El dictamen de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y aprobado ayer únicamente por el PP, Cs y Vox incluye apreciaciones más propias de una causa general que del examen pormenorizado y ecuánime de unos hechos concretos con unos culpables concretos.

La propuesta de dictamen respaldada por las derechas con el voto en contra de los diputados del PSOE y Unidas Podemos por Andalucía considera que "ha quedado patente el caos organizativo" en el que los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán "sumieron la administración de la Junta de Andalucía durante sus mandatos".

Los grupos parlamentarios tienen ahora de 15 días naturales para registrar sus votos particulares, que se debatirían, junto al documento aprobado este lunes, en el Pleno del Parlamento.

Pero la atribución de responsabilidades políticas no se circunscribe únicamente a ambos presidentes, cuyos mandatos sí coincidieron con la vigencia de la Faffe, sino que se extiende a la expresidenta Susana Díaz, pese a que la fundación había sido disuelta con anterioridad a que ella accediera al cargo.

La Faffe era, como se sabe, una institución dependiente de la Consejería de Empleo que fue creada en el año en 2003 y quedó extinguida mediante resolución publicada en el BOJA del 5 de mayo de 2011, mientras que Díaz no se incorporó al Ejecutivo autonómico hasta un año después, primero como consejera de Presidencia en el año 2012 y después como presidenta en 2013.

Durante su comparecencia ante la comisión, en diciembre del año pasado, los diputados de mayoría gubernamental no consiguieron doblegar a la expresidenta con sus preguntas. Díaz reiteró una y otra vez lo que PP, Cs y Vox se negaban a admitir: "Yo no formaba parte del Gobierno ni tuve responsabilidad pública durante los años de vigencia de la Faffe”.

El dictamen reconoce que Díaz “no participó de manera directa ni formó parte de los gobiernos socialistas que ejecutaron la gravísima irregularidad acaecida en el seno de la Faffe", pero le atribuye una responsabilidad política, si bien “de distinta naturaleza” a la de Chaves y Griñán, "porque el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración".

Los diputados conservadores también meten en el bombo de responsables políticos a los exconsejeros María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero, Antonio Ramírez de Arellano, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio, a quienes equipara con "todos los dirigentes socialistas que consiguieron para ellos mismos, o para sus familiares y amigos, una nómina en la Faffe por su condición de responsables políticos gracias a su relación con el PSOE de Andalucía y con Fernando Villén, cuya firma estaba presente en todos los contratos".

El dictamen concluye que las "irregularidades" en la Faffe "no fueron hechos puntuales", sino "consecuencias previsibles de un descontrol institucionalizado" del que serían responsables directos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, si bien el documento señala en primer lugar al ex director general de la Faffe y ex secretario general de Empleo del PSOE en Andalucía, Fernando Villén Rueda, como "principal autor de las irregularidades" en la fundación.

Igualmente, el documento apunta "a todas las personas que formaron parte del Patronato de la Faffe desde su creación hasta su extinción, todos ellos cargos políticos" y "algunos de ellos ya condenados por su gestión en otras responsabilidades de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".

En su apartado de recomendaciones, el dictamen plantea, entre otras cuestiones, "incluir de forma expresa" en la próxima reforma del Código Penal tanto "la tipificación de la obligación de declarar ante las comisiones de investigación parlamentarias" como "la obligación de colaborar en la aportación documental con las comisiones de investigación parlamentarias".

Entre las recomendaciones no se incluye, sin embargo, la conveniencia de separar del calendario electoral el calendario de comparecencias en una comisión de investigación. En el caso de la de la Faffe, sus promotores citaron a declarar a Chaves, Griñán, Díaz y Montero en plena campaña electoral de las legislativas del 10 de noviembre de 2019 y solo tres días antes de la cita con las urnas.

El ventajismo de la comisión, que su presidente el diputado de Cs Enrique Moreno no frenó, cargó de razones a los socialistas para no colaborar con sus señorías, a cuyas preguntas se negaron a contestar. La portavoz de Adelante, Inmaculada Nieto, recalcó entonces que cuando se tomó la decisión sobre el calendario de comparecencias en el seno de la comisión "ya dijimos que no nos parecía ni mínimamente razonable el orden de las comparecencias aprobadas".

Por lo demás, el dictamen recoge entre sus conclusiones, en primer lugar, que la Faffe "no debió existir nunca, porque las irregularidades que tuvieron lugar" en ella "no fueron puntuales", sino que "fue una corrupción institucionalizada". Añade, abundando en su espíritu de causa general, que, "dada la arbitrariedad de sus contrataciones, cualquier miembro de la plantilla de la Faffe puede ser considerado presunto enchufado".

Por otro lado, la propuesta de dictamen concluye también, entre otras cuestiones, que la Faffe "pagó incluso de forma sistemática facturas con conceptos falsos", y "la opaca contabilidad de la tesorería" de la fundación "en cajas fuertes, con irregulares disposiciones de dinero metálico por sus responsables, era un ejercicio sistemático de trilerismo malversador".

"La ausencia de una evaluación ordinaria efectiva de las actividades realizadas por la Faffe hizo que los principales beneficiarios no fuesen los previstos, sino los encargados de gestionar los recursos dedicados a los desempleados", apunta otra conclusión de esta propuesta de dictamen, que también sostiene que "la acción negligente y pasividad de los responsables, no sólo políticos, de la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas ha hecho que al revisar la herencia de la Faffe haya que tratar prescripciones y caducidades".

Asimismo, el documento presentado por el presidente de la comisión señala que la Faffe "se gastó durante su existencia 10.726.755,80 euros en publicidad, propaganda y relaciones públicas", una "cantidad exorbitante para tales conceptos en los que se imputaban las famosas tarjetas de la Faffe y de la que debieron de salir el pago de los prostíbulos a su director general, Fernando Villén".