El alcalde de Espartinas, José María Fernández (Ciudadanos), ha dimitido de su cargo tras haber sido imputado tras la denuncia presentada a mediados de septiembre por el PP ante las presuntas "irregularidades" de los contratos formalizados con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social de la Junta de Andalucía, según han confirmado a Europa Press fuente de la formación naranja. Ciudadanos logró cuatro alcaldías en Andalucía: las de Mijas y Alcaucín, en Málaga; Cumbres de San Bartolomé (Huelva), y Espartinas, municipio este último en el que el partido de Albert Rivera lograba su "mejor resultado" con seis concejales, uno más que el PP, y que de este modo se convertía en "referente a nivel andaluz" del partido. Fernández asegura haber presentado su dimisión como primer edil para "no perjudicar" a su formación tras ser citado a declarar "como investigado" a raíz de la "denuncia falsa" presentada por el PP. A través de un comunicado, Fernández asegura que la denuncia de los 'populares' busca "conseguir judicializando la política, lo que no consiguieron en la urnas el pasado 24 de mayo". LOS JUEVES, ALCALDE El ex edil asegura que los hechos denunciados "nada tienen que ver con corrupción política, sino con una cuestión puramente administrativa que quedó subsanada siguiendo siempre las indicaciones del Secretario Municipal". "Los tiempos de la Justicia y los de la política son diferentes y buscando no perjudicar a mi partido puse mi cargo a disposición del mismo con la absoluta tranquilidad de que todo este asunto quedará en nada y de que esta causa será archivada", recalca. En septiembre pasado, hasta tres concejales del equipo de gobierno se le fugaban al alcalde, José María Fernández, en apenas una semana: dos de su partido y uno del PSOE, con quien gobierna en coalición. Fernández ya había saltado a la 'fama' semanas atrás tras conocerse que su sueldo iba a ser mayor que el que cobra la alcaldesa de Madrid. Al impedirle la oposición, mayoritaria en el Pleno, que cobrara esos casi 50.000 euros anuales, el alcalde decidió que solo acudiría al Ayuntamiento los jueves de 8 de la mañana a tres de la tarde. EL ORIGEN DEL CASO En relación al asunto por el que ahora ha dimitido, el día 26 de septiembre el alcalde descartaba que las incidencias detectadas en la selección de trabajadores para los contratos municipales con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de la Junta de Andalucía fueran fruto de un caso de corrupción. Fernández, en declaraciones a Europa Press, alegaba que se trata de "anomalías administrativas" que ya estaban siendo subsanadas por el Consistorio. La polémica saltó porque una vecina de Espartinas se había declarado "en huelga de hambre", al considerarse "injustamente discriminada" en las contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento, con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social, impulsado por la Junta de Andalucía pero canalizado mediante los consistorios. Según manifestaba esta vecina a Europa Press, en la selección de personas beneficiadas por los contratos, realizada por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, "ha podido haber alguna irregularidad", porque ella "siempre" había estado "en los cinco primeros puestos" a la hora de la clasificación de las personas más necesitadas del municipio, si bien en esta ocasión había quedado "fuera" de la selección. CANCELACIÓN PROVISIONAL Tras revisar el procedimiento de selección, el Ayuntamiento acordó "retrotraer" dicho proceso de selección "hasta el momento en el cual debería haber sido abierto un periodo de alegaciones". Dado el caso, las 18 contrataciones ya formalizadas quedaron "canceladas hasta que no se resuelvan las posibles alegaciones", toda vez que merced a tales alegaciones, "el resultado final del proceso de priorización de las solicitudes podría verse alterado". El PP, de su lado, alertaba entonces de "la gravedad de las declaraciones del concejal de Servicios Sociales, el socialista Ignacio Rubio, recogidas en una grabación y reconocidas expresamente por él en un medio de comunicación, inculpando asimismo al alcalde ". El PP, en ese sentido, atisbaba "un presunto delito de prevaricación, pues el alcalde firma 18 contratos a sabiendas de las irregularidades". EL ALCALDE SE DEFIENDE Pero el alcalde, de su lado, se defendía diciendo que el asunto "para nada" estaba relacionado con la corrupción, argumentando que se trataba de "anomalías administrativas" que ya estaban siendo subsanadas. "De un lado, donde debería haber un plazo de subsanación no lo hubo, lo que constituye un defecto de forma, y de otro, la baremación no estaba correctamente realizada porque no se ajustaba a lo que marcaba el decreto" autonómico que regula el citado programa, explicaba el alcalde. José María Fernández admitía que "las incidencias en el proceso de baremación" sí eran aspectos "más graves", pero se trataba de una labor que estaba en manos de "los técnicos" de asuntos sociales. De cualquier modo, descartaba un caso de corrupción aunque el PP estuviera "intentando vender que son contratos irregulares y hacer una bola de nieve".