“Después que con bramidos espantosos / infundieron pavor a los mortales, / estos montes, que al mundo estremecieron, / un ratoncillo fue lo que parieron”. Las conclusiones del informe de las auditorías privadas al sector público andaluz, presentado ayer por el vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín, guardan bastantes similitudes con aquel parto de los montes que describían con humor los versos de Samaniego.
El tropel de chiringuitos creados por el Partido Socialista que auguraban al unísono el PP, Ciudadanos y Vox no parece tener confirmación en el informe de 6.000 folios de las 54 auditorías del sector público, que más allá de los detalles aún por conocer, arroja conclusiones no muy distintas a las aparecidas en otros chequeos sobre el funcionamiento de las administraciones autonómicas.
Los datos del sector instrumental
Si se exceptúa el caso más bien excepcional de la Fundación Andaluza Fondo Formación para el Empleo, disuelta en 2011, cuya sonrojante gestión investiga la justicia, lo que parecen haber encontrado los auditores privados –el coste de su trabajo se eleva a 2,2 millones de euros– es “una superestructura desproporcionada” que incluye “entes innecesarios” que ocasionan “duplicidades y gastos innecesarios” que es preciso “racionalizar, revisar o suprimir”.
Aun así, las auditorías “reconocen la utilidad de algunos de los entes existentes que podrían mantenerse con cambios leves en su gestión o en su forma jurídica y otras que recomienda extinguir, fusionar o integrar”.
Según el resumen que hizo ayer Marín en su comparecencia, el sector público instrumental andaluz consta de 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles.
El personal laboral propio de estas 92 entidades ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores: 8.023 profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general. Dos años y medio después, según el cuadro de Evolución del personal laboral del Sector Público Instrumental de la Junta, ese personal asciende a 28.981 personas, un incremento debido a las contrataciones excepcionales de personal sanitario a raíz de la pandemia.
Fundaciones, sociedades, consorcios…
La radiografía andaluza no desvela defectos estructurales muy distintos a los detectados en otras comunidades en informes independientes o elaborados por la oposición, si bien con la diferencia, políticamente significativa, de que, cuando pactó con el PP para gobernar en Madrid, Murcia o Castilla y León, Ciudadanos no exigió la realización de auditorías independientes que chequearan dichas administraciones.
De nuevo, y como tantas veces sucede en política, el partido naranja estaba menos interesado en el alcance del pecado que en la filiación del pecador. Baste, en cualquier caso, recordar por ejemplo los datos aportados en marzo pasado por el PSC: la Generalitat de Catalunya tiene 359 entes públicos (102 más que Andalucía) o 203 más que el País Vasco.
Igualmente, basta examinar someramente la relación de entes que configuran la denominada administración paralela en la Comunidad de Madrid para concluir que la abultada maraña jurídica y orgánica –171 entes– no es un hecho específicamente andaluz: Madrid tiene organismos autónomos administrativos, organismos autónomos mercantiles, sociedades mercantiles, empresas públicas con forma de entidad de derecho público, órganos de gestión sin personalidad jurídica, entes públicos con presupuesto limitativo, consorcios y fundaciones.
Tal como han recordado en más de una ocasión expertos como Ana María Ruiz Martínez, funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de Administración de la Seguridad Social y presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), “el uso heterogéneo por las comunidades autónomas de diferentes formas de organización de los servicios públicos (gestión directa, organismos autónomos, fundaciones, entes públicos, sociedades mercantiles) es coherente con la autonomía organizativa de cada comunidad autónoma”, aunque “con frecuencia puede dificultar la comunicación interadministrativa”.
Muchos convenios pero ningún ‘Abascal’
Entre las deficiencias, duplicidades y solapamientos denunciados ayer por Marín remitiéndose al informe de los auditores, que se publicara en pocos días en el Portal de Transparencia de la Junta, cabe señalar la gestión ineficaz o deficiente de determinados entes; problemas de competencias del personal de estos entes instrumentales, que se rigen por 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales; o disparidades salariales tan llamativas como que administrativos que cobran unos 16.000 euros por la misma función que otros por 48.000, según estén en una agencia, una fundación o la Administración de la Junta.
Aunque las auditorías constatan la existencia de duplicidades que la Junta promete racionalizar, revisar o suprimir, tarea para la cual se da un plazo de tres años, no parece que hayan detectado ‘chiringuitos’ no conocidos hasta ahora del tipo de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social en la que estuvo destinado, cuando militaba en el PP, el hoy líder de Vox Santiago Abascal, con un salario de más de 82.000 euros .
Muchos de los ‘vicios’ detectados en la denominada Administración paralela andaluza son similares a los que han detectado estudios realizados por instituciones públicas o fundaciones privadas, como el publicado recientemente por la Fundación Hay Derecho.
El informe de Hay Derecho sobre la Comunidad de Madrid, publicado en abril pasado, constataba que, además del organismo autónomo Madrid 112, cuya función es la atención a las llamadas de Urgencia al 1-1-2, Madrid cuenta también con “una entidad superior encargada de cumplir funciones similares al organismo Madrid 112, la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, cuyo director cobra 93.855 euros al año”.
También Cataluña cuenta con sus propios chiringuitos, como la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, encargada del seguimiento de "las posibles vulneraciones de los derechos civiles y políticos y dar apoyo a las personas y colectivos que hayan podido ser víctimas" o el Comisionado de la Presidencia para el Despliegue del Autogobierno, encargado de fiscalizar los efectos de la aplicación del artículo 155 y "dar apoyo a los departamentos de la Generalitat y a las entidades adscritas en el impulso al despliegue del autogobierno".
El caso del SAE
Marín recalcó el caso del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como ejemplo de gestión "ineficaz", ya que el 70,4% de los demandantes de empleo no recibió ofertas de trabajo a través del SAE, que solo se gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía, o que realizó únicamente doce ofertas por cada 100.000 habitantes.
No obstante, las deficiencias de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) de las autonomías son un clásico en los estudios especializados. Un informe de 2019 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) revelaba serias lagunas en materia de eficiencia, control y fiscalización de los más de 6.000 millones de euros destinados a las denominadas Políticas Activas de Empleo, que agrupan las competencias en empleo y formación.
Aun así, la Airef mencionaba que el rendimiento de los SEPE era inferior en las comunidades con más paro, como es el caso de Andalucía. No obstante, expertos independientes como el profesor de la Universidad Jaume I Vicente Castelló incluyen entre las causas de ese peor funcionamiento la escasez de plantilla para gestionar tan elevadas tasas de paro, lo que obliga al personal de los SEPE a “dedicar gran parte de su tiempo y esfuerzo a la gestión de las prestaciones económicas por desempleo, en detrimento de la intermediación y orientación laboral y del servicio a las empresas”.
