Poco serias, tendenciosas, obsoletas, incompletas, ideologizadas, anacrónicas… Los sindicatos UGT y CCOO se han mostrado extremadamente críticos con el informe de conclusiones de las 52 auditorías encargadas por el Gobierno andaluz a empresas privadas para chequear la Administración instrumental de la Junta.

Las secretarias generales de ambas centrales en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, hacían públicos ayer sus veredictos con motivo de sendos encuentros que mantuvieron con el nuevo líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, que visitó las dos sedes sindicales.

Aunque, por lo adelantado por el vicepresidente Juan Marín, las auditorías no han revelado duplicidades, disfunciones o solapamientos que no hayan sido identificados desde hace tiempo por los expertos en otras comunidades autónomas, para Castilla y López el encargo mismo de la Junta –por un importe de 2,2 millones de euros– esconde una intencionalidad claramente política: cuestionar el trabajo de los empleados públicos y preparar el terreno para futuras privatizaciones.

Privatizar beneficios

Para la líder de UGT-Andalucía las auditorías “tienen un claro componente ideológico, cuando proponen privatizar las empresas públicas VEIASA, la de las ITV, y CETURSA, que gestiona la estación de Sierra Nevada, que son las dos entidades que más ingresos reportan a la Junta, unos beneficios pueden redundar en la mejora de los servicios públicos sanitarios; pues no, en lugar de eso, se vende”.

Entiende Castilla que “cuando se privatiza un ente público que da beneficios, lo que ocurre es que se da un servicio público de peor calidad, sus trabajadores pierden derechos y termina suponiendo un coste para la administración y para los ciudadanos.”

La dirigente ugetista también llamaba la atención sobre el hecho de que el propio informe admite que sus conclusiones son “opiniones, indicaciones y recomendaciones y, por tanto, deben someterse al análisis exhaustivo de factibilidad y de oportunidad por parte de las Consejerías de adscripción de los entes analizados”, lo que, para UGT-A deja claro, que cualquier efecto que tenga esta auditoría “será decisión y responsabilidad única del Gobierno andaluz”.

Jugar con el pan de los trabajadores

No menos severa se mostraba Nuria López, que acusó al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de “cuestionar el trabajo que realizan los empleados y empleadas públicos de la Administración instrumental con el objetivo de intentar acabar con los servicios públicos recurriendo a auditorías externas que hacen de forma tendenciosa para conseguir que el resultado sea el perseguido por la Junta”.

Se trata, en opinión de CCOO-Andalucía, “de auditorías que se están realizando a la Administración instrumental a través de empresas privadas, al margen de lo público y sin contar con los trabajadores y trabajadoras, con el único fin de poner en cuestión el trabajo que realizan estas personas, muchas de las cuales se juegan la vida en sus empleos o salvan las de los demás”.

López Marín recordó que las auditorías ya se realizaron en su día “pero como no gustó la respuesta, el Gobierno andaluz ha llevado a cabo otra con dinero público a través de empresas privadas, de forma tendenciosa para condicionar un resultado que interesa políticamente para generar esta polémica. Exigimos rigurosidad, seriedad y que se deje de jugar con el pan de estos trabajadores y trabajadoras, que sustentan parte de los servicios públicos en Andalucía”.

Muchos convenios no es igual a caos

Castilla calificó el informe de las auditorías avanzado por Marín de "poco serio, obsoleto e incompleto" después de una primera lectura rápida, pero advertía al Gobierno autonómico de PP y Cs que será “analizado en profundidad por el sindicato”.

La dirigente de UGT Andalucía identificaba, entre otras, las siguientes incongruencias y defectos del informe: “Es incompleto porque se han analizado 54 de los 92 entes públicos de la Junta, por lo que quedan 38 sin revisar. Está obsoleto porque muchas de las conclusiones que se plantean, ya están siendo revisadas por la Junta, como la supuesta duplicidad de funciones de la Fundación Audiovisual de Andalucía con Canal Sur, cuando dicha fundación está en proceso de liquidación desde principios de año; o el solapamiento de tareas de los trabajadores de las agencias IDEA, Extenda y Andalucía Emprende, cuando hace meses que el consejero de Economía, ya anunció, y ha presentado a los agentes sociales, un proyecto de fusión de dichas entidades en la Agencia TRADE”.

