Por fin se pusieron de acuerdo PP y Ciudadanos sobre quién debía presidir la comisión del Parlamento andaluz que investigará la gestión de ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuyos directivos llegaron a manejar hasta ocho tarjetas de crédito con las que se gastaron 31.969 euros, entre los años 2004 y 2009, en una docena de juergas en prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba, según la investigación de la Guardia Civil recogida en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO).

Tirando de tarjeta

De esas ocho tarjetas, según la Guardia Civil, seis estaban en poder del que fuera director de la Faffe, Fernando Villén, y otras dos en manos de su hermano, Manuel Villén. Además de los casi 32.000 euros en prostíbulos, otros 19.000 euros habrían sido gastos en peajes, alrededor de 22.000 en restaurantes, 1.800 en hoteles y otros 4.300 en gastos sin justificar.

Todos estos datos los desveló en la antesala de la campaña electoral de las autonómicas del 2-D el presidente del PP, partido con acceso al sumario al estar personado en la causa que investiga la justicia. Juanma Moreno dio la rueda de prensa a las puertas del local Don Angelo, el prostíbulo de Sevilla escenario de las andanzas de Villén y otras personas de la fundación o de la Consejería de Empleo no identificadas.

Tras la comparecencia del líder del PP ante el club Don Angelo, el número dos socialista, Juan Cornejo, dijo que el uso de las tarjetas producía "rechazo, indignación, repugnancia y vergüenza" en el Gobierno andaluz y en el partido. También recalcó que el uso de estas tarjetas "no es de ahora, ni de esta legislatura, sino de hace ocho o diez años, pero el PP intenta responsabilizar a este Gobierno o a la presidenta y relacionarlos con el caso".

Segundo intento

El jiennense Enrique Moreno es el parlamentario de Ciudadanos que, con los votos de su grupo y del PP, presidirá la comisión, que ha arrancado este lunes en la Cámara autonómica. El PSOE se ha abstenido y Adelante Andalucía y Vox han votado cada uno a su propio candidato.

Una comisión similar ya se constituyó en 2018, pero no llegó a entrar en funcionamiento por la convocatoria anticipada de las elecciones. Los parlamentarios intentarán esclarecer la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión o las subvenciones concedidas a la Faffe, aunque es muy probable que los comparecientes capaces de aportar la información más valiosa renuncien a declarar para no perjudicar su defensa judicial.

Políticos ¿y prostitutas?

En la versión de la comisión creada en 2018 el PP ya anunció que llamaría a declarar a los expresidentes Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Podemos llegó a plantear que acudieran a prestar testimonio en la Cámara prostitutas que prestaban sus servicios en Don Angelo.

En la causa judicial hay una veintena de investigados, varios de ellos con responsabilidades institucionales u orgánicas en su día en el PSOE. Además del uso irregular de tarjetas en prostíbulos, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que existen claros indicios de que la entidad formalizó contratos irregulares por valor de al menos 9,4 millones de euros.