Entre los 23 imputados están el exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres o los exaltos cargos de la Faffe Fernando José Villén y Joaquín Morales. La juez María Núñez Bolaños ha decidido citarlos a todos ellos a declarar en calidad de investigados –antes imputados– por su presunta participación en la gestión de los fondos públicos que Faffe recibía para formación de trabajadores, pues según la Fiscalía Anticorrupción esta fundación pública, ya desaparecida, formalizó contratos irregulares por un montante total de 9.465.332 euros.
Así se definía Faffe en su web: “La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo es una entidad pública de la Consejería de Empleo cuyo objetivo es propiciar el crecimiento sostenible de la economía andaluza y la mejora de la empleabilidad y cualificación del capital humano, apostando por la formación como garantía de futuro y modernización de Andalucía”.
Entre otras diligencias, la juez reclama a la Dirección General de Formación para el Empleo que le facilite "las cuentas de las empresas beneficiarias de los contratos celebrados" por la Faffe, así como sus correos electrónicos.
Quiebra jurídica
A partir de las investigaciones de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción considera verosímil que la fundación “habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional".
Todo ello supondría “una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares". Tales hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
