La Fiscalía de Andalucía, que estaba a cargo de la investigación de los altos cargos aforados tras ser denunciados por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del cáncer de mama, ha emitido un comunicado en el que no halla indicios penales y archiva las tres denuncias. No obstante, ha trasladado a las distintas Fiscalías Provinciales las diligencias de investigación para "continuar las prácticas de pruebas en forma que menos perjudique a las víctimas".

En un comunicado, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha señalado que archiva las denuncias que contra cinco altos cargos de la Junta de Andalucía, principalmente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia, que habían interpuesto la Asociación del Paciente, dieciséis mujeres con sus casos particulares, Adelante Andalucía y Por Andalucía el pasado mes de octubre.

"Tras las diligencias preprocesales practicadas en la situación que se encuentran los hechos en el momento presente, no existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados", ha concluido.

Sin embargo, en el mismo escrito la Fiscalía ha concluído remitir la investigación a las distintas Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas las dieciséis mujeres que han denunciado, para continuar la prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas y debe realizarse en el lugar más próximo a su entorno. Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.

En los hechos denunciados por las mujeres, según señala el escrito, "no existe un patrón" que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos e indica que "han de ser investigados de manera individual y separada".

El decreto también recoge que algunas denuncias exponen "manifestaciones de carácter general, sin precisión alguna" relativas a las deficiencias del protocolo del cribado de cáncer de mama y una investigación más prospectiva seria contraria al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, especialmente, sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración.

A este aspecto, hay que destacar que este martes Amama ya aumenta a 110 mujeres andaluzas que han elegido precisamente esta vía, la de las reclamaciones patrimoniales para reclamar a la Administración responsabilidad por haber desarrollado cáncer tras los fallos en el cribado. De estas 110 denuncias, tal y como adelantó en un primer momento ElPlural.com, una de ellas se correspondería a una mujer fallecida.

Respecto a la investigación realizada por Fiscalía, en las diligencias de investigación preprocesales, que realiza este órgano sobre las tres denuncias presentadas y de las declaraciones en sus escritos de las dieciséis mujeres afectadas más el informe y documentación que aporta la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias, el decreto señala que los hechos se refieren a errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no "concluyentes o "dudosos", falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las victimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.

Por ello, Fiscalía ha decidido archivar las denuncias contra los altos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encontraban, por ejemplo, la exconsejera, Rocío Hernández, la consejera Catalina García (ahora de Medioambiente, entre 2022 y 2024 de Salud), o la actual gerente del SAS, Valle García. Ahora, las Fiscalías Provinciales continuarán con la investigación, centrándose particularmente en los casos de las mujeres denunciantes.