el juez también solicitaba al prelado que informara si el grupo de curas solicitó en algún momento al Arzobispado “el reconocimiento eclesiástico de la asociación, fraternidad o hermandad sacerdotal y de fieles que de hecho han tenido constituida al menos en los últimos diez años y, en su caso, si constan en la diócesis quejas, reclamaciones o denuncias referidas al modo de proceder de los sacerdotes". La nueva providencia se producía tras el escrito de la acusación particular en el que destacaba que el arzobispo no había atendido, “ni en la forma ni en el fondo”, los requerimientos del Juzgado y solicitaba al juez que conminara al prelado a entregar los interrogatorios canónicos.