El Grupo Municipal del Partido Popular de Ronda (Málaga) paga su sede municipal, de la que es inquilino abonando 600 euros al mes, con dinero público procedente de las asignaciones económicas que el Ayuntamiento hace al grupo municipal. Así lo denuncian fuentes de la oposición rondeña a ElPlural.com, acreditando estas informaciones con diferentes documentos locales en los que se desvela la relación entre una arrendadora, cuyo nombre será velado por motivos de privacidad, y Concepción Muñoz Muñoz, en representación del PP local.
El inmueble, sito en la calle Jerez número 22 del municipio malagueño, está bajo un contrato de arrendamiento entre la particular y el grupo municipal del PP, y según apuntan fuentes locales, su factura se financia con fondos asignados por el Ayuntamiento al grupo municipal. Sin que esta práctica sea ilegal, lo que resulta es contradictorio: el propio PP acusó anteriormente a los socialistas municipales de arrendar la sede que ellos mismos tienen en propiedad, haciendo una suerte de triquiñuela para ganar dinero a través de la contabilidad. Así, el PP centra su crítica en otras formaciones políticas por hacer un presunto uso indebido de las partidas asignadas, a pesar de que ellos precisamente están pagando su alquiler con dinero del grupo municipal.
A su vez, esta sede es la misma que la que tenía antes el propio Partido Popular, "solo que han cambiado el cartel que hay en la puerta y ahora corresponde al Grupo Municipal", indican fuentes de la oposición del municipio malagueño. No obstante, desde la formación conservadora desmienten la mayor, asegurando a este medio que "el contrato de arrendamiento del inmueble siempre ha estado a nombre del Grupo Municipal Popular como arrendataria. Es mentira que la sede originariamente estuviera a nombre del Partido Popular y que luego se cambiara el contrato al Grupo Municipal".
"La actuación del Grupo Municipal Popular, completamente respetuosa con la Ley, no resulta contradictoria con la denuncia que realizó respecto de la actividad desarrollada por el PSOE y el Grupo Municipal Socialista: baste decir para ello que el PSOE de Ronda, como propietario de su sede, alquila al Grupo Municipal Socialista tal inmueble por un precio muy superior al de mercado, con lo que el dinero de la asignación municipal termina finalmente en las arcas del partido, que es lo que prohíbe expresamente la Ley", sentencian estas mismas fuentes del PP de Ronda.
Ronda, epicentro de la polémica
Cabe recordar que este caso sucede en un municipio cuya alcaldesa, María Paz Fernández Lobato, está citada judicialmente por un presunto caso de malversación y prevaricación, en calidad de investigada, junto a otros seis cargos también llamados a declarar. "Llévense a efecto las declaraciones de las personas referidas en las presentes actuaciones, instruyéndoles de sus derechos contenidos en los arts 118, 520 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", señalaba un primer auto de julio de 2023, en el que también se reclamaba la "hoja histórico-penal" de los investigados. En concreto, el primer auto hacía referencia a la empresa de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Soliarsa S.A., de la que Fernández Lobato es la presidenta del consejo de administración de la entidad municipal.
Un segundo auto del Juzgado de Instrucción le impuso recibir declaración en calidad de investigada de la alcaldesa. La defensa de Fernández Lobato, por su parte, interpuso un recurso de apelación contra el primer auto, pero únicamente fue estimado parcialmente. "Antes de entrar a conocer sobre el fondo del recurso, y aunque no se trata de una cuestión planteada en el mismo, sin embargo, por ser una cuestión de orden público que afecta a la correcta constitución de la relación jurídico-procesal de la causa, este Tribunal debe llamar la atención del Juzgado Instructor y de las partes, para que se aclare cuál es el carácter y legitimación con el que actúa el Ayuntamiento de Ronda en este proceso", expone el texto.
El PP de Málaga, acumulando escándalos: la denuncia del alcalde de Estepona
Ronda no es el único municipio malagueño bajo el ala del PP en el que han existido escándalos recientes. Viajando hasta Estepona, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 del municipio abrió diligencias por un presunto delito de acoso sexual contra el alcalde del municipio, José María García Urbano (PP), después de ser denunciado por un funcionario del Ayuntamiento en un documento al que tuvo acceso ElPlural.com y en el que se relataban presuntos abusos sexuales por parte del regidor.
"En fecha no determinada, pero en 2022, el denunciado invitó al Sr. C. G. (denunciante) y a su pareja a conocer su castillo (manifestó en más de una ocasión que había adquirido dicho inmueble por unos 5 millones de €. El llamado Castillo de Monda). Éstos, ante el temor de decirle que no a sus propuestas y que pudiera afectar a su puesto de trabajo, accedieron a la invitación. Le ordenó que entrara en una de las suites y le dijo al Sr. C. G. que le follara el culo en presencia de Dª C., a lo que el denunciante no tuvo otra salida que acceder a tal perversión. Una vez acabada la relación sexual, se marchó de la habitación. Se aportarán en el momento procesal oportuno, grabaciones donde se puede comprobar que el Sr. García Urbano mantiene relaciones sexuales explícitamente con el Sr. C. G.", recoge el documento.
"Fue de tal gravedad el hostigamiento que el Sr. García Urbano ejercía sobre el denunciante y su pareja sentimental, que llegó a decirle a Dª C., en contra de su voluntad, pero accediendo con el fin de que su pareja no perdiera su trabajo, que tenía que acompañar al Sr. García Urbano a un viaje a Alemania durante varios días (no podía negar ninguna propuesta que le realizara ya que siempre tenía presente que cuando él quisiera, D. J. podría perder su trabajo). Fue un viaje de varios días, con otra pareja acompañándolos (que se desconocen los datos personales), y un amigo del denunciado, que decía que era notario y se llamaba Pedro (notario en Ceuta o Melilla, no pudiendo determinarse concretamente) cuya secretaría decía llamarse Kalima (hay fotos, teléfono personal de ella y documentos del viaje)",. recoge también, entre otros comportamientos vejatorios y abusivos hacia ambas personas, como la obligación de visitar pisos para mantener orgías con mujeres, o que el alcalde "le llegó a hacer chupar su eyaculación del suelo".
