La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a cargo de la investigación de los altos cargos aforados tras ser denunciados por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del cáncer de mama, emitió el pasado martes un comunicado en el que no hallaba indicios penales y archivaba las tres denuncias contra estos. No obstante, en el mismo comunicado, advertía que trasladaba a las distintas Fiscalías Provinciales las diligencias de investigación para "continuar las prácticas de pruebas en forma que menos perjudique a las víctimas".
Esto, rápidamente ha sido replicado por el partido de Moreno Bonilla como una victoria frente a la "desesperada estrategia" de la izquierda por "demonizar" la gestión sanitaria popular. Lejos de la realidad, el archivo de la Fiscalía deja claros varios asuntos, que no necesariamente dan ese 'espaldarazo' al PP, sino más bien, lo contrario.
En primer lugar, la Fiscalía, efectivamente, ha archivado la denuncia contra los altos cargos aforados del PP andaluz que presentaron la Asociación del Paciente, dieciséis mujeres con sus casos particulares, Adelante Andalucía y Por Andalucía el pasado mes de octubre. Concretamente, la Fiscalía arguyó: "Tras las diligencias preprocesales practicadas en la situación que se encuentran los hechos en el momento presente, no existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados". Estos cargos públicos no son otros que la actual consejera de Medioambiente, Catalina García (consejera de Salud entre 2022 y 2024) y el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, consejero de Salud en la primera legislatura de Moreno Bonilla.
Ahora, bien, pese a que desde el punto de vista jurídico la Fiscalía haya considerado que estas dos personas no tienen responsabilidad penal de los hechos denunciados, la Fiscalía sí ha considerado que la investigación sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama, especialmente las denuncias de dieciséis mujeres con sus casos particulares, han de continuar siendo investigadas en las distintas Fiscalías provinciales, para "proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables".
El PSOE de Andalucía, principal partido de la oposición, ha salido al paso sobre estas informaciones y el 'triunfalismo' del PP para subrayar que no se trata de un archivo de la causa sino de una "descentralización".
En relación con los cargos públicos aforados, según los socialistas el texto constata que, en el momento procesal actual, no se dan las condiciones necesarias para una atribución penal directa, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el fondo de los hechos.
Desde el PSOE se insiste en que esta apreciación es "estrictamente provisional" y no extingue la acción penal ni supone el fin de la investigación, que continúa abierta y activa a través de los procedimientos derivados.
Continuar con la investigación
Por tanto, en el decreto emitido por la Fiscalía se concluye remitir la investigación a las Fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas las dieciséis mujeres que han denunciado, para continuar la prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas y debe realizarse en el lugar más próximo a su entorno. Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.
En los hechos denunciados por las mujeres, según señala el escrito, "no existe un patrón" que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos e indica que "han de ser investigados de manera individual y separada".
El decreto también recoge que algunas denuncias exponen "manifestaciones de carácter general, sin precisión alguna" relativas a las deficiencias del protocolo del cribado de cáncer de mama y una investigación más prospectiva seria contraria al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, especialmente, sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración.
Los socialistas han interpretrado este movimiento por parte de Fiscalía como un movimiento "claro y jurídicamente relevante": "Profundizar en la averiguación de los hechos, determinar si los mismos revisten carácter delictivo y, en su caso, identificar a las personas responsables de los fallos detectados en la aplicación de los protocolos de seguimiento del cribado".
Según el PSOE-A, el decreto subraya que la derivación permite centrar la investigación en la "existencia de infracciones penales concretas", reconociendo la existencia de hechos concretos que deben ser analizados individualmente, tales como la falta de seguimiento de casos catalogados como no concluyentes o dudosos, deficiencias en la comunicación de resultados o fallos en las bases de datos sanitarias.
"Desde una perspectiva jurídica, tanto la eventual responsabilidad penal como la administrativa permanecen bajo examen", han sentenciado los socialistas.
Amama
La presidenta de Amama, Ángela Claverol, realizó una valoración sobre este decreto de Fiscalía en el día de ayer, donde no pudo expresar más que su "pena" y tristeza" por la decisión del órgano judicial. "Ahí están las pruebas", señalaba Claverol, "ha habido una negligencia", en relación a las 110 reclamaciones patrimoniales que desde la asociación se han presentado en el SAS para reclamar a la Administración que 110 mujeres (hasta 338 según ha asegurado la propia Claverol) han desarrollado cáncer por culpa de los fallos en el cribado.
"Me parece un mal archivo porque ahí están las pruebas y de alguna manera habrá que dar explicaciones, digo yo", trasladó la presidenta a EuropaPress.
