El 'ciudadano anónimo' que escribió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticando su gestión mientras alababa la de Moreno Bonilla tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de hasta 46 personas, ha facturado con la Junta de Andalucía un total de 6,9 millones de euros a través de contratos del Servicio Andaluz de Salud con su empresa, TextilSur Médica SL.
Fidel Saénz de la Torre publicó en sus redes sociales el pasado 28 de enero una carta al presidente del Gobierno que se volvió viral. No solo en las redes sociales sino que fue entrevistado, incluso, en programas de televisión, como el de Y ahora, Sonsoles, donde criticó profundamente la gestión del presidente del Gobierno en la tragedia de Adamuz. Mientras tanto, la visión que De la Torre tenía de la gestión de los dirigentes del PP andaluz era totalmente contraria, colmada de elogios y agradecimientos por su papel durante la tragedia:
"Desde el minuto uno ha habido personas que se han responsabilizado en la medida de lo posible de la tragedia, pero desde el Gobierno central no hemos sentido eso. No se han preocupado, no nos han dado el pésame, no hemos recibido una llamada. A mí me han llamado Juanma Moreno, Pilar Miranda, la Diputación de Huelva o el alcalde de Córdoba, a los que les estaré eternamente agradecidos, porque desde el minuto cero han estado a nuestro lado y han derramado lágrimas sinceras con nosotros", expresaba en una conexión con el programa de Sonsoles Ónega.
Sin embargo, y tal y como destapó ElPlural.com, el ciudadano tenía poco de "anónimo" para el gobierno de Moreno Bonilla. Concretamente, de la Torre es el administrador único de TextilSur Médica SL, una empresa que se fundó en plena pandemia, el 4 de junio de 2020. Desde ese momento, su empresa ha recibido casi siete millones de euros de la Junta de Andalucía, a través de contratos con el SAS, donde, principalmente, se encargaba de suministrar batas, monos, empapaderas o mascarillas.
En primer lugar, a través de la contratación de emergencia, TextilSur ha recibido 2.196.872,75 millones de euros. Hay que recordar que este tipo de contratación ha generado en el Gobierno andaluz una honda sombra de duda. La contratación de emergencia fue una fórmula que el Gobierno de España facilitó a las comunidades autónomas para que los Gobiernos autonómicos pudieran saltarse los controles preceptivos y contratar con una supervisión del gasto posterior. La Junta de Andalucía estuvo prorrogando este tipo de contrataciones durante tres años, pese que el Gobierno central lo derogó en 2021 y pese a que la propia Intervención General de la Junta de Andalucía advirtió de múltiples irregularidades en los contratos.
En total, la empresa del 'ciudadano anónimo' formó parte de cinco lotes en los que el SAS adjudicó a diferentes empresas hasta cinco contratos de emergencias, para solventar distintas necesidades, principalmente, en este caso, la de suministros.
Troceo de contratos menores
Sin embargo, lo más llamativo, si cabe, es la ingente cantidad de contratos menores que el SAS ha firmado con TextilSur. Desde el 2 de agosto de 2020, apenas unos meses después de que se constituyera la empresa hasta finales de 2025, la empresa ha facturado 4.899.535,29 millones de euros al SAS en contratación menor, nunca superando los 15.000 euros por cada uno de ellos.
En total, según ha podido comprobar ElPlural.com a través del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, son hasta 455 los contratos menores que se han adjudicado desde el SAS a la empresa de este "ciudadano anónimo". La mayoría de estos contratos son para suministros: guantes, monos, batas, empapaderas, etc. Además, nunca superan el umbral de los 15.000 euros porque es el límite legal permitido para la adjudicación directa.
Es especialmente llamativo porque esta fórmula de contratación, el troceo masivo de contratos por parte del SAS, también está siendo investigado en Cádiz y Córdoba. En primer lugar, un juzgado de Cádiz está realizando un “análisis global e integral” de la contratación menor presuntamente fraccionada de manera irregular en la provincia. La causa se centra en un supuesto delito de malversación relacionado con la concesión de 235 millones de euros mediante cientos de contratos menores troceados durante 2021, y que se inició por una denuncia de Podemos Andalucía.
Por otro lado, en la provincia de Córdoba el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba abrió una investigación el 11 de enero por apreciar posibles delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude contra la Administración en más de 150 contratos públicos adjudicados durante la pandemia por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba. Esta plataforma, en aquellos años (2020-2021) dirigida por la actual gerente del SAS, Valle García, era el órgano encargado de gestionar las compras y suministros sanitarios de la provincia.
El juez centrará su investigación en Córdoba en una doble vía: investigar tanto los contratos menores que la Plataforma cerró con distintas empresas privadas así como la contratación de emergencia. Una situación, no obstante, que el juez de Sevilla no ha tenido en consideración calificarla como delito en Sevilla, pese a que destacó "irregularidades administrativas".