Para UGT, otra conclusión infundada es que existe un “caos administrativo” porque existen 66 convenios colectivos diferentes. Argumenta la secretaria General de UGT-A que “lo primero que hay que tener en cuenta es que los convenios colectivos no suponen ningún caos, precisamente lo contrario, son normas legales que regulan las relacionales laborales entre la empresa o entidad, y sus empleados. Si lo que se dice es que podrían reducirse, deben saber que nuestra Federación de Servicios Públicos lleva años  trabajando y haciendo propuestas para que se homogenicen los derechos de los trabajadores públicos de estos entes”.   

Por lo demás, el informe –recuerda UGT– “habla de duplicidad de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), pero nada más lejos de la realidad, dado que la Escuela de Salud Pública forma a personal no solo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sino también del Sistema Nacional de Salud, es referencia fuera de España formando a profesionales de forma muy especializada, mientras que la formación que da el IAAP está muy alejada de la especialización den el ámbito sanitario y de salud pública que tiene la Escuela”. 

¿Para qué sirve la Cámara de Cuentas?

De parecida opinión es la diputada andaluza no adscrita Ana Villaverde, que reprochó al Gobierno de la Junta que "finalmente vaya a cumplir su amenaza de extinguir la Escuela Andaluza de Salud Pública, a pesar de haberse comprometido en el pasado mes de febrero a asegurar su continuidad".

Para Villaverde es un "auténtico despilfarro el dinero gastado" por la Junta en estas auditorías: "Un total de casi 2,3 millones de euros que han ido a parar a manos de empresas privadas que son las que se han encargado de hacerlas", y ello a pesar de que "ya existe un organismo público, la Cámara de Cuentas, cuya función es precisamente auditar el sector público".

El propio líder socialista Juan Espadas, tras su encuentro con los sindicatos, se pronunció en el mismo sentido: las “mal llamadas auditorías son informes políticos que no reúnen los requisitos mínimos de objetividad" para abordar una situación que ya analizó la Intervención General y la Cámara de Cuentas.

El Gobierno andaluz busca, según Espadas, argumentos para producir "esas ventas de activos al sector privado, con las ganancias correspondientes de aquellas empresas privadas que apuesten por gestionar este tipo de iniciativas públicas".

Vox presume de auditorías

La extrema derecha, obviamente, no piensa lo mismo. Su portavoz Manuel Gavira presumió de que estas auditorías fueron "una exigencia de Vox para firmar el primer acuerdo presupuestario con el Gobierno andaluz porque necesitábamos saber la situación real de la administración andaluza y de sus entes instrumentales, y ahora se demuestra que los socialistas la habían sobredimensionado tras 37 años de Gobierno, unos entes instrumentales que estamos pagando todos los andaluces con nuestros impuestos".

Mientras, el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, anunciaba la creación del grupo de trabajo sobre las auditorías: "No se trata de revisar el pasado, no es una comisión de investigación a lo que hicieron los anteriores gobiernos, sino que se trata de analizar, debatir y hacer propuestas para que tengamos una administración eficiente y al servicio del desarrollo de Andalucía".

Nieto dijo que “no tiene sentido criminalizarlo todo", pero la reflexión del líder de Cs y vicepresidente Juan Marín no parece ir en esa dirección: las auditorías, dijo ayer, marcan un "punto final al entramado urdido en 37 años de gobiernos socialistas; Cs tenía razón en sus sospechas de que en dichas entidades había duplicidades y gastos innecesarios".

El partido naranja no tuvo, en cambio, sospecha alguna sobre el funcionamiento del entramado instrumental de comunidades como Madrid, Murcia o Castilla y León, donde ha gobernado o gobierna pero jamás puso como condición para hacerlo chequear exhaustivamente unas administraciones que arrastraban –sobre todo Madrid– un apretado historial de investigaciones y condenas judiciales por corrupción de cargos públicos que precisamente habían utilizado entes de la administración paralela autonómica para enriquecerse o desviar fondos públicos a su partido.